Los números de la coparticipación ajustan el cinturón a los intendentes bonaerenses, que sufren el impacto de la caída de más del 20% en los envíos provinciales y, a sabiendas que no pueden pedirle muchos más recursos a Kicillof, empiezan a mirar con otros ojos a las banquinas. No para arreglarlas sino para sembrarlas.
Recientemente, en la legislatura provincial dos diputados del peronismo presentaron proyectos de ley que buscan introducir importantes modificaciones a la normativa vigente y, en resumidas cuentas, permitir que en el área hasta ahora vedada pueda llevarse a cabo la producción agrícola.
Lo importante consta también en la letra chica de las propuestas, que introduce cambios respecto al destino de esa recaudación y buscan una mayor discrecionalidad en favor de los municipios.
La Ley 10.342, es la que, desde 1985, rige el uso de las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense pero excluye desde el “vamos” el uso de las banquinas. Aunque generalmente se conozca con el mismo nombre a toda la zona, en realidad la banquina es la franja de rodamiento de emergencia que está inmediatamente luego de la calzada, mientras que la “franja lindera” es el terreno fiscal que separa el camino de las propiedades privadas.
La diputada del Frente Renovador Ayelén Rasquetti presentó un proyecto para trastocar uno de los aspectos más sustanciales de esa normativa, pues propone incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos y, de ese modo, permitir que se siembren cereales, oleaginosas, forrajes, granos varios o pasturas también en ese área.
La ley vigente establece que las banquinas de rutas y caminos rurales son espacios reservados para la seguridad vial y por eso limita allí la siembra y otras actividades productivas. Sin embargo, Rasquetti señaló que “la ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida”, y que no aprovecharlas “genera una doble problemática”.
Por un lado, sostuvo, “el desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad”.
Pero además -y he allí el aspecto que más importa a los intendentes- “la pérdida de chance fiscal, ya que se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación”, remarcó la legisladora.
En ese sentido, la ley 10.342 dispone que los permisos de uso para las franjas adyacentes a las rutas se entregan por un año a través de llamados a concurso o licitación. Y que todo lo recaudado por esas adjudicaciones irá a una cuenta especial del municipio y se destinará obligatoriamente al Consejo Escolar (60%), los Bomberos Voluntarios (20%) y la red de caminos rurales (20%).
Por su parte, Rasquetti destacó que los recursos obtenidos a partir de la explotación de las banquinas deberán “financiar obras de infraestructura comunitaria, el mantenimiento de sus propias redes viales internas y la inversión en políticas de seguridad ciudadana local, cerrando así un círculo de beneficio directo para toda la sociedad”.
En cuanto a las preocupaciones por la seguridad vial, la diputada massista afirmó que es una “prioridad absoluta”, y que, por ello, deberá regir una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense y otros organismos competentes para poder explotar esos terrenos.
“Se garantizará mediante dictámenes técnicos precisos qué sectores específicos son aptos para el otorgamiento de permisos, resguardando rigurosamente las zonas de escape, las distancias de frenado y la visibilidad de los conductores en las rutas provinciales”, fundamentó.
La discusión, por su parte, ya había sido puesta sobre la mesa semanas atrás por el ex intendente de Daireaux y ahora diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo, quien ingresó a la legislatura provincial un proyecto similar. En su caso, dispone directamente la derogación de la ley 10.342 -que Rasquetti busca modificar- y su reemplazo por una propuesta propia.
Cabe destacar que Acerbo acaba de dejar su cargo como mandatario de la localidad bonaerense tras imponerse en las urnas en 2025. Pero no tuvo una salida decorosa, pues lo hizo en un contexto de cuestionamientos y observaciones por irregularidades administrativas.
Ahora, su proyecto presentado el pasado mes de mayo busca, justamente, crear un nuevo régimen que otorgue mayor autonomía a los municipios en la administración de los permisos y de los fondos obtenidos por el uso de las banquinas.
Acerbo argumenta que la ley actual fue concebida hace más de 40 años, cuando la provincia asumía el control total de las franjas adyacentes de las rutas. “La experiencia demuestra que los municipios se encuentran en mejores condiciones operativas para gestionar dichos espacios”, aseguró.
En reemplazo de la ley 10.342, su propuesta dispone que los municipios podrán otorgar permisos por hasta 3 años -el triple de tiempo respecto al plazo actual-, y que los fondos recaudados puedan ser utilizados tal como lo disponga cada comuna.
De ese modo, ya no regirían los porcentajes fijados por la ley actual, sino que esas partidas formarán parte de una cuenta municipal para luego decidir su destino. Una parte significativa, sin embargo, irá necesariamente para el mantenimiento de la red vial.
“Deberán destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza y al menos un tercio del total de los recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas”, consta en su proyecto.
Una diputada kirchnerista propone sembrar las franjas adyacentes a las rutas para combatir el hambre
Aunque busca otorgar mayor autonomía a los municipios, el ex intendente aclara que su propuesta “no implica la transferencia irrestricta de competencias, sino un esquema de gestión coordinada”.
Del mismo modo que lo señalado por Rasquetti, en este caso también la provincia se reservará el derecho de “convalidar, denegar o revocar los permisos cuando existan razones de seguridad vial o interés público”.
