Hace un par de semanas, cuando Julián Domínguez prometió una apertura casi total del comercio exterior de carne vacuna (del que todavía falta conocer la letra chica), muchos creyeron que finalmente había hecho valer sus jinetas como ministro de Agricultura para disciplinar a un secretario de Comercio, Roberto Feletti, que venía exigiendo en Página/12 y otros medios kirchneristas un “desacople” mayor de los precios de ciertos alimentos básicos y amenazaba con crear un fideicomiso y hasta con subir las retenciones.
Agrandados estaban los tribuneros de Domínguez. Pero la alegría les duró muy poco.
Ya se sabe de qué lado juega Feletti dentro de la interna oficialista: Fue la vicepresidenta Cristina Kirchner quien lo colocó como nuevo custodio de los precios en reemplazo de Paula Español y desafiando al ministro a cargo del área, el albertista Matías Kulfas. Frente a un embravecido Domínguez, que prometía el oro y el moro a las entidades agropecuarias con tal de que no se rompiera el frágil marco de diálogo construido, el contador solo debía esperar y guardar silencio por unos días. Pocos días.
Luego se conoció la inflación según el INDEC y allí no solo se destacó una fuerte suba de los precios de la carne vacuna sino también la presión inflacionaria clave sobre otras cadenas productivas importantes: la de los panificados y la carne de pollo. Cristina entonces criticó a los “oligopolios” que según ella especulan con el precio de la carne. Y fue así que llamó a Domínguez y lo amenazó con que volverían a cerrarse las exportaciones de carne y a subir las retenciones si los precios internos continuaban su escalada. Según varias fuentes, fue luego de esa comunicación que el subsecretario de Ganadería, Cacho Romero, llamó a los consignatarios de Liniers para transmitirles -en buenos términos- el mensaje de la vicepresidenta.
Cristina, se sabe, jamás se hará cargo de culpas propias de la política económica (como la brecha cambiaria, por ejemplo) a la hora de explicar por qué se genera la inflación. Más bien, siempre busca la viga en el ojo ajeno. En el caso del pollo y los panificados, de nuevo recostó toda la responsabilidad de los aumentos en los altos precios internacionales del trigo y el maíz, dos de los insumos que intervienen en la cadena pero que lejos están de ser la única variable que entra en juego.
Se sabe, ha sido muy estudiado: el costo del trigo incide en apenas el 10% del precio final de un kilo de pan. Se sabe, en el caso de un pollo entero eviscerado, el consumo de maíz para lograrlo explica solamente el 20% de los costos.
Se sabe, pero a Cristina no le interesa. Y por eso ordenó a Feletti reactivar sus ideas respecto de un fideicomiso o fondo compensador -semejante al del aceite de girasol- que pueda ponerse en marcha para abaratarle el costo del trigo y el maíz a los molinos harineros y a las empresas avícolas, y por que no también a los fabricantes de fideos secos. Allí nace la idea de rearmar un sistema de compensaciones como el que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, hasta su eclosión en medio de fuertes sospechas de corrupción. La idea de Feletti es que ese mecanismo ayude a “desacoplar” del valor externo de esos granos los precios locales de la harina triple 0 (que representa 15 a 20% de la producción) y de los pollos enteros, además de los paquetes de fideos de 500 gramos.
Por eso, de golpe y porrazo, el secretario de Comercio recuperó los bríos que parecía haber perdido y se lanzó a la carga. Pero como lo cortés no quita lo valiente, avisó primero al ministro Domínguez cuál sería el próximo objetivo de la política de control de precios. Así -a los apurones- nació el pomposo “Fondo Anticíclico Agropecuario”, una suerte de fideicomiso que actuaría balanceando los ingresos de avícolas, molinos y fideeros por lo que queda de gobierno, entre 2022 y 2023.
Domínguez, obediente y consciente de que detrás de esa decisión estaba Cristina, puso manos a la obra y ordenó a sus técnicos generar el documento publicado el domingo por Bichos de Campo. En ese borrador se dice con claridad que los sectores beneficiados por las compensaciones recibirían unos 14 mil millones de pesos el año entrante para ser compensados por las subas del trigo y el maíz en los mercados internacionales. También se calculó que para evitarle disgustos a Feletti, lo que habría que subsidiar es el valor de 3.130.000 toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de maíz.
Tanto fuentes de la industria avícola como de la industria molinera confirmaron a Bichos de Campo que forman parte de las negociaciones para dar forma a este mecanismo compensador, que Domínguez planificó crear por Resolución conjunta entre su Ministerio y la cartera de Kulfas (de donde depende Feletti. En el borrador de proyecto originado en Agricultura queda claro de dónde saldría el dinero: “Todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estará obligado a ser parte del aporte al fondo”, define.
Esto implicaría, lisa y llanamente, que las empresas agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC, y que son las que aportan el 40% de las divisas que ingresan a la Argentina, deberán hacer aportes compulsivos al fideicomiso por cada barco de trigo o maíz que salga del país. Y esto implicaría a su vez la posibilidad de que ese dinero -como sucede con las retenciones- sea descontado de inmediato del precio pagado a los productores de ambos cereales. Tormenta en puerto. Se irá al diablo la frágil tregua que supo anudar hasta aquí el ministro Domínguez con las entidades rurales.
De hecho, fuentes de la Mesa de Enlace avisaron que ya preparan una primera asamblea de productores en territorio santafesino para el 8 de enero.
“El fideicomiso sería de FAIM (molinos), CEPA (avícolas) y UIFRA (fideeros). Nosotros no hemos sido notificados ni invitados, y además no vemos la necesidad de hacerlo por la baja incidencia que tienen el trigo y el maíz en esos alimentos. El gobierno debe buscar otros mecanismos. Hace rato que venimos diciendo que lo mejor es una tarjeta alimentaria y subsidiar la demanda sin distorsionar la oferta”, declararon a este medio fuentes de la poderosa industria agroexportadora. En resumidas cuentas, los que pondrían la plata no han sido todavía convocados a las negociaciones.
En cambio, como ya se dijo, molinos y avícolas son parte de la propuesta elaborada en Agricultura para tratar de sofrenar los impulsos desacopladores de Feletti y Cristina. “Lo que el ministro (p0or Domínguez) nos pide es armar un modelo parecido al fideicomiso aceitero para mantener estable el precio de la harina de 1 kilo y el de panadería (las bolsas de 25 kilos). Y que lo debemos armar urgente. De esa manera aseguran no tocar nada en el mediano y corto plazo de nuestras condiciones comerciales”, definió a Bichos de Campo una fuente de los molinos.
Se trata de un eufemismo para decir que no les gusta el sistema, pero que de todos modos deben extremar la creatividad porque de lo contrario el gobierno podría decidirse por una suba de las retenciones. De nuevo la coacción, de nuevo Cristina.
Siempre más comedido y educado, el histórico referente de los productores de carne de pollo, Roberto Domenech, contestó ante la consulta que “hemos sido convocados para participar en el grupo y aceptamos analizar la propuesta del fideicomiso, que sería en la misma línea del existente para el aceite. Falta una propuesta de Feletti como contrapartida. Todo está por verse”.
Domínguez, con su estrategia dialoguista nuevamente contra las cuerdas, concurrió a ver esta mañana al jefe de gabinete, Juan Manzur, y logró que el tucumano se comprometiera con este frágil modelo de fideicomiso que todavía está siendo redactado. En un comunicado, el gobierno mintió descaradamente al afirmar que esta propuesta surgió de “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de alcanzar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular como son el pan y el pollo”, pues en esas reuniones -sucedidas hace más de un mes- ni siquiera llegó a conversarse sobre este asunto.
Pero más grave es la falsedad propalada por Domínguez al presentar este mecanismo todavía en construcción como un proyecto gestado desde los propios sectores que compran y venden trigo y maíz en el mercado interno. “El sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante el 2022 y 2023”, indicó el ministro. E insistió que “esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”.
Cristina ordena, Feletti impone y Domínguez acata. También miente sin descaro, tratando de acomodar las cosas para que parezcan inofensivas cuando lo que sucede aquí en realidad es simple y sencillo: las cadenas del trigo y el maíz están siendo amenazadas con un aumento de las retenciones, actualmente del 12%, si no se prestan al juego.
AVISARLE al INUTIL de FELETTI que en el FIDEICOMISO incluya la ” POLENTA” !!!!!!!