El gobierno de Alberto Fernández extendió hasta el año 2038 un régimen de promoción que beneficia a unas pocas familias y perjudica a la mayor parte de los argentinos.
Por medio del decreto 727/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, se extendió por quince años más el régimen de promoción de Tierra del Fuego, el cual vence en 2023, además de crear por medio de otro decreto (725/2021) un “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina” con un monto por determinar.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego permite que un pequeño grupo de pseudo-empresarios venda artículos digitales y electrodomésticos a precios exorbitantes, además de consumir un caudal excesivo de divisas, dado que importar piezas para ensamblarlas requiere mucho más recursos que importar el producto terminado desde el país de origen.
Para que semejante dislate sea factible, es necesario establecer barreras arancelarias enormes que encarezcan fuertemente los productos terminados importados que puedan competir con los ensamblados en Tierra del Fuego.
Así es como un grupo de familias tienen su propio “coto de caza” en el territorio argentino, las cuales están integradas en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (Afarte, aunque la sigla bien podría ser Afanarte), de la que forman parte, por ejemplo, Mirgor de la familia Caputo, Newsan de la familia Cherñajovsky y BGH de las familias Teubal y Hojman.
Veamos un ejemplo concreto de los beneficios de tener un “coto de caza” propio. El mismo teléfono celular que en Chile cuesta 215 dólares, suma equivalente a medio salario mínimo, en la Argentina sale tres veces más para alcanzar una cifra que representa más de dos salarios mínimos.
A la pauperizada población argentina, la estafa fueguina le quita años de vida y recursos que no tiene, para lo cual deben endeudarse hasta la manija para adquirir bienes básicos. El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos puedan contar con una gran diversidad de artículos básicos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con naciones complementarias –como China o Vietnam–, con quienes podría sumar más exportaciones agroindustriales a cambio de comprar más y mejores productos tecnológicos.
Argentina, por ejemplo, es el principal exportador mundial de harina de soja, pero no puede vender ese producto en China, porque la nación asiática impide que eso sea factible a pesar de que económicamente les resultaría más conveniente. ¿Por qué? Porque sencillamente muchas naciones levantan “murallas arancelarias” para forzar la necesidad de negociar acuerdos de libre comercio que permitan mejorar el perfil de las propias exportaciones más competitivas a cambio de hacer lo propio con los requerimientos de importación. Ese es el precisamente el camino que ha emprendido Uruguay (muy bien por ellos).
A pesar de tener condiciones para tener un saldo comercial formidable con China, es decir, generar divisas a través de la venta masiva de una gran diversidad de alimentos, Argentina tiene hace años déficit comercial con la nación asiática, porque apenas pueden colocar en ese mercado un número limitado de productos, al tiempo que consume una cantidad gigantesca de divisas importando piezas y piecitas que, luego de ser ensambladas en el país, van con el sello de “Fabricado en la Argentina” gracias a que la etiqueta y la caja de cartón son de manufactura nacional.
Un aspecto no menor es que, si bien muchos funcionarios del gobierno nacional se llenan la boca hablando sobre cambio climático, la huella de carbono del proceso necesario para llevar piezas al extremo sur del país para ensamblarlas ahí y luego distribuir los productos por la enorme extensión del territorio argentino seguramente debe ser alarmante si se la compara con el simple hecho de importar el bien terminado.
Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para seguir el ejemplo de Chile, nación que desarrolló la producción de salmones para generar miles de empleos y transformar al sector en uno de los principales generadores de divisas del país. Pero, increíblemente, este año el Poder Legislativo de Tierra de Fuego sancionó una ley que prohibió la salmonicultura industrial, es decir, la única actividad viable que, junto con el turismo, puede tener esa provincia.
Todos estos fenómenos, en un país con un nivel criminal de pobreza, con un Estado quebrado sin acceso al crédito internacional y en una situación cambiaria por demás preocupante, exceden los ámbitos de análisis político o económico, porque son ya más cuestiones propias de la psicología. O la psiquiatría.
