Cepo Cárnico: En la Argentina siempre ganan los que invierten en el negocio del lobby

Ser funcionario público implica mediar entre los intereses de los privados en la búsqueda del bien común, entendido como aquello que permite la construcción de una sociedad mejor y más justa, pero, a juzgar por los resultados de las negociaciones relativas a desactivar el “cepo cárnico”, parece que una vez más le hicieron el caldo gordo a las empresas más poderosas, en este caso, a los frigoríficos exportadores.

Los funcionarios del gobierno nacional decidieron, una vez más, convocar al Consorcio de Exportadores ABC para pedirles que, con el dinero que ganaban con las operaciones de comercio exterior, colocaran cortes a bajo precio en el mercado local.

La “receta”, más allá de algunos “carritos itinerantes”, consiste en comercializar cortes de carne a precios accesibles a través de las grandes cadenas de supermercados, donde no compran los sectores más vulnerables, que suelen buscar todos los productos que necesitan para su vida en los negocios de barrio.

Después de una enorme multiplicidad de reuniones con diferentes referentes del sector, el resultado de esas gestiones fue la determinación de un cupo de exportación con un volumen que representa menos de la mitad de lo que se exportó el año pasado, el cual quedó concentrado en apenas once empresas integrantes del Consorcio ABC, que fue, precisamente, el que llevó la voz cantante en las negociaciones. Si bien esas empresas se vieron perjudicadas por la medida oficial, sacaron ventaja.

La lista de los perdedores es mucho más extensa: los matarifes quedaron fuera del negocio exportador, los precios de la vaca se derrumbaron y hoy la conserva se vende entre 60 y 80 $/kg, cuando llegó a valer 120 a 130 $/kg apenas semanas atrás. Pero también está bajando el precio del novillo gordo y las categorías con destino a invernada.

En síntesis, perdió la cadena cárnica: todo lo que produce el sector ganadero argentino vale menos y las inversiones en los campos se frenan, pero los exportadores, gracias al aval que recibieron de los funcionarios del gobierno nacional, pusieron un pie más firme en el mercado interno y se quedaron con la mayor parte del cupo de exportación, porque, aun cuando se levante el cepo, es poco probable que a los matarifes que no tienen planta les permitan volver a exportar en el marco del esquema diseñado por el gobierno.

Ese necesario reconocer que el trabajo de “lobby” realizado por el Consorcio ABC tuvo al menos un éxito relativo y que quienes lo lideraron no hicieron más que defender sus genuinos intereses.

Mientras tanto, los productores, que no tuvieron cabida en las negociaciones realizadas por el gobierno, terminaron haciendo un cese de comercialización de hacienda, con el riesgo consecuente de que la población los mire mal por “dejarlos sin carne”.

Pero la cuestión central de esta historia es preguntarse por el rol de los funcionarios que finalmente terminan –como sucedía en los tiempos del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con los arbitrarios cupos de exportación de trigo y maíz– inclinando la cancha para favorecer a los intereses de determinadas empresas del sector. Más que funcionarios, parecen gerentes de esas corporaciones.

Le llegó el turno a los criadores: El “cepo cárnico” comenzó a reducir los ingresos de los empresarios encargados de garantizar la oferta disponible de hacienda