Por Nicolás Razzetti y Matías Longoni.-
El afán recaudacionista de algunos funcionarios de ARBA que dependen de María Eugenia Vidal está amenazando con malograr el relativo éxito obtenido hasta ahora por una de las políticas implementadas por Mauricio Macri: el plan para sanear y combatir la elevada evasión en la cadena de la carne vacuna.
En efecto, en las sucesivas reuniones de la Mesa de las Carnes, Macri se mostró muy interesado en la evolución del programa lanzado el 1° de marzo pasado entre la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) y la AFIP. Este plan consiste básicamente en tentar a los operadores del negocio de la carne a blanquear sus operaciones. Y hasta el momento ha tenido un singular impacto, ya que desde entonces un 99% de las operaciones de faena se hicieron bajo ese sistema.
¿En qué consiste? Básicamente en que los faenadores deben pedir autorización a la Succa antes de cada matanza y adelantar a la AFIP parte de los impuestos correspondientes. A cambio, el gobierno simplificó los trámites para matricularse en el RUCA (Registro de la Cadena Agroalimentaria) y propició una fuerte reducción de la alícuota de Ingresos Brutos en las principales provincias ganaderas. Comenzando por Buenos Aires, el territorio comandado por Vidal, ese tributo se redujo de 1,75% a 0,50%.
En los primeros meses del plan hubo un blanqueo masivo de operadores: muchos matarifes del Conurbano vieron la posibilidad de limpiar su historial de incumplimientos (básicamente utilizando matrículas prestadas que iban cambiando de manos y frigoríficos), y la propia ARBA comenzó a recaudar mucho más dinero del que se había imaginado. Pero…
A principios de julio pasado, la agencia recaudadora bonaerense dictó la Resolución Normativa 25/2017, referida a las actividades y los agentes de percepción de Ingresos Brutos en la provincia. Aquí está el texto completo de dicha normativa, que amenaza con echar por la borda todos los avances logrados hasta el momento.
¿Por qué? Porque a los poderosos matarifes del Conurbano que habían aceptado una regularización de sus actividades y matrículas ahora se los obliga a actuar como agentes de recaudación a nombre de ARBA. ¿Cómo? Reteniendo un porcentaje de cada una de sus ventas al comercio minorista.
El problema es que prácticamente ninguna carnicería de la Provincia de Buenos Aires acepta facturar y por lo tanto ser sujeta de esa retención de impuestos. Mucho menos cuando las alícuotas de ese último eslabón siguen siendo muy elevadas. Por eso los matarifes chocan con una muralla y ahora amenazan volver a las andadas. Total, cuando todo era negro se entendía mejor.
En definitiva, una medida del gobierno de Vidal amenaza malograr una buena política de Macri. El presidente está al tanto del problema y le encomendó a su vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, que se ocupara personalmente del problema. Por ahora nada sucedió: la controvertida Resolución 25 tiene fecha de vigencia para el 1 de octubre, la semana que viene.
En las últimas horas, la industria frigorífica insistió en que los nuevos controles en la faena sea acompañados por un re-encuadramiento fiscal para los comercios minoristas, que además implique una reducción y unificación de la alícuota de ingresos brutos, ya que difiere según las juridicciones.
Miguel Schiaritti, de Ciccra, dijo que en la provincia -y dependiendo de la calificación fiscal de cada carnicero- la alícuota iría del 3 al 8%.
“En ARBA están operando en contra del sistema implementado. Hay que posponer la aplicación de la Resolución 25 porque es de imposible cumplimiento y convoca a la evasión. Con ese esquema se castiga al que trabaja más y mejor y benefician al que opera en la informalidad”, alertó.
Daniel Urcía, de Fifra, otra cámara del sector, señaló que la postura unificada de la industria es lograr una alícuota del 0,5% en al menos toda la región central del país, lo que incluye al comercio en Ciudad de Buenos Aires.
“La experiencia indica que cuando se bajó la presión se recaudó más. Teniendo en cuenta que se cuenta con el compromiso de toda la cadena para incluso acercarle al Estado la información de los contribuyentes con los que se opera, se podría aplicar esa reducción”, dijo el empresario.
