La pregunta de muchos en las últimas semanas es, “Qué pasa con SanCor?”. La ansiedad es un signo del silencio en torno a la definición de una de las quiebras más resonantes de los últimos años.
Ya casi pasó un mes y medio desde que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Laboral de Rafaela le otorgó nuevamente la potestad de definir las nuevas fechas de licitación para la venta de activos de lo que quedó de la quebrada SanCor Cooperativas Unidas Limitada, al juez Marcelo Gelcich.
El fallo firmado por los doctores Hail, Lorenzetti; y Álvarez Tremea ratificó en términos generales las bases de licitación, rechazó los pedidos de nulidad y dispuso una serie de pautas orientadas a garantizar mayor transparencia y rapidez en la etapa final del proceso, sobre todo para facilitar el cobro de acreencias de trabajadores, proveedores y demás afectados por la quiebra. Todo esto porque la demora en la liquidación de los activos deteriora su valor y posterga la “satisfacción de créditos de carácter alimentario”, dice la justicia.
Entre los cambios introducidos, la Cámara habilitó el pago de ofertas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación; y ya no sólo en dólares; mantuvo la prohibición de adquirir bienes mediante terceros o fondos ajenos; ordenó establecer criterios objetivos de evaluación antes de la apertura de sobres; y confirmó la posibilidad de compensación para acreedores con garantías reales.
A la vez, los jueces definieron mantener dentro del proceso licitatorio la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida, pese a los litigios existentes sobre su titularidad. Para resguardar los derechos en disputa, se determinó que una parte del precio obtenido quede depositada en una cuenta judicial hasta que exista una resolución definitiva sobre esos activos.
La Cámara también rechazó las impugnaciones presentadas por uno de los síndicos y por distintos aspirantes al proceso.
Sancor mantiene un vínculo directo con 178 trabajadores, aunque el impacto laboral acumulado alcanza a más de un 2.500 personas desvinculadas en distintas etapas de la crisis, lo cual demuestra una fuerte dimensión económica y social para la cuenca lechera y para el sector lácteo nacional.
Es entonces que la espera desde el 18 de septiembre se enfoca en lo que se defina en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de 4° Nominación.
Con un proceso que ya estaba organizado para el mes de junio, es dificil comprender esta demora arbitraria, que inclusive tiene efectos sobre la licitación de otra firma láctea quebrada, Alimentos Refrigerados SA (ARSA), que tiene a muchos de los aspirantes a la compra en común.
En las últimas semanas, para otros fue notoria la presencia de algunos productos con marca Sancor en algunos comercios y distribuidores de diferentes puntos del país. Se trata de algunos quesos, dulce de leche, manteca o crema de leche que se producen en las plantas más activas de los últimos años, como son Balnearia y Devoto.
Sin embargo, a quienes siguen en calidad de empleados, hace unos cuatro meses que no les entregan recibos de sueldo, siendo que en los últimos se dejaba constancia de un descuento por baja producción, con lo cual en los magros pagos que se hacen cada dos semanas, no se llega a abordar el total que correspondería a cada salario.
Incluso algunos trabajadores hablan de estar cobrando la mitad de lo que deberían. No se pagan diferenciales por turnos de trabajo nocturnos o durante los fines de semana y mucho menos si se tiene actividad durante los feriados.
Sin claridad en la administración de esos fondos, en el movimiento de los productos, queda siempre en medio la gente, los que están sin prestaciones constantes de la obra social, porque sólo tienen cierta certeza en cuanto a emergencias o algunas especialidades puntuales, pero no tienen hace meses cobertura en servicios habituales de control, prevención o tratamientos de la salud.
El gremio Atilra está corrido del vínculo con los trabajadores, porque no hizo más que complicar la situación, aliándose y peleándose con supuestos inversores. Ahora estaría intentando promover a una empresa puntual, pero con nulas respuestas hacia quienes cobran mal, han sido despedidos o esperan que las promesas irreales de años se cumplan.
Se fue conociendo recientemente, con la definición de la Cámara de Apelaciones, que el estudio de abogados que promovía una supuesta salida asociativa, que tenía como inversores en el 51% de la propuesta a los mismos favoritos del gremio, ya habría dejado de lado la iniciativa.
Es así que además de los productores que quedaron colgados con las deudas, los prestadores de servicios, los estados y sus impuestos, las entidades bancarias, son los trabajadores los que desesperan en este tiempo de inamovilidad de la causa.
No son sólo los 178 que siguen vinculados, el aproximado de 1.500 despedidos en los últimos dos años, sino de alguna manera esa masa de 4.500 personas que en 2001 formaban parte de la entonces SanCor, cuando asumía Héctor Ponce el secretariado nacional en Atilra.
Su forma de gestionar el conflicto, sumada a la pésima administración de la Cooperativa, hacen que el final de esta historia no termine de tocar fondo, porque Sancor fue empujada a la quiebra, pero la definición aún parece lejana.
