Este es ya el quinto año en que el decreto de Alberto Fernández que compatibiliza el empleo rural con el acceso a planes y beneficios sociales debe prorrogarse. Se trata de una medida hecha a medida del sector, caracterizado por sus contrataciones temporales o discontinuas que, por ende, necesitan de esa excepción para evitar perder mano de obra.
Hasta ahora, la vigencia de dicha medida fue a fuerza de prórrogas al mencionado decreto, reclamadas periódicamente por el gremio de la UATRE y habilitadas por el gobierno, que en más de una ocasión jugó con los tiempos. Es la razón por la cual el sector insiste en dejarla cristalizada por ley.
La medida, debería haber llegado el pasado 1 de septiembre, pero recién hoy, a más de un mes y medio vencida, fue publicada en el Boletín Oficial.
Cada 1 de septiembre vence el plazo mediante el cual se permite a los trabajadores rurales ser contratados sin perder el acceso a planes y beneficios sociales, por cierto muy necesarios para un sector donde el salario básico no cruza la línea de pobreza.
Este año, sin embargo, el ministerio de Capital Humano demoró más de un mes y medio en extender la vigencia del decreto 514/2021, a pesar de haber sido debidamente notificado por el gremio, que insistía una vez más con que esa “compatibilidad” sea sellada por ley.
Lejos está de ser prioridad en la agenda legislativa y la del gobierno, que se tomó su tiempo para publicar la prórroga y evita dar definiciones sobre el pedido del sector.
Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra Sandra Pettovello, el decreto 1204/2026 finalmente prorrogó la vigencia de la medida por otro año.
“Las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”, reconoce la norma, que por eso asegura que es “necesario y oportuno prorrogar la vigencia del decreto 514/21”.
Hasta el 1 de septiembre del 2027 el empleo rural y los planes sociales serán compatibles, y la próxima extensión deberá llegar en medio del “runrún” electoral.
