Los últimos meses, cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país reclamaron por el recorte de fondos para cubrir sus actividades básicas. En los casos más extremos, directamente evaluaban ajustar el margen de acción para ahorrar combustible y recursos para grandes emergencias.
Lo curioso es que, mientras tanto, se supo que Nación retiene unos 60.000 millones de pesos desde 2025 que fueron recaudados por ley para estas dependencias, pero inmovilizados por el ministerio de Economía. Un modus operandi ya denunciado en el caso de las rutas y las obras hídricas.
De cara a un conflicto que apenas se aplacó con la distribución de los fondos anuales, realizada al finalizar cada primer semestre, en provincia de Buenos Aires proponen ahora una iniciativa para cambiar una ley que rige al sector y eliminar el techo del financiamiento para los Bomberos Voluntarios.
La Ley 14.761 establece los mecanismos para el financiamiento de los cuarteles de bomberos bonaerenses. Mientras que en Nación los fondos surgen de una contribución obligatoria de las aseguradoras, en provincia de Buenos Aires se obtienen del 3% del impuesto Inmobiliario Rural, aunque con un tope fijado en 500 millones de pesos que hace 5 años no es actualizado.
Sobre ese tope específicamente se detiene el proyecto de la diputada radical Priscila Minnaard, que plantea eliminarlo y establecer un mecanismo progresivo para ampliar el financiamiento los próximos años: la asignación del inmobiliario rural partiría en 1,5% en 2027 y llegaría al 3% en 2029, sólo que ya sin topes específicos.
“Esta progresividad calendarizada fue diseñada estratégicamente para evitar el desfinanciamiento de la provincia, garantizando previsibilidad fiscal para el Estado bonaerense y, al mismo tiempo, previsibilidad presupuestaria para los cuarteles”, recalcó Minnaard en la iniciativa, que recogió el sitio Diputados Bonaerenses.
Los cuarteles reciben periódicamente los fondos nacionales y los provinciales, que se distribuyen de acuerdo a lo que establezca cada ley. En el caso bonaerense, 90% del fondo va a las asociaciones de bomberos y el 10% a las federaciones. La mayor parte de lo que se distribuye entre asociaciones se hace en base a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción.
Ese criterio es también modificado por el proyecto radical, que establece un reparto más equitativo: un 50% de los fondos se destina en partes iguales y otro 50% de acuerdo a la cantidad de habitantes y la superficie territorial. Elevar el piso permitirá a un cuartel que cubre una zona rural extensa pero de pocos habitantes tener recursos acordes para cubrir su superficie.
“Así se logra un equilibrio justo entre los cuarteles de grandes urbes y los de zonas rurales, semiurbanas o de menor densidad demográfica que caracterizan a las distintas regiones de la provincia”, enfatizó Minnaard.
La propuesta fue trabajada en conjunto con las Federaciones de Bomberos Voluntarios de la toda la provincia, y es la segunda de este tenor que presenta la legisladora. A principios de año, también había solicitado elevar el tope vigente de financiamiento a los cuarteles para que, de los 500 millones de pesos congelados desde 2021, se eleve a 700 millones y se actualice periódicamente. La iniciativa no fue tratada, y aguarda ahora que sí lo haga este nuevo proyecto.
“Legislar a favor de nuestros bomberos voluntarios es legislar a favor de la vida y los bienes de todos los bonaerenses, la labor que realizan constituye un pilar esencial e insustituible para la seguridad pública de la provincia de Buenos Aires”, señaló Minnaard en los fundamentos del texto.
