Con el artículo 154 del DNU 70/2023 nuevamente en vigencia, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia publicada la semana pasada, la Ley de Tierras ya no rige en el país. En la provincia de Buenos Aires, eso despertó cierto movimiento en el peronismo, que mueve fichas desde sus distintas vertientes para impulsar su propia legislación y acaba de lograr un avance en la Justicia.
Tras la presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la magistrada Güendalina Sessarego, hizo lugar a una medida cautelar que obliga al gobierno a conservar los registros de tierras rurales de la provincia y a informar los cambios que hubo durante el último tiempo.
Aunque no decide sobre la vigencia de la Ley de Tierras, sí reconoce que uno de los mecanismos que sostenía, el de recolectar la información sobre los cambios de dominio en cada jurisdicción, debe ser preservado.
Con la firma de su titular, Guido Lorenzino, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la Justicia para pedir la suspensión del artículo del DNU que suspende la aplicación de la Ley de Tierras (26.737). A sabiendas que esa decisión demandará mucho tiempo, también exigió una medida cautelar para que, mientras tanto, se preserve la base de datos que conserva el Estado nacional.
Se trata de la información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), creado por el artículo 14 de la Ley 26.737 con la función específica de “llevar el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera”. Acumulaba información desde 2011 hasta que fue finalmente derogada la ley.
Como su tutela estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy dirigido por Juan Bautista Mahiques, la jueza Sessarego ordenó a esa cartera que, preventivamente, preserve la base de datos recolectada para la provincia de Buenos Aires. Y, además, otorgó un plazo de 5 días hábiles para que informen si hubo cambios recientes en esos registros
En su fallo, el juzgado platense remite a los tribunales federales el pedido de inconstitucionalidad elevado por la Defensoría y se declara incompetente para decidir sobre la vigencia de la Ley de Tierras. No obstante, señala que hace lugar a la medida cautelar solicitada porque considera posible que “durante el tiempo que insuma la intervención del juez/a competente y la revisión de la tutela, se produzcan pérdidas de información pública que ocasionen un daño de imposible reparación ulterior”.
“Aparece razonable ordenar al Estado Nacional que tome las medidas conducentes para preservar la información existente y ya registrada relativa a las tierras rurales situadas en la Provincia de Buenos Aires, evitando su pérdida, destrucción, alteración o cualquier otra circunstancia que pueda afectar su integridad o disponibilidad”, dispuso Sessarego.
Asimismo, también obligó al ministerio de Justicia a informar hasta qué fecha se relevó, produjo o registró información pública en el Registro Nacional de Tierras Rurales, específicamente para el caso de la provincia de Buenos Aires.
A pocos días de que Diputados debata la posibilidad de voltear definitivamente el DNU 70/23, y con el la derogación de la Ley de Tierras, no hay aún un punto final sobre esa legislación. Junto al de la Defensoría bonaerense, otros procesos judiciales avanzan pidiendo por la inconstitucionalidad, y el propio gobierno aseguró que no descarta volver a incluir ese capítulo en su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Entretanto, lo que rige es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la ley no no está vigente y con ella tampoco el registro de tierras que recolectó por 15 años.
Atendiendo a la posibilidad de que haya nuevos cambios, la jueza platense afirmó que “se procura preservar no solamente un elemento probatorio para el proceso, sino la información en poder del Estado que resulta relevante para conocer la evolución de una realidad territorial dinámica y adoptar medidas adecuadas frente a potenciales daños”.
Y agregó: “podría ser útil y necesaria, por un lado, para la proyección de políticas públicas futuras y para nutrir el debate democrático”.
No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural.
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) October 7, 2026
De acuerdo a dichos registros, que hoy intentan preservar más allá de la ley, en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras, apenas el 2,89% de su superficie rural y por debajo de los límites antes vigentes.
Sin embargo, esa distribución no es equitativa, y cuenta con dos epicentros muy marcados: en Zárate, el 24,8% de la superficie rural está en manos extranjeras y en Campana el registro asciende al 50,2%.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo el titular de la Defensoría bonaerense, y agregó que “proteger la información pública es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
