Esta semana, las comisiones de Agricultura y Seguridad Penal tratarán el proyecto de ley que modificaría la normativa vigente sobre delitos rurales. Mientras tanto, en diferentes regiones se siguen sucediendo casos de diferente índole.
Una de ellas es Chaco, cuya zona norte es una de las tantas “zonas calientes” del delito rural. Los casos de faenas clandestinas y robo de animales se repiten con frecuencia y generan pérdidas económicas considerables, impactando fuertemente sobre quienes viven y trabajan en el campo.
Gonzalo Susara, productor de la zona y presidente de la Sociedad Rural de Quitilipi, conoce el problema de primera mano. En apenas dos meses y medio sufrió el robo de dos vacas y tres terneros.
“Este año sufrí la baja de cinco bovinos que me han sustraído del campo”, contó en charla con Bichos de Campo, aclarando que su caso no es aislado. “No quiero hacer eco solamente del caso personal mío. Muchísimos productores lo han sufrido. El abigeato ha incrementado en la zona”.
Según relató, uno de los principales problemas es la faena de los animales dentro de los propios establecimientos. “Lo que más se da en nuestra zona es la faena clandestina. Tenemos un productor al que hace poco le carnearon cuatro novillitos”, señaló.
También se registran robos de animales vivos y de elementos utilizados en las explotaciones, como bombas sumergibles y otros implementos. Susara explicó que, en muchos casos, la carne desaparece rápidamente hacia los centros urbanos cercanos.
“Es como que levanta el pedido, faenan y desaparece la carne muy rápido”, describió.
La situación también genera preocupación por el impacto sobre la salud pública. “Esa carne faenada de mala manera no tiene una correcta cadena de frío, no tiene el control bromatológico necesario y pasa a ser milanesa, albóndiga, lo que fuere, en donde se expende carne”, advirtió el dirigente rural.
El perjuicio, además, no termina en el valor de mercado del animal robado. Para el productor, cada bovino representa meses de trabajo. “No solo es ese millón y medio o esos dos millones de pesos, sino ese año y medio que uno invierte. Le pone todo lo que tiene y que puede para poder llegar a ese producto”, explicó.
A esto se suma un costo menos visible: el de vivir permanentemente pendiente de los delincuentes. Susara contó que algunos productores recorren sus campos durante la noche, después de terminar la jornada laboral, para verificar que no haya movimientos sospechosos.
“Yo tengo un montón de compañeros productores que a la noche, después de trabajar todo el día, se toman un tiempito y suelen dar una vuelta por el campo. Es un costo psicológico extra que uno a veces no tiene en cuenta, pero también hace mella en la entereza física y mental del productor”, relató.
Frente a esta situación, desde la Sociedad Rural de Quitilipi reclaman una mayor presencia del Estado. Susara destacó el trabajo que realiza la Policía Rural, pero señaló que existen limitaciones de personal y equipamiento.
“La Policía Rural hace un esfuerzo a destajo, pero necesitamos realmente una decisión política de nombrar más cantidad de policías rurales con mejor equipamiento para poder hacer una correcta prevención”, sostuvo.
El dirigente también puso el foco en el funcionamiento de la Justicia y pidió modificaciones que permitan actuar con mayor rapidez frente a los delitos cometidos en establecimientos rurales.
“Necesitamos que los diputados provinciales realmente se pongan las pilas y modifiquen esas leyes para que ese delincuente rural, una vez que la Policía hace el gasto y el esfuerzo de poder atraparlo, pueda realmente quedar en la cárcel el debido tiempo que tenga que ser necesario”, reclamó.
Otro de los puntos que considera centrales es agilizar los procedimientos para ingresar a los campos cuando existe una denuncia. “A veces los permisos de allanamiento se demoran y nosotros necesitamos que eso sea urgente e inmediato”, planteó.
“El delito rural no va a terminar pero tenemos que ver cómo podemos estar un poco más seguros”, resumió.
Para los productores de la zona, el reclamo apunta a contar con más efectivos, mejores herramientas y una Justicia que pueda responder con mayor velocidad frente a un delito que, aseguran, dejó de ser una preocupación ocasional para convertirse en parte de la vida cotidiana del campo chaqueño.
