Un juicio laboral tramitado en los tribunales de Bariloche sacó a la luz un caso con detalles escabrosos. Según relata el medio Más Producción, se trata de un episodio de canibalismo ente cerdos ocurrido en la granja porcina de Carnes Rionegrinas SRL, donde, fruto de la quiebra de la empresa y la falta de provisión de alimentos, los propios empleados relatan haber visto cómo los animales intentaban mantenerse con vida comiéndose los restos de los que ya habían muerto.
En esta sección de Bichos de Campo copiamos directamente las crónicas de los colegas para respetar a rajatabla lo investigado y relatado. A continuación, lo publicado por el medio patagónico:
Lo que ocurrió en Ingeniero Jacobacci se conocía como un rumor más de los tantos que circulan en comunidades pequeñas, pero una investigación judicial dejó ver el lado oscuro de una quiebra y el abandono de decenas de cerdos sin que nadie reparara en su destino final.
El caso salió a la luz porque la Justicia laboral tuvo que resolver un conflicto entre la empresa propietaria, Carnes Rionegrinas SRL, y los dos trabajadores que durante más de 15 años vivieron y trabajaron ahí. El expediente terminó confirmando lo que se intuía puertas afuera: decenas de animales fueron quedando sin alimento, empezaron a morir, y hubo algunos que, para sobrevivir, se alimentaron de los restos de los que ya no resistieron.
Para una empresa dedicada a la cría porcina, los cerdos no son un detalle accesorio: son el capital productivo, la razón de ser del negocio. Fue exactamente eso lo que Carnes Rionegrinas SRL dejó de sostener. Según reconstruyó la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche a partir de la prueba reunida en el expediente, la firma dejó de proveer con regularidad alimento y otros recursos para el criadero.
Los propios empleados —encargados de alimentar a los animales y atender los partos como parte de sus tareas diarias— tuvieron que comprar avena, maíz y otros productos de su bolsillo para intentar mantener con vida a los cerdos. Los animales finalmente comenzaron a morir.
Uno de los testigos del juicio declaró haber visto directamente la escena límite a la que llegó el criadero: algunos cerdos se alimentaban de los restos de los que ya habían muerto. El dato, que aparece como un detalle más entre la prueba de un litigio laboral, es en verdad el núcleo de lo ocurrido en Jacobacci: una explotación ganadera que se desarmó desde adentro, con animales librados a su suerte mientras la empresa que debía sostenerlos se desentendía.
La situación del criadero no estuvo aislada de lo que pasaba con la empresa en su conjunto. En marzo de 2025, el juez Cristian Tau Anzoategui, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nro. 5 de Bariloche, dio a conocer el decreto de quiebra de Carnes Rionegrinas SRL.
Entre el deterioro económico de la firma y el abandono del establecimiento hay una misma historia: la de un capital productivo —los animales— que quedó desprotegido en medio de una crisis que sus responsables no lograron, o no quisieron, sostener.
El conflicto que terminó exponiendo la situación del criadero llegó a la Justicia por otro motivo: el reclamo de los dos trabajadores que estuvieron al frente del establecimiento, uno desde marzo de 2006 y el otro desde octubre de 2007. A los problemas con el alimento de los animales se sumaron reclamos salariales, diferencias de sueldo, vacaciones y francos no pagados, y períodos sin aportes previsionales. Ante el silencio de la empresa frente a las intimaciones que le cursaron, ambos se consideraron despedidos.
La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche hizo lugar parcialmente a la demanda, consideró legítimos los despidos indirectos y sostuvo que “el conjunto de incumplimientos, sumado al silencio de la empleadora frente a las intimaciones cursadas, configura una injuria de entidad suficiente”.
El fallo —que no está firme y puede ser apelado— reconoció indemnizaciones, diferencias salariales y agravantes, aplicó una sanción por los aportes previsionales retenidos y extendió la condena, en forma solidaria, a los dos socios gerentes de la empresa. El tribunal remarcó que ambos “ejercían funciones de administración” y que “los incumplimientos laborales acreditados, por su naturaleza, extensión y duración, no podían resultarles ajenos”. La cifra final de la condena todavía no está determinada: surgirá de una liquidación posterior que deberá contemplar relaciones laborales de entre 15 y 17 años.
