Los productores frutícolas de Allen, en el Alto Valle de Río Negro, lograron frenar una ordenanza que corría el límite urbano sobre unas 400 hectáreas de Zona Rural Irrigada. La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén informó que “quedó firme el veto total” del intendente Marcelo Román a la Ordenanza 075/2026 y que, “al no prosperar la insistencia legislativa”, la norma “no podrá entrar en vigencia”.
El proyecto, aprobado por el Concejo Deliberante el 8 de octubre, modificaba el Plan Rector de la ciudad, que había sido aprobado por la Ordenanza 086 de 2016. Según detalló la Federación, la Zona de Urbanización se ampliaba en aproximadamente 300 hectáreas, a las que se sumaban otras 100 hectáreas destinadas a Servicios de Ruta. De esa manera, la ordenanza pretendía incorporar unas 400 hectáreas de la Zona Rural Irrigada a nuevos usos urbanos y de servicios.
Entre sus disposiciones, la norma redefinía los límites del área urbana, incorporaba sectores vinculados a los corredores de la ruta nacional 22 y la provincial 65, y contemplaba sumar otras parcelas. También cambiaba las reglas sobre las cesiones de tierras en nuevos parcelamientos, con porcentajes destinados a espacios verdes, reservas fiscales y lotes de reserva municipal, y eliminaba la disposición que establecía una participación municipal del 30 % sobre la plusvalía generada por la acción urbanística.
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Tras la aprobación, Román vetó la ordenanza en su totalidad mediante una resolución que devolvió la discusión al Concejo Deliberante. Ahí empezó la movida de los productores. La Federación, junto con el Consorcio de Riego de Allen y la Cámara de Productores Agrícolas de la localidad, presentó una nota fechada el 14 de octubre en la que pedía a los concejales que no insistieran con la sanción y que se diera cumplimiento al veto total del Ejecutivo municipal. En ese documento manifestaron su “Total Oposición” a la ampliación de la zona de urbanización y a “todo otro destino que implique disminuir la superficie destinada a la Zona Rural Irrigada”.
El jueves 29 de octubre, un grupo de productores de la localidad fue hasta el Concejo Deliberante. Según relató la Federación, fueron recibidos por todos los concejales y allí manifestaron su disconformidad. El presidente de la entidad, Sebastián Hernández, lo resumió así: “Este proyecto no tiene que salir, sin las tierras productivas nosotros no existimos”.
Con el veto firme, la Federación celebró el desenlace. “Consideramos que esta decisión representa un paso importante en la defensa de las tierras bajo riego y del patrimonio productivo de nuestra región”, señaló en su comunicado, y advirtió que la expansión urbana sobre superficies destinadas históricamente a la fruticultura pone en riesgo “una actividad fundamental para la economía y la identidad del Alto Valle”.
La entidad aclaró además que su reclamo “nunca fue un capricho político localizado en una sola localidad” y que se trata de una posición histórica de los productores que buscan preservar las tierras rurales frente a las modificaciones del uso del suelo que experimenta la región.
Los fruteros no se oponen al crecimiento de la ciudad. Plantean que esos desarrollos deben orientarse hacia las zonas que ya se encuentran habilitadas para ese fin por el Plan Rector vigente. Y cerraron con una definición de fondo: “Defender las chacras es defender el trabajo de los productores, las fuentes de empleo y el desarrollo económico de toda la región”.
