Después de aprobar el veto contra la ley que prohibía el uso del glifosato, la legislatura de Misiones promulgó otra que sin dudas puede leerse como un coletazo de toda aquella novela. Se trata de la Ley VIII – N° 123 que implementa un mecanismo de transparencia y trazabilidad de los recursos que lleguen al Fondo Especial del Tabaco (FET).
Publicada en el Decreto provincial 1711, esta ley crea un Portal de Transparencia a través del cual el Ejecutivo deberá informar públicamente cuánto dinero recibe, cómo se distribuye y quiénes son los beneficiarios, entre otros datos, en un plazo que no podrá superar las 72 horas hábiles posteriores a la acreditación de los recursos en las arcas misioneras.
También deberá informarse sobre los actos administrativos mediante los cuales se disponga la asignación, transferencia o aplicación de aquel dinero.
Como si eso fuera poco, el artículo 5 establece que todos los datos deberán permanecer publicados y disponibles durante un período no inferior a diez años, lo que permitirá construir una serie histórica sobre el destino de estos fondos.
Aunque no haya sido ideada con ese objetivo principal, la norma adquiere gran relevancia en relación con el caso del glifosato trucho, que era comercializado por la firma Agro Sustentable y que demostró tener nexos con el desvío de al menos 500 millones de pesos del FET.
Se trata, en efecto, de un fondo que mueve gran cantidad de dinero, cuyo fin es el de complementar el precio que reciben los tabacaleros por su producción, además de financiar programas destinados a mejorar las técnicas de producción, investigación, organización y comercialización cooperativa, entre otros.
El miércoles de esta semana se conoció que el próximo 10 de septiembre se realizará un desembolso de 8.612 millones de pesos, cuyos destinatarios serán unos 12 mil productores. Será para variedades de tabaco Burley, Criollo Misionero y Criollo Argentino.
Según informaron medios locales, la producción computada para este pago asciende a 43.621.799 kilogramos, mientras que el precio promedio establecido es de $197,42 por kilogramo.
Esa liquidación se suma a otras previas realizadas en julio, por 2.636 millones, y en junio, por 3.433 millones.
Lamentablemente es una acción organizada nuevamente desde las sombras Rovira seguirá manejando Todo!!!
Es la ley del camaleón, ” cambio para que Nada cambie” y la producción y productores somos estrictamente los responsables de mantener a ésta casta dirigencial política y funcionario de instituciones que no defendieron nunca los interés para que Misiones no siga siendo una provincia Pobre!!! Ahora, no vale el reclamo.