La Dirección Nacional de Sanidad Animal, mediante la Disposición 26/2026, modificó hoy el régimen del Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral. Desde ahora, el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dejará de exigir que un feedlot le presente certificados provinciales o municipales sobre uso del suelo y aptitud ambiental para obtener su inscripción y habilitación sanitaria nacional.
Cabe aclarar que esto no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal aplicable en materia de radicación, uso del suelo, protección ambiental y funcionamiento de los establecimientos. Lo que se elimina es únicamente la exigencia de acreditar documentalmente dicho cumplimiento ante esa cartera sanitaria.
“La exigencia de acreditar ante el Senasa el cumplimiento de requisitos locales como condición para obtener una inscripción o habilitación sanitaria nacional implica incorporar al trámite documentación ajena al objeto específico del control sanitario federal, generando una duplicidad de cargas administrativas”, justifica en sus considerandos la Disposición, que lleva la firma de Daniel Caría.
En concreto, se derogan los Numerales 8 y 9 incluidos en el Apéndice III del Anexo a la Resolución N° 329/2017. El número 8 es el que exigía “la presentación de una autorización o certificado de habilitación vigente para el uso territorial que permita la actividad solicitada, o certificado equivalente expedido por la autoridad competente”. El número 9, por su parte, demandaba “la presentación de un certificado de aptitud medioambiental vigente o certificado equivalente, expedido por la autoridad competente conforme a la legislación de cada jurisdicción”.
En paralelo, también se decidió derogar el formulario de declaración jurada que existía para los casos en que no hubiera normativa municipal o provincial sobre uso del suelo o ambiente.
En marzo, el Senasa ya había dictado la Resolución 233/2026 para eliminar de varios de sus trámites la obligación de presentar habilitaciones municipales o provinciales, en el marco de la política de desregulación y simplificación administrativa. La disposición aprobada ahora se adapta a esa lógica.
