Este viernes, la Fundación Barbechando concluyó su informe sobre la actividad parlamentaria de la semana con un alerta para la comunidad agropecuaria: es muy posible que en la próxima sesión del Senado sea tratado un proyecto de ley que eleva las penas a quienes cometan actos de “ecocidio” o ataques contra el medio ambiente.
Un rato después, curiosamente para un día sábado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado en el que “expresa su profunda preocupación ante el proyecto de ley que incorpora la figura del denominado ecocidio al Código Penal Argentino, iniciativa que obtuviera dictamen favorable en junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, y que sería tratado en la próxima sesión”.
¿Por qué se preocupa una entidad rural por este debate sobre asuntos penales? Pues porque teme que los productores sean , a partir de aquí, considerados como “ecocidas”, u homicdas del ambiente.
“CRA sostiene que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”, avisó la entidad de mayor despliegue territorial, que recomendó: “El Congreso tiene la responsabilidad de legislar con rigor jurídico y no bajo consignas que, lejos de fortalecer la protección ambiental, generen incertidumbre, discrecionalidad y conflictos judiciales”.
En el mismo sentido recordó que la Argentina ya cuenta con un “amplio entramado normativo”, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales que prevén mecanismos de prevención, reparación y sanción frente a los daños ambientales.
“El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”, consideró CRA.
El proyecto de ley tan controversial es impulsado principalmente por la senadora Edith Terenzi (radical por Chubut) y propone incorporar el ecocidio y otras formas de criminalidad ambiental como un nuevo Título (“Delitos contra el ambiente”) en el Código Penal.
La iniciativa define al ecocidio como “el daño irreversible, extenso, duradero o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de la normativa vigente de protección ambiental”, y prevpé penas de prisión que van de 3 a 15 años (y hasta 25 años con agravantes) para los responsables de cometer esos supuestos delitos.
Para los dirigentes rurales, de todos modos, el proyecto incorpora conceptos vagos e indeterminados como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” o “afectación multiecosistémica”, sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito.
“Esa indeterminación vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y debilita una garantía esencial de todos los ciudadanos: la previsibilidad frente al poder punitivo del Estado”, opinó CRA.
