En la localidad de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, más de 150 productores acaban de acordar elevar formalmente un pedido ante la Justicia para que el municipio informe el destino de los fondos recaudados por las tasas.
Tras una reunión llevada a cabo a última hora de este martes, un conjunto de autoconvocados, dirigidos por Estanislao Villalon, y de socios de la Sociedad Rural local firmaron un pedido de acceso a la información pública para que el intendente de la localidad, el peronista Waldemar Giordano, entregue al sector los balances de los últimos 4 años y acredite qué se hizo con el dinero que debía ir a obras de infraestructura rural.
Con el estado de la red de caminos rurales como principal reclamo, pero además señalamientos por la tasa de guías y hacienda, los productores de la región avanzan judicialmente y se pliegan a la estrategia adoptada en otras localidades bonaerenses.
“Hace 30 años que venimos reclamando por el estado de los caminos rurales”, expresó, en diálogo con Bichos de Campo, José Manfredini, actual vicepresidente de una filial de la Sociedad Rural desde la que vio a su propio padre, y muchos otros colegas, velar por lo mismo.
Como ha ocurrido en otros puntos de la provincia, y fruto también de una suerte de “efecto contagio”, la situación llegó a un punto cúlmine tras el período de inundaciones inaugurado el año pasado, que se podría profundizarse los meses venideros de la mano del “Súper Niño”.
La climatología, en realidad, sólo acentuó un problema de larga data y encontró a una infraestructura con claros signos de deterioro y baja inversión. En la región, estiman que la red de 800 kilómetros de caminos rurales apenas 100 tuvieron trabajos durante los últimos años, y la preocupación se acentúa de cara a lo que indican los pronósticos.
“No son 100% intransitables, pero no tienen el mantenimiento ni el remodelamiento necesario. Hay caminos viejos que hay que volverlos a altear, falta cuneteo y faltan mediciones. Ahora se viene El Niño y es muy importante la circulación del agua, pero nuestros caminos no tienen el mantenimiento adecuado”, expresó Manfredini.
Con ese diagnóstico compartido, productores autoconvocados y ruralistas acordaron ayer elevar un pedido formal al intendente para que explique qué se hizo con los fondos destinados a los caminos rurales durante los últimos cuatro años: cuánto se cobró por la tasa vial y por marcas y señales, cuánto dinero llegó por coparticipación, en qué se gastó, a quiénes se pagó, cuánto personal y maquinaria se destinó a los caminos y qué trabajos concretos se hicieron. También reclamaron los planes de mantenimiento y el detalle de los kilómetros que debía atender la comuna.
Las estimaciones del sector, basadas en la información que brinda el municipio, es que Colón ya recibió más de 400 millones de pesos por la coparticipación del impuesto inmobiliario rural y que han ingresado a sus arcas más de 579 millones en concepto de tasa de Conservacion, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Si se suman los ejercicios anteriores y los aportes provinciales, estiman que los ingresos superan los 1.100 millones de pesos, aunque para este año menos de la mitad se destinarían a la red de caminos rurales.
“Hasta junio de 2026 -en teoría y según la documentación del municipio- notamos que de los 300 kilómetros de caminos rurales municipales que se preveían sólo se han mantenido 150; que de los 150 kilómetros de caminos rurales provinciales que se preveían mantener solo se han mantenido 75, de las 12 alcantarillas que se preveían mantener solo se han mantenido 6, de las 3 que se preveían construir solo se ha procedido al arreglo de 1 y de los 30 kilómetros que se preveían reconstruir con alteos solo se han realizado 15 kilómetros, lo que nos ubica en general en una meta alcanzada inferior al 50%, en el primer semestre”, apuntaron en su escrito.
“La pregunta número uno es: ¿Dónde está la plata? Y la pregunta número dos es: ¿por qué no han gastado lo que corresponde en el mantenimiento de la red vial?”, señaló el vicepresidente de la Sociedad Rural, que es uno de los representantes convocados a la reunión de emergencia pautada por el intendente para este viernes al mediodía.
Es una primera respuesta oficial al pedido judicial ya elevado. Más no suficiente, aclaran desde el sector, que insisten en que su pedido no tiene mayores implicancias políticas que el pedido por una red de caminos a la altura de la producción y de la vida rural. Y, por eso, su objetivo está puesto en que se informe el destino de lo recaudado desde 2023 -cuando asumió el mandatario- en adelante.
“Creemos que hay un despilfarro de los fondos que los productores aportan por medio de la tasa de red vial, que es carísima y no tiene la contraprestación adecuada”, agregó Manfredini.
Los meses venideros, los campos de la región deberán sacar su producción hacia los puertos. Y los planteos pecuarios deberán seguir movilizando alimento y animales. Pero, entre tanto, habrá muchos vecinos que necesitarán a diario ir a su trabajo, asistir al colegio o pedir por asistencia ante una emergencia.
“Nuestras charlas con los políticos e intendentes siempre fueron muy cordiales, pero estamos cansados porque nunca se hace nada de lo prometido. Hoy esto es muy serio, no hay ni siquiera maquinarias competentes para hacer el trabajo y hasta se mezquina en el gasoil”, expresó el ruralista local, tras la reunión que mantuvieron con concejales en el día de ayer.
Con su nota firmada y presentada en Mesa de Entrada, ahora los productores saben que iniciarán un camino que probablemente no sea rápido, aunque esperan sea efectivo.
“No queremos llegar a la Justicia, nosotros vamos por el buen camino. Queremos que nos den los balances y nos digan en qué gastaron. Queremos información, nada más”, destacó el ruralista, quien asegura que -contrario a lo que ocurre en otros municipios- allí e descontento no ha afectado aún a la recaudación de la tasa de red vial, que “es muy buena y alcanza a más del 90%”. Son fondos muy cuantiosos que podrían volcarse a donde corresponde.
“Cuando tengamos esos números en mano, vamos a exigir que los inviertan. Y lo van a tener que hacer”, destacó Manfredini.
El pedido es también tajante para el caso de la tasa de Marcas y Señales, un tributo ya considerado obsoleto por la implementación de la documentación sanitaria de Senasa y cuestionada por no contar con una contraprestación concreta. En ese caso, insisten los productores, debe directamente eliminarse, como ya fue planteado en otras localidades.
