En la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados (y no en Agricultura ni en Economías Regionales) se comenzó a discutir sobre un nuevo proyecto de ley que permitiría sembrar unas 50 mil hectáreas de tierras adyacentes a 40 mil kilómetros de rutas nacionales. Hay una iniciativa del PRO y otra de Juntos por la Patria, ambas coincidentes en que esa superficie debe ser aprovechada. Pero ambos proyectos difieren en el destino de los fondos recaudados.
La Fundación Barbechando, que fue formada por productores para seguir con atención este tipo de debates en el Congreso, informó que los proyectos en debate pertenecen a los diputados Javier Sánchez Wrba (del PRO bonaerenses) y Agustina Propato (UxP también del interior de la Provincia de Buenos Aires). En síntesis, ambas propuestas “habilitan, bajo permisos y condiciones específicas, el uso productivo de superficies adyacentes a las rutas nacionales”, sin tocar las banquinas.
Eso se ocupó de aclarar especialmente Barbechando, que es evidente está a favor de incorporar esas tierras. “Los proyectos apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas. Un punto central es que no propone sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial”, explicó la ONG productiva.
Lo primero es lo primero. Ambas iniciativas apuntan a revertir una prohibición que rige desde 2008, año del conflicto por las retenciones móviles entre el campo y el kirchnerismo, y que puso fin a una práctica que era habitual en muchas de las rutas concesionadas.
“De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”, indicó Barbechando. En la Argentina se siembran cada año unas 40 millones de hectáreas.
La Fundación también recordó que hay antecedentes de provincias que legislaron sobre su propia trama vial. “Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires”, se informó.
¿Y quiénes serían los concesionarios? De acuerdo con el proyecto de Sánchez Wrba, los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada.
Donde no hay acuerdo es respecto al destino de los fondos que se recauden vía ese tipo de permisos. “Por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de Unión por la Patria tiene un fin social y cooperativo”.
