El megaproyecto HIF Paysandú implica la construcción de una planta que estará situada en Constancia, a 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú, sobre el márgen oriental del Río Uruguay. El proyecto contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a una nueva planta de combustibles renovables, como el bioetanol. Incluye un parque solar fotovoltaico, otro eólico, y muchas otras instalaciones que lejos están de la imagen de una planta pastera de celulosa, como era Botnia.,
“La planta de e-Combustibles HIF Paysandú será nuestro primer proyecto en Uruguay y el mayor de Sudamérica. Proporcionará aproximadamente 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 empleos directos durante las operaciones”, dicen estos nuevos inversores que, de todos modos, podrían repetir aquella historia, cuando el proyecto de la primera pastera uruguaya (ubicada en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú) enfrentó una alta resistencia en este lado del río, que incluso escaló hasta ser un conflicto diplomático binacional.
Por ahora es solo una posibilidad lejana. Pero lo cierto es que ese proyecto energético que Uruguay impulsa sobre la margen oriental del río fronterizo, a la altura de Concordia, también en la provincia de Entre Ríos, llegó a la Justicia argentina. Según informó el medio La Política Ambiental, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9 admitió la tramitación de un amparo colectivo contra el Estado Argentino y la empresa HIF Uruguay SA. La presentación critica el accionar del Gobierno de Javier Milei frente a uno de los emprendimientos industriales más importantes que se proyectan en la región.
Julio Daniel Roh, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Concordia, es uno de los denunciantes. Estos sostienen que el Estado argentino incumplió su obligación de proteger el ambiente al no impulsar mecanismos de evaluación ambiental transfronteriza, acceso a la información pública y participación ciudadana antes del avance del proyecto.
El centro del conflicto es HIF Paysandú, un megaproyecto industrial que prevé producir combustibles sintéticos (e-fuels) a partir de hidrógeno verde y captura de dióxido de carbono. La iniciativa contempla una inversión estimada de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares e incluye la construcción de una planta para producir e-metanol, e-gasolina y otros combustibles sintéticos, además de infraestructura energética, ferroviaria, vial y portuaria.
Los demandantes sostienen que el proyecto posee un evidente carácter transfronterizo y que sus posibles impactos ambientales no pueden ser evaluados únicamente por Uruguay. Uno de los puntos centrales del expediente es que la acción judicial no busca impedir que Uruguay desarrolle el proyecto, sino que cuestiona la actuación del Gobierno argentino.
Según la demanda, la administración nacional habría omitido activar los mecanismos previstos por el Estatuto del Río Uruguay, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales que obligan a ambos países a cooperar cuando una obra puede generar efectos ambientales sobre un recurso compartido.
Los demandantes sostienen que hasta el momento no se garantizó el acceso público a la información ambiental, no se convocó a instancias de participación ciudadana ni se promovió una evaluación de impacto ambiental transfronteriza.
En el escrito judicial se sostiene que un emprendimiento de esta magnitud podría generar consecuencias sobre ecosistemas compartidos, recursos hídricos, biodiversidad, actividades productivas y el desarrollo turístico de la costa entrerriana. Por ese motivo, consideran indispensable que cualquier evaluación contemple los posibles impactos acumulativos y transfronterizos antes de autorizar el avance definitivo del proyecto.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existió una omisión por parte del Gobierno nacional y si corresponde ordenar medidas para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información, la participación y la protección del ambiente antes de que el megaproyecto continúe avanzando.
Según la empresa multinacional, la iniciativa ya muestra grandes avances:
- El proceso de obtención de la autorización ambiental se inició en el primer trimestre de 2024 y se obtuvo la Viabilidad Ambiental de Ubicación (VAL) en el cuarto trimestre de 2025.
- Las solicitudes de autorización ambiental previa para los parques de generación se presentaron en el cuarto trimestre de 2025.
- El proyecto FEED se puso en marcha en el segundo trimestre de 2024, y en el cuarto trimestre de 2025 se anunció el diseño de la nueva planta para optimizar su integración medioambiental y territorial.
- Se realizaron más de 20 reuniones de participación ciudadana en todo el departamento de Paysandú
- Se han firmado acuerdos preliminares de compra con empresas internacionales, incluido un acuerdo reciente con la empresa alemana eFuel One
- El suministro de CO₂ proveendrá de las emisiones de la producción de bioetanol en ALUR, donde se han asegurado 150 kt/año, y de otras fuentes biogénicas.
