El agro reaccionó enojado -hubo un inédito comunicado de prensa de la Mesa de Enlace y la industria frigorífica- contra la posibilidad de que un proyecto de ley elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dinamite el sistema de financiación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). Pero ese no es el único tópico inquietante para el sector dentro del proyecto ómnibus que el Poder Ejecutivo prevé incluir en la agenda legislativa del segundo semestre.
En el capítulo 3 de ese extenso anteproyecto de ley ómnibus aparece otra amenaza que generó inquietud en los entidades agropecuarias.
El capítulo está dedicado a “Arrendamientos y aparcerías rurales” y propone directamente derogar la Ley 13.246 y sus modificaciones y la Ley 14.432. La primera es de 1948 y define reglas básicas para el funcionamiento de los arrendamientos de campos. La segunda es de 1955, ya consumado el golpe de estado contra el gobierno de Juan Perón, y establece algunas modificaciones desde la primera norma.
Sturzenegger, además de eliminar ambos digestos, incluyó en el nuevo proyecto el artículo 40, que establece que “los contratos de arrendamiento y aparcería rurales que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigencia de esta ley continuarán rigiéndose por las disposiciones de las Leyes 13.246 y 14.432 hasta su finalización”. Pero queda claro que el mercado de alquileres rurales será “libre” de cualquier regulación de aquí en más.
En declaraciones al programa Valor Agregado desde la Exposición de Palermo, expresó su preocupación por este capítulo de esta nueva ley desreguladora del gobierno de Milei.
“Hay un apartado donde deroga la Ley 13.246, que es la ley que regula todos los arrendamientos rurales, las aparcerías agrícolas, las aparcerías pecuarias, todo lo que nosotros hacemos en el campo y lo regulamos por un derecho agrario que tiene una particularidad y una especialidad puesta en la manera en que trabajamos, en nuestra producción, en nuestro ciclo biológico, en el tiempo que lleva hacer una vaca o aumentarle kilos de carne a una vaca. Bueno, todo eso desaparecería con una derogación de ley de arrendamientos, y iríamos directamente a la regulación del código civil como sería una locación urbana, sin las características y las particularidades que tiene el sector agropecuario”, explicó la dirigente, que además es abogada especializada en derecho rural.
La presidenta de Federación Agraria añadió: “Es un retroceso abismal”, ya que “nos están obligando a hacer un contrato que no considera las particularidades de la naturaleza, de los ciclos biológicos, de la rotación del suelo”.
Además explicó que la vieja ley define lo que son las parcerías rurales, es decir “todo lo que hacemos nosotros como aparceros, cuando cuando generamos una parcería con porcentaje de distribución, eso desaparecería. O sea, tendríamos que ir a un contrato rígido del código civil o a que cada parte se ponga de acuerdo de la manera que quiera. Perderíamos esa especialidad con todos los las características que tiene el sector agropecuario”, insistió.
“Nos sentimos avasallados, porque si de alguna manera, hoy somos chacareros es porque en aquel momento pudimos tener reglas claras. Y la ley de arrendamiento nos dio regla clara y que la deroguen nos pone en situación de desigualdad. Siempre hablamos de que hay que mejorar la Ley de Arrendamientos actual, porque también hay cosas que han cambiado, modos de pago diferente, formas de negociar distintas”, declaró Sarnari, visiblemente molesta con la derogación sin más que promueve Sturnzenegger.
Otro capítulo inquietante de la nueva ofensiva desreguladora está contemplada en el capítulo 5 del anteproyecto, que plantea la derogación de la Ley 25.849, sancionada en 2003 para crear la Corporación Vitivinícola Argentina, un ente mixto que tuvo al responsabilidad de llevar adelante un plan estratégico para esa economía regional clave en el Cuyo.
Sturzenegger ya había logrado, mediante una resolución de Agricultura, dejar sin financiamiento a la Coviar, aunque ese tema todavía está en discusión en la justicia, que concedió un amparo. Pero ahora quiere el aval del Congreso para por más y derogar la ley que dispuso su creación.
“La Coviar deberá presentar a la Secretaría de Agricultura dentro de un mes de entrada en vigencia la presente ley, un informe de cierre de gestión de la mencionada Corporación, el cual deberá contener un rendimiento de cuentas completo y detallado, el detalle de las acciones ejecutadas y el estado de los recursos asignados, con su respectivo respaldo documental”, dice un artículo añadido al proyecto de liquidación de ese ente. Además, a renglón seguido. establece que el gobierno podrá designar u n interventor en caso de que no se cumpla con ese mandato..
Otro capítulo inquietante para el sector es el 9°, referido a cuestiones impositivas, ya que podría establecer el final de la excepción de las cooperativas (incluyendo las agropecuarias) respecto de la obligación de liquidar el impuesto a las Ganancias, una queja recurrente de las agroexportadoras que se quejan de una “competencia desleal” por parte de esas empresas de la economía social. En su defensa, las cooperativas argumentan que ellas distribuyen dividendos entre sus asociados, y que cada uno de ellos paga Ganancias como corresponde. Además, según la ley vigente, las cooperativas están obligadas a reinvertir las utilidades que generen en nuevos proyectos de interés para sus integrantes.
Pero Sturzenegger quiere establecer cambios.
“ARTÍCULO 341.- Derógase el inciso d) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones”, dispone en ese tramo el anteproyecto. Y agrega que “ARTÍCULO 342.- Sustitúyase el inciso g) del artículo 48 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente: g) El interés accionario que distribuyan las cooperativas. Cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 82, inciso e)”.
En el caso de interés para las cooperativas agropecuarias, el texto que ingresará al Congreso define:
“ARTÍCULO 343.- Incorpóranse como párrafos segundo y tercero del apartado 3 del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los siguientes: ‘A los fines de la determinación de la ganancia neta imponible, las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza deberán detraer de los excedentes repartibles aquellas sumas que utilicen para cumplimentar los destinos indicados en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 42 de la Ley N° 20.337 y sus modificaciones”.
Pero además establece: “Del remanente así obtenido, quedarán gravadas por el excedente de 500 millones de pesos anuales. Este monto se ajustará anualmente, a partir del 1º de enero del año 2027, considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) operada entre los meses de enero a diciembre del año calendario inmediato anterior”.
Además propone: “Las sociedades cooperativas podrán computar como pago a cuenta de este impuesto la contribución especial establecida en el artículo 6º de la Ley 23.427 y sus modificatorias. Si del cómputo previsto surgiere un excedente no absorbido, éste no generará saldo a favor del contribuyente en el presente impuesto, ni será susceptible de devolución o compensación alguna”.
Cómo productor ganadero, mi humilde opinión es que el IPCVA no debería tener contribuciones forzosas. O que trabaje de forma voluntaria o que desaparezca. Y bueno.. lo de los arrendamientos rurales, obviamente está persona que opina no alquila campo ganadero. Que bajo está el nivel de este portal. Querer forzar por ley algo contrario al mercado es de necio.