En el extenso discurso de Nicolás Pino en el acto central de Palermo hubo algunos reclamos velados hacia la política agropecuaria del gobierno de Javier Milei, que es necesario leer entre líneas.
la falta de mantenimiento de las rutas y sobre todo el abandono de la responsabilidad nacional en las obras del Plan Maestro del Río Salado fueron uno de esos tópicos.
El gremialista agropecuario dijo respecto del estado paupérrimo de la red de rutas y caminos: “En cuanto a la infraestructura vial y de comunicaciones, el atraso en que se encuentra es una de las causas que producen el famoso costo argentino, que daña nuestra competitividad. Incluye los trenes y los puertos, pero también los caminos rurales, vitales para el transporte productivo. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia”.
Y añadió: “Otro ejemplo claro de falta de infraestructura es el atraso en las obras necesarias para prevenir las inundaciones, en la cuenca del río Salado. Pero, además, es urgente poner en marcha un plan coordinado de obras que prevengan contra fenómenos naturales derivados del clima, como la próxima llegada de El Niño”, reclamó.
Pino también reclamó por el alto costo del crédito para los productores.
Subrayó: “Un país que quiere ser potencia agrícola necesitará un sistema financiero capaz de sostener inversiones a largo plazo y acompañar a las fuerzas productivas. Con el ahorro propio podemos crecer, pero, para hacerlo con la velocidad necesaria, necesitamos líneas de crédito de largo plazo y a tasas compatibles con la inversión. Un crédito que no se puede pagar no es un crédito: es una quiebra asegurada”.
Respecto de la discusión en torno a la derogación de la ley de extranjerización de la tierra, que promueve el ministro Federico Sturzenegger dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el titular de la Sociedad Rural reclamó prudencia en el debate, ya que “entendemos que la Argentina presenta realidades productivas, ambientales y geográficas muy diversas”.
“Por eso, cualquier regulación debe contemplar esas diferencias. Creemos, asimismo, que toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y el uso de su tierra, siempre dentro del marco de la ley y procurando que ese ejercicio no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común”, explayó.
Y planteó una crítica directa a las fundaciones extranjeras que con fines ambientales, están comprando grandes cantidades de campos en el sur del país. “No es bueno, por ejemplo, que, como sucede en la Patagonia, los compradores que destinan áreas a la creación de reservas ecológicas, no estén obligados a establecer resguardos, que protejan a los vecinos”, reclamó.
Otro punto de conflicto, también promovido por Sturzenegger, es la reforma propiciada por el gobierno en el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne que es financiado y dirigido por productores y frigoríficos. El sector quiere que siga siendo obligatorio ese aporte. El gobierno propicia que sea voluntario.
Pino y el resto de las entidades ya plantearon su posición esta semana, pero ahora se introdujo en el discurso de Palermo un párrafo clave: “Hemos estado muy cerca de áreas de Gobierno como Cancillería, Agricultura y Ambiente, para demostrar que el sistema productivo argentino es competitivamente superador con respecto a sistemas como los de Estados Unidos, China y la Unión Europea, de modo de garantizar nuestro acceso sin restricciones a cualquier mercado. Participamos dentro del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna, en su tarea de abrir mercados al mundo, consolidando al mismo tiempo el consumo local”, realzó.
También marcó el presidente de la Rural cierta disidencia o mirada diferente a la del gobierno en torno a la adhesión argentina al régimen de propiedad intelectual en semillas UPOV 91, que el Presidente Milei prometió a su par estadounidense Donald Trump.
“Justamente, también con ellas, con las cuatro entidades que formamos la Mesa de Enlace en representación de los productores, con la cadena del sector y el Gobierno nacional, estamos trabajando en la configuración de las mejores normas para incluir en la próxima actualización de la ley de semillas”, recordó Pino, dando a entender que hay miradas disonantes sobre este tema, que deben ser abordadas.
Otro punto disonante es la situación en torno a la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales, la Osprera, por parte del gobierno nacional, en el marco de la cual incluso se investigan posibles casos de corrupción por intereses ligados a los Menem, aliados políticos de los libertarios.
Dijo Pino: “Seguimos conversando con la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, por un tema que nos preocupa: el sistema de salud de los trabajadores del campo, Osprera, que está en grandes dificultades. Los productores y trabajadores rurales aportamos a ese sistema de salud, pero no recibimos, hoy, la contraparte del servicio médico. Es absurdo y preocupante que tengamos que buscar refugio en otras obras sociales teniendo la nuestra, o quedar abandonados, a la buena de Dios”, remarcó.
