Desde que el incendio intencional en Sunchales hizo su aparición en la historia más reciente de Sancor, parece que las cosas se desestabilizaron en la planificación por avanzar hacia el control total de los activos de la ex cooperativa, la que pidió su quiebra y tiene un proceso muy acelerado por definirse.
Quizá el malestar entre las partes más insistentes y el juez que definirá este destino se habían tensado ya cuando el protagonista clave, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) comunicó oficialmente lo que había sido una reunión privada. El texto detallaba que el juez Marcelo Gelcich, se había reunido con empresas interesadas en conocer los detalles de la firma quebrada y evaluar posibilidades de invertir, en plantas, en marcas, o en todo.
Una deuda de 185 millones de dólares, se debería enfrentar con una valuación total de casi 53 millones de dólares de los bienes disponibles, media docena de plantas y las marcas.
Con una empresa forzadamente frenada durante 60 días desde el 22 de abril, cuando el Juez firmó la quiebra que se “autopidió” la Cooperativa, este lunes pasado quedaron despedidos con el 50% de la indemnización 736 trabajadores, de los 914 con los que contaba Sancor en el inicio de este proceso y luego de enlistarse a 178 para seis plantas, según el criterio gremial y por pedido del magistrado. Mientras tanto, no hay pago de salarios y lo que ocasionalmente se cobra se puede remontar la deuda a septiembre pasado.
Todo ese malestar se combinó con la filtración de una versión periodística que indicaba que Gelcich fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por uno de los síndicos, respecto a modificaciones en el proceso concursal, aunque sean hechos encuadrados en la ley.
Fue Fidulac SA, encabezada por Gustavo Scaglione, el empresario dueño de medios que merodea en torno a Sancor desde 2022, con el patrocinio del abogado Leandro Salvatierra, la que presentó un recurso de revocatoria con nulidad y apelación sobre la resolución en cuanto a plazos y montos de venta.
La firma solicitó la suspensión inmediata de los efectos, argumentando que el procedimiento estaba atravesado por graves vicios procesales y errores sustanciales que comprometían la validez del proceso y los intereses de la masa de acreedores.
Además de criticar el pago de 10 mil dólares para el acceso a documentación técnica, el empresario de medios objetó que los valores base fijados resultaban incongruentes con las valuaciones históricas de las plantas y activos intangibles, sin explicación técnica que justificara semejante reducción, criticando también la idea de poder vender por partes a la ex cooperativa.
Este miércoles pasado, el juez Gelcich rechazó de manera tajante el intento de frenar la venta de los activos y marcas de Sancor. Sostuvo que ninguna de las objeciones presentadas demostraba un daño real, actual e irreparable que justificara paralizar el proceso. Recordó que las discusiones sobre la distribución de tareas dentro de la sindicatura plural ya habían sido resueltas en fallos anteriores y que la división de funciones es una facultad exclusiva del magistrado.
Mientras tanto, suman ocho las empresas interesadas en los activos. El apuro le resultó llamativo a muchas, pero el juez subrayó que eso no responde a un capricho procesal sino a la necesidad de dar respuesta a los trabajadores despedidos y a los acreedores que esperan cobrar.
El texto judicial advierte con crudeza el impacto social de la caída de la empresa y recuerda que de la rápida venta de las instalaciones depende tanto la posibilidad de que los acreedores perciban parte de lo adeudado, como la apertura de una expectativa mínima de reactivación laboral en la región.
Con fecha del jueves y difundido este viernes a última hora, Gelcich hizo una manifestación fundamental. Constando escritos de varias empresas con el pedido de acceso a “contenidos faltantes en el Data Room”, que corresponden al síndico Juan Tomat, justamente quien habría hecho la denuncia por irregularidades del juez, pero que según trasciende además de esta habría registrado otras demoras en el trámite concursal y que estaría muy ligado a una de las partes interesadas en la compra, así como a la filtración de informes.
Lo dice el juez, esto genera una “demora en la integración de la información necesaria para cotizar”, así como las “visitas técnicas”, “en resguardo de la concurrencia, la transparencia y la formación de un precio que satisfaga el interés de los acreedores”.
Por eso se definió un cronograma extendido hasta el 17 de julio para hacerse de la información básica para el armado de propuestas, y en la fase siguiente la presentación de ofertas será hasta el lunes 20 de julio a las 9 horas, mientras que a las 10 de ese mismo día se hará el acto de apertura de las mismas.
Con 5 días hábiles posteriores se conocerá el dictamen de evaluación de la Sindicatura y la Coadministración, mientras que tres días después se extenderá la Resolución de Adjudicación, recordando que al momento de la definición de venta los pagos se deberán hacer de forma excluyente en dólares y en efectivo, una limitante para las firmas que sólo dependen de la normativa vigente para la compra de moneda extranjera.
Adecoagro, Milkaut (Savencia), Elcor, Punta del Agua y Fidulac eran las firmas que ya estaban en carreras por la totalidad o partes de los activos, sumándose Jewel Especialidades SRL (Grupo Ceibo), Fransro SRL y Sancor Seguros. Sobre esta última el escrito tiene una salvedad importante, “no puede alegar compensación el adquirente que sea acreedor, salvo que su crédito tenga garantía real sobre el bien que adquiere”, siendo esa la ventaja de la empresa derivada de la Cooperativa original y que ya se hizo del Centro de Distribución del Acceso Norte, en Buenos Aires, por una garantía anterior.
Pero hay una aclaración más interesante aún: “No se admitirá la compra en comisión, la actuación por cuenta de terceros no identificados, la cesión de la Oferta, la cesión de la adjudicación, la cesión del boleto o instrumento que se otorgue, ni la sustitución del adjudicatario”.
Con estas manifestaciones, Gelcich ratificó la continuidad del proceso de venta, priorizando la celeridad en plazos más lógicos, reafirmando que el tiempo es un enemigo letal en este escenario y mostrando el lugar de la Justicia, más allá de las presiones y las ambiciones individuales.
