Dueño de laboratorios pyme dedicados al rubro veterinario, el empresario Maximiliano Bruzzone denunció en múltiples ocasiones los mecanismos que, dentro del sector, terminan inclinando la balanza en favor de las grandes firmas. El último gran escándalo se desató al finalizar el gobierno de Alberto Fernández cuando, cansado de las trabas burocráticas, acusó a varios funcionarios de “corrupción” y, por comercializar productos sin aprobación -según dijo, fruto de esas trabas-, fue clausurado y esquivó por poco la quiebra.
El cambio de gobierno, y el protagonismo del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en decisiones vinculadas al sector ilusionaron a Bruzzone, que fue escuchado por el propio funcionario y puesto en consideración para eliminar mecanismos obsoletos.
Eso es lo que celebraba, en una entrevista con Bichos de Campo, en enero del 2025. Lo hacía pocos días después de una resolución con la que ahora discute y pide derogar. En el fondo, el empresario farmacéutico asegura que subsisten las mismas trabas denunciadas años atrás.
Se trata de la resolución 11/2025, publicada el 9 de enero del año pasado para establecer un nuevo marco regulatorio para la importación, exportación, elaboración, tenencia, fraccionamiento, distribución, depósito y/o comercialización de productos veterinarios y biológicos. La norma planteaba una aceleración de los trámites exigidos a los importadores y un régimen más laxo.
Sin embargo, Buzzone señala que, en los hechos, esa resolución equipara los suplementos nutricionales a los antibióticos o fármacos complejos, estableciendo las mismas exigencias de aprobación. El resultado, asegura, es el mismo que ha señalado en otras ocasiones: mayores dificultades para las pymes y, por ende, mayor informalidad.
Por eso, en representación de sus dos firmas, Infec SRL y Snaiwer, pero además de otros pequeños laboratorios, el empresario volvió a elevar un pedido formal a Sturzenegger, en el cual ahora le pide expresamente intervenir “obligar al SENASA a adecuar su normativa al estándar de los países líderes del mundo” e introducir importantes cambios a esa normativa.
Particularmente, Bruzzone se refiere a lo que ocurre con los suplementos dietarios veterinarios, compuestos vitamínico-minerales que contienen electrolitos, aminoácidos o extractos herbales pero no cuentan con una acción terapéutica, por lo que se consideran “de riesgo sanitario cero”.
De hecho, en otros países, puntualiza el empresario, muchos de esos suplementos no son expuestos a aprobaciones ni procesos de registro. Pero aquí, fruto de la resolución 11/2025, enfrentan “exigencias documentales, estudios de estabilidad de 24 meses y validaciones analíticas destructivas” al igual que cualquier otro fármaco complejo.
Esto tiene particular impacto para las pymes farmacéuticas, que son las que mayoritariamente se abocan a su producción. Y, una vez más, denuncian la desigualdad frente a las firmas líderes.
Al respecto, Bruzzone le señaló a Sturzenegger que suelen enfrentar “plazos de espera de 30 meses promedio y costos hundidos de hasta 343.000 dólares por producto, paralizando la innovación y la inversión en I+D” mientras que, para un mismo producto, a un laboratorio grande sólo le demanda 90 días hacerlo.
Asimismo, en su planteo el empresario hizo referencia a la decisión que él mismo tomó tiempo atrás y aseguró que la regulación excesiva “sólo genera más informalidad” ya que “los pequeños productores terminan no registrando y vendiendo igual, sin controles de calidad y sin trazabilidad”.
Sin ir más lejos, los propios registros del Senasa arrojan que, entre el 2020 y el 2025, se detectaron más de 460.372 publicaciones ilegales en plataformas digitales, más de la mitad vinculadas a los productos veterinarios. “La sobre-regulación expulsa a los fabricantes formales y fomenta la clandestinidad sin control real”, insistió.
Esto tiene un correlato particular en el sector equino, donde en los países líderes de la actividad los suplementos vitamínicos están exentos de aprobación previa o cuentan con un sistema simplificado y, asegura Bruzzone, Argentina se está perdiendo un gran mercado de exportación.
El ejemplo elegido es, justamente, el de Irlanda, un país que varias veces el presidente Javier Milei ha mencionado como un horizonte al cual mirar en materia económica. Allí, la regulación está alineada con la de la Unión Europea y, por lo tanto, los suplementos no tienen registro previo.
El resultado es directo: mientras que Argentina exporta apenas 108 millones de dólares al año en productos veterinarios, Irlanda, que cuenta con un stock equino similar, realiza envíos por 800 millones. “La sobre-regulación argentina nos deja fuera del mercado árabe y mundial”, lamentó el empresario.
En ese sentido, el pedido elevado al ministerio de Desregulación, al que accedió Bichos de Campo, delimita algunos cambios puntuales que, de introducirse a la mencionada resolución del Senasa, ayudarían a evitar que se siga expulsando a los pequeños laboratorios a la informalidad, a mejorar la inversión en investigación y a incrementar tanto los productos lanzados como sus exportaciones.
En primer lugar, recomienda la creación de la categoría “Suplemento Dietario Veterinario”, que involucre a “todo producto administrado por vía oral destinado a complementar la dieta animal habitual, compuesto exclusivamente por vitaminas, minerales, aminoácidos, electrolitos, glucosamina, MSM o extractos herbales autorizados, siempre que no declare claims (propiedades) terapéuticos ni curativos en su rotulado”.
Seguidamente, disponer que los productos encuadrados en la categoría de “Suplemento Dietario Veterinario” queden exentos de la obligación de tramitar un dossier farmacéutico previo, estudios de estabilidad analítica obligatorios y aprobación de la Dirección de Productos Veterinarios para su comercialización. El fabricante habilitado será el responsable legal directo de la calidad e inocuidad del lote lanzado al mercado.
En cambio, el sistema a implementar sería el de la “Notificación Simplificada Online”, tramitada como una declaración jurada por el fabricante.
Asimismo, del mismo modo que había impulsado el ministro Sturzenegger para la importación de productos veterinarios, la propuesta elevada pide echar mano a una lista de “ingredientes e insumos reconocidos como seguros” de acuerdo a los estándares internacionales. De ese modo, “cualquier fórmula que utilice exclusivamente estos ingredientes quedaría automáticamente desregulada de la vía farmacéutica”.
Por último, también redefine los mecanismos de fiscalización y propone hacer un giro hacia el control post-mercado. En ese caso, el Senasa sólo acreditaría la calidad a partir de muestreos en góndolas y veterinarias, para utilizar sus recursos de forma más eficiente y destinarlo a aquellos productos farmacéuticos que sí lo necesitan
“La desregulación inteligente no implica eliminar los controles sanitarios, sino hacerlos eficientes y proporcionales al riesgo del producto”, expresó Bruzzone.
