Toda la cadena de valor cañera, junto con Coninagro (cooperativas), la Cámara de Bioetanol de Maíz y Maizar, expresaron su respaldo al proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por la senadora Patricia Bullrich que cuenta con el aval del gobierno nacional.
Un amplio conjunto de entidades representativas de la producción, la industria, el trabajo, la academia y las cadenas de valor vinculadas al bioetanol consideran que la iniciativa “representa una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país”.
Y remarcaron que la iniciativa “avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles, promoviendo inversiones, fortaleciendo las economías regionales y permitiendo que Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial”.
Las entidades manifestaron su expectativa de que el Senado “reconozca la relevancia estratégica del proyecto” y acompañe su tratamiento, dando un paso importante hacia “una política energética de largo plazo que integre producción, industria, sustentabilidad y desarrollo federal”.
Las entidades destacaron que “una mayor incorporación de bioetanol en las naftas constituye una herramienta directa para mejorar la balanza comercial, reduciendo las importaciones de combustibles fósiles y contribuyendo al ahorro de divisas”.
En este sentido, el incremento de la mezcla obligatoria del 12% al 15% previsto en el proyecto de ley permitirá sustituir importaciones, generar mayor demanda para las producciones nacionales de maíz y caña de azúcar, y profundizar el proceso de industrialización de los recursos argentinos.
Por parte de la cadena de valor cañera, los firmantes del comunicado son el Centro Azucarero Argentino, Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, Universidad San Pablo (Tucumán), Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS), Cañeros Unidos del Este (CUE) y Unión Cañeros del Sur.
El comunicado también cuenta con la firma de dos entidades cordobesas: la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (BioPyme) y la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco).
En lo que respecta a bioetanol, el proyecto oficialista determina que el corte obligatorio actual del 12% pasará al 15% luego de un año de vigencia de la norma. Los cupos, que se asignarán a partir de rondas de negociación, deberán ser otorgados en partes iguales a productores en base de caña de azúcar y maíz sobre la base del corte del 12%. Los tres puntos restantes para llegar al 15% no estarán sujetos a ninguna regulación sobre la materia prima de origen.
El comunicado de la cadena de bioetanol se fundamenta en el temor de que, tal como sucedió en otras oportunidades, el lobby de las pymes elaboradoras de biodiésel termine liquidando la posibilidad de que el proyecto sea tratado en el Congreso.
La propuesta oficial propone una desregulación del mercado orientada a lograr precios más competitivos para que los biocombustibles se transformen en un aliado al momento de contener las presiones inflacionarias (tal como viene sucediendo en los últimos meses).
Donde dice “YPF te ayuda”, debería decir “YPF y el agro argentino te ayudan”
En el caso del biodiésel, el proyecto propone incrementar el corte obligatorio con gasoil del 7,5% al 10% luego del primer año de vigencia de de la norma, para lo cual se contempla un período de transición. Para el año 2028 establece un cupo mínimo de biodiésel del 5,0% a las empresas “no integradas” (que no fabrican aceite de soja), mientras que en 2029 el mismo será del 4,0%, en 2030 del 3,0% y a partir de 2031 el mercado quedará completamente desregulado, lo que implica que los cupos se asignarán a quienes presenten las mejores ofertas en las rondas de negociación.
Las pymes “no integradas” pretenden que el actual esquema de biocombustibles siga vigente, ya que un marco de competencia las dejaría, luego del período de transición, fuera del mercado al no poder competir con las grandes empresas del sector, que operan en base a economías de escala.
El mes pasado, durante un evento, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, sugirió que las pymes de biodiésel podrían transformarse en proveedoras de cupos adicionales establecidos por las provincias, de manera tal de garantizar al supervivencia de ese sector.
