En la región señalan que el drama de la cacería ilegal en la zona de Chascomús, Monte Grande, Lobos y Dolores puede estar llegando a un punto de no retorno. Y es que esta actividad, atribuida a “galgueros” del conurbano, hace al menos una década atemoriza a vecinos y productores, quienes ya muestran signos de hartazgo ante la inacción judicial.
Dicen estar viviendo en “el mundo del revés”. Porque quienes irrumpen en la propiedad privada para cazar especies furtivas y autóctonas -aún cuando están protegidas por la ley- son prácticamente intocables, pero cuando alguna de las víctimas toma represalias, enfrenta amenazas de muerte, cargos civiles y hasta procesos penales.
Algunos contratan seguridad privada, otros directamente se van de la casa cada vez que ven llegar a los contingentes, y junto a los cotos de caza ilegales recrudecen también los casos de robo y abigeato. Es la “nueva normalidad” que en la región se niegan a aceptar.
Una de las grandes atracciones de la zona es la presencia de antílopes de la India, una especie exótica que fue introducida hace décadas para la caza deportiva, cuando estaba habilitada. Hoy, se entremezclan con la fauna autóctona, como el ñandú, y todos ellos terminan siendo alcanzados por los veloces perros, entrenados para tal fin.
En mayo comienza la temporada alta para esta actividad, que tiene ya su circuito aceitado. Según explican en la zona, generalmente hay servicios que contratan guías y llevan en camionetas o minibuses a los contingentes, que suelen ser de localidades del conurbano. En muchos casos, además de sus galgos, llevan también armas de fuego.
“Ahora empieza a haber un tráfico permanente de vehículos en la zona. Se frenan, miran y van investigando los campos”, relata un productor de Chascomús, con la certeza de que serán estas las peores semanas del año para él, su familia y sus vecinos.
Los cotos de caza ya no están habilitados, pero tampoco son penados por la ley. A lo sumo, si la policía rural los atrapa, los responsables pueden recibir una contravención y quedarse en la comisaría el tiempo que demora firmar los papeles.
“Estamos a la buena de Dios”, afirma un referente, que paradójicamente integra el Foro de Seguridad Rural y exige reserva en su identidad por temor a las represalias que afrontan cada vez que denuncian a los responsables. Es un fenómeno que, en gran medida, sigue funcionando gracias a la inacción judicial y el miedo.
“Los hemos escuchado decir que llegó el ´taxi´ cuando los agarra la policía, porque los llevan hasta el destacamento y los sueltan. Están empoderados porque saben que no pasa nada”, describió.
Este productor es uno de los tantos que dicen estar sitiados por este flagelo. En su caso, en pocos meses pasó de tener más de 40 ñandúes en su campo a que sólo le dejaran 4 vivos, que hoy intenta reubicar junto con las ONGs ambientalistas. Siempre y cuando estas lleguen antes que los cazadores.
Estrictamente, el ñandú está considerado una especie silvestre protegida, por lo que su caza, captura, tenencia y comercialización están terminantemente prohibidas. Pero no así el antílope de la India, que es con el que se escudan los agresores para justificar su accionar. Y son luego convalidados por los funcionarios.
“Entre líneas, nos dicen que tenemos que agradecer que matan esa plaga. Pero si la solución es que manden a todo el conurbano a hacer cacerías indiscriminadas son más los perjuicios que beneficios los que nos ocasionan”, expresó el productor de Chascomús.
No se trata únicamente de la pérdida de fauna autóctona o exótica. Se trata también de pérdidas productivas, ya que en muchos casos los perros persiguen a los animales entre los rodeos en épocas de inseminación o de pariciones, pisotean los cultivos o alteran la calma en los tambos.
Y a ello hay que sumarle que se irrumpe en propiedad privada y junto con la cacería, se incurre en otros delitos, como el abigeato, el robo o directamente el desvalijamiento de las casas. Días atrás, a un productor le quitaron 25 ovejas, poco tiempo después de que otro viera cómo se habían llevado hasta la mesa con sillas de su comedor.
“Soy la séptima generación en este lugar, tengo hasta la ceniza de mis familiares acá, y no tengo ni respeto en el parque de mi casa. Vivimos con miedo”, expresó el referente.
Lo que está claro, aseguran en la región, es que el tema no es prioritario para la Justicia, que generalmente archiva las denuncias y desalienta a los vecinos a seguir insistiendo. Menos aún para quienes tienen que hacer más de 120 kilómetros para llenar los papeles.
En cambio, para quienes -por hartazgo, por impulso o por necesidad-, eligen defenderse solos generalmente el mecanismo es otro, y no son pocos los vecinos de la región que enfrentan procesos penales aún cuando actuaron en situaciones límite. “La Justicia se la agarra con las víctimas, pero tiene que haber una interpretación del Código a favor de la gente que trabaja. Necesitamos trabajar y vivir en paz”, afirman.
Ni la seguridad privada, ni los contingentes que empiezan a recorrer los caminos en esta época, ni dormir con miedo es novedad para ellos. Pero no son pocos los que se niegan a normalizarlo, y eso es lo que termina conduciendo a una escalada de la violencia, con consecuencias aún peores.
Por eso, es clara su insistencia: “Esto no va a terminar bien, porque la gente no aguanta mucho más tiempo así. Hay que poner orden”, concluyeron.
