Mediante una resolución publicada por la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el gobierno oficializó esta madrugada la eliminación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) ejecutado por la Coviar, la principal organización del sector vitivinícola argentino. La entidad pierde así su vía de financiamiento más importante mientras es instada, en el plazo de tres meses, a rendir cuentas y cerrar el programa que había sido creado para paliar la crisis sectorial.
Tal como lo establece la Ley 25.849, la Corporación Vitivinícola Argentina es la encargada de llevar adelante las tareas de promoción, investigación y planificación de toda la cadena, y para ello financia sus iniciativas con el aporte de los propios actores de la industria.
Su primer horizonte -tras su creación en 2004- había sido diseñar un plan estratégico 2020, que, vencido su plazo, se iba a relanzar con miras al 2030. Por el momento, la resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, anula esa posibilidad y elimina también las “contribuciones obligatorias”, poniendo en jaque la supervivencia financiera de la Coviar. Allí está integrado cerca del 80% del sector. La decisión del gobierno es un espaldarazo a Bodegas de Argentina, el grupo más reducido que discutía esa representación.
Aunque la implementación del PEVI 2020 constituye la piedra fundacional de este órgano -y así se lo aclara en el artículo 1 de la Ley que lo crea- su derogación no significa que, por extensión, deba también eliminarse la Coviar.
“El plan fue concebido para un período de ejecución que culminaba en dicho año”, en referencia a 2020, argumenta la resolución publicada por el gobierno, en la que disponen de un plazo de tres meses para su cierre formal, en el que se solicitará a la corporación la rendición de cuentas que indique el grado de cumplimiento de las metas, el uso y estado de los recursos asignados.
No quedan dudas de que la medida toma por sorpresa a la conducción del órgano, que en su última cita anual -el tradicional “desayuno” que coincide con la vendimia- se había centrado en los objetivos de largo plazo y había mencionado al 2030 como próxima meta. Incluso, en su discurso, el nuevo presidente Fabián Ruggeri, había dedicado una lluvia de elogios a la “institucionalidad” que representa la Coviar y el trabajo conjunto entre sus integrantes.
La decisión firmada por Sergio Iraeta pero claramente influenciada por el ministro Federico Sturzenegger, trae aparejada la eliminación de los aportes obligatorios, también contemplados por ley, que se le exigía a los establecimientos vitivinícolas. El argumento, señala la resolución, es que su “único y exclusivo fin era el de financiar las actividades, planes, programas y acciones del PEVI”, y que, como ese Plan Estratégico se declara concluído, “ha culminado la finalidad específica que motivó su creación”.
Es de recordar que hace ya tiempo algunas firmas del sector, agrupadas en Bodegas de Argentina, venían denunciando que el aporte se había convertido en un “impuesto encubierto” mediante el cual se obligaba a integrar una cámara y que, además, no había servido para cumplir con las metas originales del PEVI.
Incluso, cumplido el plazo de ese plan, en 2020, Bodegas de Argentina decidió retirarse del directorio de Coviar y oponerse férreamente a su relanzamiento con miras al 2030.
ELIMINAMOS UN IMPUESTO QUE EL ESTADO HABÍA REGALADO A PRIVADOS. Te contamos hoy una historia increíble: la de un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados! Sí lo que lees. Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta… pic.twitter.com/ZJ0R0HrBUP
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 5, 2026
“Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a los privados”, expresó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien celebró la medida mediante un comunicado en la red social X e hizo eco de los señalamientos a la Coviar por la supuesta malversación de fondos y la falta de eficacia del plan estratégico sectorial.
“El PEVI prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020”, recordó Sturzenegger, que asegura que parte del fracaso de ese proyecto estaba explicado por las famosas contribuciones obligatorias.
“Entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector 300 millones de dólares para financiar resultados que nunca llegaron”, agregó, sin contemplar otra lectura alternativa: que tal vez la cadena podría haber estado en una situación mucho más desfavorable si no hubiera sido por el plan sectorial.
El ministro dice siempre recibir las propuestas para sus iniciativas de parte de los productores, pero esta vez fue una de las pocas que incluso lo señaló con nombre y apellido: “La idea original me la pasó un productor mediano de Mendoza, Carlos Clement, que un día me preguntó porque seguía Coviar si tenía mandato vencido. Ahí nos pusimos a investigar y encontramos que se estaba cobrando en la ilegalidad”, recordó.
En efecto eso es así porque, si bien la corporación había solicitado extender el plazo del PEVI hasta 2030, en lo que anunciaron como una suerte de “relanzamiento” de las metas sectoriales, el gobierno recuerda que la autoridad de aplicación, y por lo tanto la encargada de evaluar esa decisión, es la secretaría de Agricultura.
Hasta el momento, no lo había hecho. Y a partir de esta resolución resolvió únicamente acreditar la extensión hasta el 2026.
La decisión alcanza también al “Plan Estratégico Uva de Mesa”, que, enmarcado en el plan general, apuntaba a “aumentar de manera sostenible, desde el 2004 y hasta el 2020, el valor agregado de la producción”.
“Si una bodega quiere asociarse lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación. Acá el Estado convertía en obligatorio el financiamiento de una entidad privada, y a quien no pagaba le clausuraban la bodega”, afirmó Sturzenegger, recordando que el incumplimiento de esa contribución habilitaba al INV a inmovilizar los productos de los establecimientos.
Por el momento, la Coviar seguirá teniendo personería jurídica, pero verá alterada no sólo su principal vía de financiamiento, sino también sus funciones, ya que desde sus inicios fue el brazo ejecutor del plan sectorial. El mismo que era dispuesto por ley, pero ahora se disuelve mediante una resolución.
Por estas horas, desde el órgano confirman a Bichos de Campo que se está trabajando en una evaluación técnica y legal de la decisión gubernamental, que motivará seguramente una respuesta.
