En la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario comenzó a tomar forma un proceso que en el agro ya muchos observan con atención, que es el avance de laboratorios privados de alta complejidad que podrían terminar cubriendo parte del espacio técnico que históricamente ocupó el Estado en materia de control y fiscalización.
El nuevo laboratorio de la BCR, que ya es considerado entre los más avanzados de la región para análisis de granos, alimentos y proteínas animales, nació -según remarcan desde la propia institución- mucho antes del actual proceso de ajuste sobre organismos públicos como INASE, INTI o incluso algunas áreas del Senasa. Sin embargo, su desembarco coincide con una etapa en la que el Gobierno nacional empieza a plantear abiertamente que ciertas funciones de control podrían migrar hacia el sector privado.
“Montar este laboratorio no fue una reacción a una medida del gobierno, porque esto empezó mucho antes incluso de que asumiera esta gestión”, aclaró Alejandro Rímini, jefe de promoción y servicios de BCR Lab, durante una entrevista con Bichos de Campo.
La aclaración no es menor. Dentro del propio sector privado buscan evitar que la expansión del laboratorio sea leída como una consecuencia directa del desmantelamiento estatal. Pero aun sin plantearlo en esos términos, reconocen que el escenario abre nuevas oportunidades.
“Este es un país que en este momento está atravesando una situación muy buena en cuanto a exportación y, en ese contexto, puede haber un beneficio para una empresa como nosotros que brinda servicios para el mercado interno y también para el exportador”, admitió.
En rigor, buena parte de los análisis de rutina que exige el comercio agroindustrial ya venían siendo realizados por una red de laboratorios privados habilitados, mientras que el Senasa conservaba principalmente el rol de auditor, supervisión y resolución de casos más complejos.
“La red de laboratorios ya absorbía la mayor cantidad de análisis que necesitaban las empresas. El Senasa tiene una postura de control en ese sentido desde hace mucho tiempo”, explicó el especialista. La diferencia es que ahora esa frontera entre control público y prestación privada podría empezar a correrse aún más.
Las recientes declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la posibilidad de privatizar parte de la fiscalización en semillas dejaron expuesta una idea que hasta hace poco circulaba en voz baja, que es que el Estado deje de ejecutar controles técnicos y pase a supervisar estructuras privadas que los realicen. En otras palabras, menos presencia estatal directa y más certificación tercerizada.
Más allá del debate político local, el crecimiento de estos laboratorios también responde a una presión concreta del mercado internacional. Los compradores externos ya no sólo demandan volumen; ahora exigen trazabilidad, residuos mínimos, protocolos más estrictos y certificaciones cada vez más complejas.
“Los clientes a nivel internacional son cada vez más exigentes”, señaló el técnico.
Ese fenómeno ya no se limita a granos. La nueva apuesta incluye proteínas animales, control de residuos en bovinos, porcinos y aves, además de servicios vinculados a fitosanitarios y buenas prácticas de laboratorio. Todo esto realizará el laboratorio de la Bolsa de Rosario en el corto o mediano plazo.
Ese cambio de escenario encuentra a la ganadería argentina en una coyuntura particular. Después de años de estancamiento, el negocio exportador volvió a ganar protagonismo y abrió una nueva ventana para cortes premium destinados a mercados de alto poder adquisitivo. Pero esa oportunidad comercial también eleva la vara técnica, ya que cada embarque necesita demostrar inocuidad, composición, ausencia de residuos, estándares sanitarios y de calidad que hace una década ni siquiera formaban parte de la discusión cotidiana del sector.
“La idea es crecer, ofreciendo cada vez más servicios y transformarnos en laboratorio de referencia”, resumió.
