Tras más de 15 días de negociaciones y medidas de fuerza por la actualización tarifaria de los transportes de granos, el servicio se reanudó prácticamente al 100% en todo el interior productivo, pero subsiste aún un punto de conflicto no menor: el puerto de Quequén.
A contramano de lo que sucedió en Bahía Blanca y en las principales terminales de carga de todo el país, en Necochea aún siguen activos los reclamos por un incremento en el precio del servicio para contrarrestar los aumentos del gasoil de los últimos meses.
De acuerdo a lo difundido por las cámaras aceiteras, el bloqueo en los puertos del sur bonaerense generaron pérdidas acumuladas por más de 450 millones de dólares, y la exportación pide barrer con ese “último resabio” para normalizar la logística. Pero del otro lado, la respuesta es tajante: “La llave para destrabar el conflicto la tiene el agro”, expresó un importante dirigente del sector a Bichos de Campo.
Fuego amigo y acusaciones cruzadas de “engaño”. La postura de los autoconvocados y los gremios que aún sostienen su reclamo indica que el conflicto, que por ahora no tiene fecha de finalización, necesitará de una nueva instancia de negociación.
El sector agroexportador calificó el bloqueo del puerto de Quequén como una medida sostenida por un “minoritario grupo que mantiene de rehén” a toda la comunidad productiva. Y, además, advirtió por las “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas” que allí se sostienen.
La respuesta fue emitida en conjunto por la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADE), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros Quequén-Necochea y la UATRE Seccional 10, que en un comunicado emitido ayer aseguran que “algunos sectores empresarios buscan agravar el conflicto, no dándole la seriedad que amerita la negociación y rompiéndola intempestivamente”.
La afirmación se desprende, aseguran los gremios, de que “de un momento a otro las cámaras empresariales retiraron su ofrecimiento y llevaron el conflicto a foja cero” en aquella región. Y, además, aclararon que, contrario a lo que se dice desde la agroexportación, “no existen piquetes ni cortes de ruta, y la medida consiste en un cese de actividades pacífico”.
Consultado por este medio al respecto, en el sector aseguran que el quiebre en la mesa de negociaciones, donde en principio se habían propuesto cifras por demás lógicas, tiene nombre y apellido. “El dirigente Ramón Jatip de CATAC ensució toda la negociación en la mesa asesora de cargas, difundió una tarifa que no está consensuada ni firmada por las partes y le mintió a todo el transporte”, señala uno de los dirigentes involucrados.
La afirmación hace referencia al incremento del 14% que en algún momento se creyó que estaba acordado, pero que, por el contrario, terminó por empantanar las negociaciones. “Con eso no cubríamos siquiera el aumento del combustible”, agregan.
En ese sentido, los transportistas aún en conflicto insisten en que el aumento debe ser del 25% para alcanzar a cubrir los costos actuales. En instancias anteriores, sin embargo, habían accedido a un 17%, ofrecimiento que había hecho Coninagro y que terminó frustrándose.
“Al momento de firmar, la Federación de Acopiadores no quiso y obligó a Coninagro a no hacerlo. Eso fue una jugada engañosa por parte del agro”, señalan desde el gremialismo, que luego vio por clausurada definitivamente las instancias de negociación cuando, aseguran, desde la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) se difundió una cifra menor.
“El canal de diálogo está abierto”, expresó uno de los dirigentes a este medio, que pasa la pelota al sector agropecuario por la falta de acuerdo.
Por su parte, en el comunicado difundido desde todas las gremiales, insistieron en que “el trabajo de miles de familia está en juego y la comunidad no admite excusas ni retrasos” y solicitaron a las autoridades nacionales, provinciales o municipales a involucrarse “en carácter de mediadores y garantes de la paz social”.
