El caso del ganadero y ex jefe de la policía rural de Santa Fe, Eduardo Alejandro Bieler, que debe enfrentar una multa de 379 millones de pesos tras “limpiar” un renoval que había crecido sobre los alambrados de su propio campo (algo que para la Secretaría de Ambiente constituye una violación a la Ley de Bosques), sigue dando que hablar.
Luego de la carta enviada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al gobernador Maximiliano Pullaro, en la que consideraron que el recurso contencioso administrativo llevado adelante por el productor ante la Justicia de Santa Fe no estaba siendo tenido en cuenta, y en donde también solicitaron suspender la multa “excesivamente alta” que podría hacerle perder su campo, el Foro de Seguridad Rural Argentino (Fosera) también cargó las tintas contra el caso.
“Instamos a las autoridades de la provincia de Santa Fe a dejar sin efecto de manera inmediata la sanción injustificada aplicada al productor ganadero Eduardo Bieler, quien fue multado por realizar tareas en un alambrado para dejarlo seguro, limpieza de picadas para un mejor manejo del rodeo y facilitarle el acceso al agua”, señaló a través de un comunicado.
“En el predio en cuestión no existen bosques nativos. Se trata de vegetación renoval surgido del abandono de tareas en el mismo, remarcamos que este campo fue desmontado hace varias décadas. Pretender imputar al productor actual supuestas infracciones derivadas de acciones realizadas por antiguos propietarios no solo resulta injusto, sino que constituye un grave error jurídico y una violación al principio básico de responsabilidad personal”, sostuvo a continuación.
Fue el propio Foro el que a comienzos de diciembre pasado dio a conocer este caso, justo cuando Pullaro ratificó las sanciones mediante el Decreto 909/2024. El conflicto, que viene en danzas desde el año 2021, había escalado al punto de definirse no solo la multa de 379 millones de pesos de pesos sino también un 20% adicional para “responder a intereses y costas” y el embargo de la propiedad, ubicada en la localidad de Vera.
“Sancionar a quien trabaja, invierte, mejora y produce no es política ambiental. Es persecución administrativa disfrazada de ecologismo. Este tipo de decisiones no protegen el ambiente: expulsan productores, paralizan la actividad y contribuyen al vaciamiento del campo”, afirmaron desde Fosera.
Y concluyeron: “Exigimos que se anule la multa impuesta y que se descarte de manera definitiva cualquier intento de confiscación encubierta de la propiedad privada, incompatible con el derecho, la producción y el desarrollo rural. EI campo no puede ser rehén de interpretaciones arbitrarias ni de funcionarios que desconocen la realidad productiva”.
Hasta ahora, Pullaro no respondió a ninguno de estos pedidos.
