Como en cada conflicto ambiental, el que involucra a los hermanos Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen en Salta es uno de larga data y con implicancias políticas. Se trata de un caso de desmonte a gran escala denunciado en 2013, judicializado pocos años más tarde y nunca resuelto.
Los empresarios son acusados de haber avanzado de forma ilícita sobre 11.000 hectáreas de bosque nativo -el equivalente a media ciudad de Buenos Aires- en la localidad de Dragones, en el norte salteño. Una zona donde habitan comunidades Wichis y que alberga a fauna autóctona protegida, que inicialmente estaba vedada para la tala y recibió cambios clave durante el gobierno de Juan Manuel Urutubey.
Apuntados por la Justicia, en 2018 firmaron un acuerdo mediante el cual los hermanos se comprometían a restaurar el daño provocado. Pero, ante los “reiterados incumplimientos”, y las dilaciones impuestas en los tribunales, el caso ahora se reactiva con un embargo multimillonario.
Por orden del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, la multa inicial de 171 millones de pesos ahora pasa a 21.800 millones. Así lo solicitaron el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román, para ampliar la medida precautoria existente y lograr que el acuerdo se cumpla.
“Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental”, aclararon desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, desde donde denuncian que hubo “reiterados incumplimientos por parte de los demandados”.
En distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026 consta que no sólo no hubo restauración activa, sino que además “persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados”. Pese a las restricciones judiciales, los hermanos aún llevan a cabo actividades agrícolas en esa zona.
El caso fue denunciado por Greenpeace en 2013, 2016 y 2023, y calificado por la entidad como “uno de los mayores desmontes ilegales de las últimas décadas”. Ocurrió en una estancia ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en donde se avanzó con topadoras sobre unas 11.000 hectáreas, el equivalente a media ciudad de Buenos Aires.
Inicialmente, fue una denuncia por trabajo no registrado ante la AFIP la que visibilizó lo ocurrido. Fue así como la Justicia dispuso en varias ocasiones medidas para el cese de los desmontes en esa región que, desoídas por los empresarios, culminaron en una condena por “desobediencia a la autoridad” para Juan José Karlen en 2015, un hecho inédito para casos de daño ambiental.
Posteriormente, en 2017, los hermanos asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y las comunidades de la zona.
El mismo incluía el compromiso de adoptar actividades agropecuarias bajo un esquema de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que otorgaran beneficios económicos, ambientales y climáticos, y permitieran la restauración de los servicios ecosistémicos de la región.
Homologado por la Procuración General de la Provincia en 2018, desde entonces no fue cumplido por los empresarios, que continuaron con sus actividades productivas convencionales en la región. Con multas por incumplimiento procesal mediante, los hermanos Karlen resistieron en reiterados planteos judiciales, apuntados por demorar el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental.
Al respecto, el procurador general Juan Sebastián Lloret, advirtió que el paso del tiempo agrava los efectos provocados sobre los ecosistemas y dificulta la recomposición del bosque nativo. Por ello, respaldó el pedido de actualización de las multas, lo que considera “necesario” para asegurar fondos suficientes para las tareas de restauración.
Ante la ampliación del embargo, que ahora alcanza a unos 15 millones de dólares, la defensa de los empresarios argumenta que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia las áreas afectadas son desmontables, y que, por ende, no existe delito. En su última presentación, solicitaron directamente la anulación de todo el proceso judicial.
La respuesta otorgada por la fiscal Rosa Vélez Román señala que ese planteo “carece de sustento jurídico” ya que la obligación de recomponer el daño ambiental no contempla los cambios normativos posteriores. Sobre todo, en el caso de los OTBN, que, como en Chaco, se saben herramientas muy permeables a las presiones y los amiguismos políticos.
Inicialmente, los terrenos de la finca estaban clasificados bajo Categorías I (Rojo) y II (Amarillo) del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), por lo que actividad de tala estaba tajantemente prohibida. Fueron los cambios introducidos durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey los que, mediante rezonificaciones, permitieron el avance de la frontera agrícola en esa región. Tras denuncias de organizaciones ambientalistas, dichas modificaciones fueron luego declaradas ilegales y derogadas.
Por el momento, la causa continúa en trámite y será la Cámara de Apelaciones de la provincia la encargada de determinar si hace lugar al planteo de los hermanos Karlen o si, finalmente, los obliga a afrontar el embargo millonario e iniciar, de una vez por todas, la recomposición del daño ambiental provocado.
