En cada diagnóstico trazado sobre la ganadería ovina patagónica, la presencia de depredadores es una constante y el abandono de campos una de las consecuencias. No hay ocasión en que los productores sureños no adviertan por los efectos productivos que producen particularmente los pumas, zorros y guanacos a esa actividad.
Eso explica por qué, en prácticamente toda la región, se implementaron siempre medidas tendientes a paliar la problemática. Lo que sí, siempre fueron descoordinadas y muy heterogéneas: desde la “caza por recompensa” -aún vigente en algunas jurisdicciones- hasta las técnicas más recientes y ecológicamente amigables, como el uso de perros guardianes. Ese es un debate aún abierto.
No está claro cómo este tema llegó hasta la Defensoría del Pueblo, pero ese organismo nacional ha elaborado diversos estudios sobre la situación en la Patagonia. El último de ellos, publicado días atrás, pone en tela de juicio varias máximas repetidas por los productores: Por ejemplo, que la presencia de depredadores no es tan relevante como se cree, o que la caza no solo no es efectiva sino que además es perjudicial para la producción, y que no hay ni evaluaciones ambientales ni políticas coordinadas entre las provincias afectadas, cuyo podio en términos de “atraso” lidera Río Negro.
Por su forma de producir -con pastoreo a campo abierto y sin supervisión constante- la ganadería ovina patagónica ha tenido siempre un punto de conflicto con la presencia de depredadores nativos, sobre todo el puma, el zorro colorado, el zorro gris y el guanaco. Pero, aunque se lo percibe como uno de los factores más importantes detrás de las pérdidas productivas, la Defensoría del Pueblo asegura que esa relevancia está “sobreestimada”.
“Según diversos estudios, la depredación por pumas y zorros representa menos del 5% de las pérdidas totales en la producción ovina patagónica”, expresa el informe, que señala que se han “subestimado otros factores que inciden en las pérdidas productivas, como enfermedades, manejo inadecuado de majadas, depredación por perros asilvestrados o condiciones climáticas adversas”.
Eso es lo que pone una señal de alerta, particularmente, sobre las medidas de control letal que se han implementado durante décadas en la región.
Aunque fue discontinuada en varias jurisdicciones, la “caza por recompensa” sigue vigente en una porción de la región patagónica. Esta iniciativa, que aún se implementa en Chubut y Río Negro, se basa en un esquema de incentivos económicos ofrecidos por el Estado o asociaciones rurales para reducir las poblaciones de depredadores. Generalmente, se trata del pago por cuero o cráneo entregado.
Sin embargo, especifica el informe de la Defensoría del Pueblo, realizado a pedido de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), observa que “múltiples estudios científicos demostraron que esta modalidad resulta ineficaz para resolver los conflictos productivos y altamente riesgosa para la biodiversidad”.
Los fundamentos técnicos y las experiencias estudiadas, por el contrario, insisten en que se debe avanzar con métodos no letales de manejo -como los perros protectores, sistemas de pastoreo rotativo o dispositivos disuasivos- que, orquestados entre las autoridades de la región, permitan compatibilizar producción con conservación.
Decíamos que el podio de las provincias que peor han hecho su tarea, siempre a juicio de la Defensoría, lo lidera Río Negro. Así lo aclara el organismo tras recabar información oficial de toda la región patagónica.
En efecto, señala, Río Negro “es la única provincia que reconoce explícitamente el uso continuado de incentivos económicos para la caza en forma indiscriminada de pumas y zorros como forma de control”. De acuerdo a las anteriores evaluaciones de ese organismo, de hecho, eso representa un “retroceso”, pues en años previos la práctica sólo se restringía a los “animales problema”.
Aunque no se ha accedido a cifras actualizadas, se estima que allí, anualmente, se eliminan cerca de 400 pumas y 1.000 zorros.
La otra provincia que aún avala y promueve la caza con recompensa de fauna nativa es Chubut, aunque en ese caso el sistema es selectivo, ya que se basa en denuncias públicas más sin autorización previa.
“No se establecen cupos o topes máximos de caza por año o temporada, habiéndose abatido -al menos oficialmente- 1.293 pumas y 14.859 zorros colorados en el período 2020-2024”, expresa el informe, que también observa que no hay evaluaciones ambientales que regulen las prácticas y que el sector productivo suele ser propenso a promover esas iniciativas letales.
En contrapartida, Neuquén aún sostiene el control mediante caza, pero sin ofrecer pagos o recompensas por ello. La provincia sí se destaca por haber institucionalizado, desde 2022, un programa de abordaje del conflicto mucho más integral, que incluye medidas no letales como el uso de perros guardianes. En esto último han trabajado junto a organizaciones ambientalistas.
El mapa se completa con Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el primer caso, asegura la Defensoría, la situación es “intermedia”, ya que, “si bien no ofrece recompensas desde 2014, mantiene la caza deportiva regulada por cupos y adolece de baja adopción de medidas preventivas eficaces”. En la provincia más austral, la conflictividad es baja, ya que “no se aplican recompensas, se protege al zorro colorado y se concentran acciones sobre el zorro gris”.
“Estas diferencias territoriales ponen de relieve la ausencia de criterios uniformes en estas provincias patagónicas y la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación técnica interjurisdiccional, monitoreo poblacional y asistencia productiva para avanzar hacia soluciones efectivas y sostenibles”, observa el informe.
La insistencia sobre métodos alternativos y no letales de control de depredadores se basa en realidad en evidencia científica recabada en la región. De acuerdo con el INBIOMA (Conicet) y el INTA, la caza por recompensa “carece de fundamento ecológico y eficacia comprobada” y, por el contrario, genera pérdida de biodiversidad y problemas productivos.
La principal razón de ese razonamiento es que, eliminando a los depredadores, lo que se genera es un “efecto cascada”: aumentan las especies presas, hay sobrepastoreo, se degrada el suelo, se pierde cobertura vegetal y se expande la presencia de otros depredadores y carroñeros.
Eso no quita que sea necesario disminuir los ataques de la fauna nativa, aunque lo recomendable sea hacerlo sin métodos letales e indiscriminados. “Eso requiere más inversión, acompañamiento técnico y cambios culturales”, señala la Defensoría del Pueblo.
