Desde hace años, como en muchos otros medios, en Bichos de Campo le venimos prestando atención al conflicto suscitado cuando la empresa Lácteos Vidal despidió en 2022 a prácticamente todo su personal luego de una protesta con bloqueo protagonizada por el gremio Atilra. El caso hasta ahora tramitaba por los carriles previsibles, entre la justicia laboral y también en los fueros penales. También tenía un alto voltaje político, porque resultaba emblemático para el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).
Pero ahora todo esa compleja trama se desmadró cuando un abogado del riñón del gremio Atilra, Julián Ramón Coronel, que representa a su vez a trabajadores involucrados en el conflicto, pidió a la justicia que investigue presuntos vínculos entre la propietaria de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, con el narcotraficante detenido Fred Machado, quien es investigado por la justicia de Estados Unidos y que ya provocó la renuncia de José Luis Espert como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y también a su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja.
“En la Causa 31095/2025 (“Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar”), la parte actora presentó un escrito demoledor ante la Justicia en el que se exige investigar de manera inmediata los vínculos del grupo empresario Lácteos Vidal con operaciones de narcotráfico internacional, triangulación de fondos ilícitos y violaciones graves a los derechos laborales”, dice un informe enviado por gente cercana al gremio de la industria láctea, que sostiene desde hace rato un conflicto con ese grupo empresario y en especial con Bada.
Esta presentación a la justifica, “se apoya en documentación de la Justicia de los Estados Unidos que confirma transferencias millonarias desde cuentas asociadas al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal”, dice la presentación, que llegó al tribunal laboral donde tramita la causa original, pero con copia a la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Según esta versión que ahora la justicia local deberá probar o rechazar, los aportes de Machado a la empresa láctea de Carlos Casares, están “registradas en planillas del Bank of America incorporadas a la causa que se instruye en Texas contra Machado y Debra Mercer-Erwin por lavado de activos de cocaína”.
Esas planillas “revelan además que Bada Vázquez aportó luego 215 millones de pesos a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023, lo que refuerza la sospecha de una triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina”, agregó Coronel, sumando una estocada contra la ministra de Seguridad de la Nación y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio.
Coronel, en su presentación, aprovechó para denostar al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que tiene como referente a Florencia Arietto y a la propia Bullrich. Según esta mirada, ese bloque empresario “intentó instalar” va la empresa como víctima, cuando “Lácteos Vidal acumula denuncias por despidos persecutorios, fraude laboral, incumplimiento de fallos judiciales y hasta amenazas con armas de fuego contra sus trabajadores”.
El abogado de los trabajadores advirtió que la causa laboral que mantiene enfrentados a la empresa láctea y el sindicato Atilra debería detenerse en tanto se no se investigue estos presuntos vínculos con el narcotráfico. Por eso su escrito solicita a la Cámara Federal que “detenga de inmediato las escisiones societarias dispuestas por la empresa; revoque el levantamiento de medidas cautelares, restituyendo el efecto suspensivo; y garantice la protección del crédito laboral de los trabajadores, evitando el vaciamiento patrimonial”.
“El caso Lácteos Vidal ya no puede ser reducido a un conflicto gremial: expone el cruce entre poder económico, narcotráfico y política, un entramado que amenaza el orden público y la seguridad jurídica en la Argentina. La Cámara tiene la obligación institucional y moral de frenar estas maniobras. Avalarlas significaría dejar la puerta abierta a un sistema donde el narcotráfico financia empresas y campañas políticas con total impunidad”, consideró el letrado.
