Un productor agropecuario jujeño podría afrontar 10 años de cárcel por las condiciones a las que, por más de 30 años, expuso a dos trabajadores de su finca azucarera.
Se trata de Guillermo Adolfo Ros, quien además de contador público es dueño de la empresa Finca Murcia SRL, y deberá afrontar un juicio oral y público acusado de reducir a la servidumbre a dos de sus empleados en un campo ubicado en San Pedro, al sur de la provincia de Jujuy.
De acuerdo al fallo de la Cámara Federal de Salta, al que accedió Bichos de Campo, Ros será juzgado por el “delito de trata de personas con fines de explotación, bajo el supuesto de reducción a la servidumbre, agravado por abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por haberse consumado su explotación”.
La fiscalía y la defensa pidieron una pena de 10 años de prisión efectiva, inhabilitación de sus funciones durante la condena y una reparación económica para las víctimas.
Quien tiene la palabra ahora es el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, que ya fue instruido por la jueza Mariana Inés Catalano a iniciar el juicio. Durante las audiencias de control de acusación de julio y agosto se definieron las pruebas que se tendrán en cuenta y otros aspectos procesales.
Según consta en el documento oficial, que lleva la firma de la jueza Catalano y resume las acusaciones que elevó el Ministerio Público Fiscal, los trabajadores J.V.C y F.A.A -cuya identidad preservaremos a fines de evitar la revictimización- fueron sometidos a condiciones laborales y de vida indignas desde su contratación.
J.V.C ingresó hace 31 años y F.A.A, hace 25. En ambos casos, la situación fue la misma: Como vivir en la finca era condición necesaria para trabajar allí, se mudaron con sus familias a una suerte de “casillas precarias” -resume la jueza- sin siquiera sanitarios y sin servicio de agua potable, luz ni gas.
Por fuera de eso, en lo laboral la fiscalía señala que tuvieron que cumplir con jornadas de doce horas y de lunes a lunes. No accedieron a vacaciones o días de descanso, ni tampoco medidas de seguridad, vestimenta o herramientas adecuadas.
“Sumado a ello, padecían con frecuencia sanciones y suspensiones que derivaban en descuentos sustanciales en sus salarios, que devengados a la ya baja retribución, imposibilitaban que las víctimas y sus familias accedieran siquiera a comprar elementos esenciales para su manutención”, señala el fallo de la Cámara Federal salteña.
Para julio del 2023, el salario de los trabajadores no superaba los 100.000 pesos, muy por debajo del convenio y lo que les correspondía por la cantidad de tiempo trabajado.
Esas son las pruebas más contundentes que pone sobre la mesa la fiscalía y la querella -que ejerce un defensor público- para solicitar no sólo la prisión efectiva e inhabilitación del productor, sino también el resarcimiento económico a las víctimas. La suma, entre ambos trabajadores, alcanza los 95 millones de pesos.
Por el lado de la defensa, los intentos de esquivar llegaron por varios frentes. Por un lado, pidieron la nulidad del juicios por la violación al principio de irretroactividad de la ley penal. Por el otro, la falta de acción penal porque el acusado recién asumió la dirección de la empresa en 2014, tras el fallecimiento de su padre. Además, alegaron contradicciones y falta de prueba.
Todos esos fundamentos fueron desestimados por Catalano, que se ampara en que, en una instancia anterior, el juez Guillermo Elías confirmó la acusación, por lo que se seguirá adelante con el proceso.
Agotadas las instancias previas y definido el material probatorio, sólo resta que el TOF de Jujuy, a quien la jueza remitió el fallo, sortee el tribunal que estará a cargo del juicio oral y público.
En el mismo, las víctimas no participarán, por un pedido de la fiscalía y la querella al que la Cámara Federal dio lugar. La razón, señaló Catalano, es que se quiere “evitar la revictimización”, pues los testimonios de ambos trabajadores ya fueron tomados en otras instancias judiciales y no es necesario repetirlos.
