La deuda de 1.700 millones de pesos por contribuciones patronales que pende sobre los productores y empacadores de peras y manzanas dejaría de ser una amenaza (por lo menos por otros dos años) si el Senado aprueba la prórroga de la Ley de Emergencia Económica de ese sector, que este jueves ye recibió media sanción en Diputados. Pero a la vez, prosperó una iniciativa para declarar en igual estado la producción de cítricos. Mientras que otros sectores legislativos proponen extender ese salvataje para todos los productores de uvas del país.
Vamos por partes, como diría Jack. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que prorroga por un año la emergencia económica de la cadena de producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Esto implica que no vencería fines de mayo la situación declarada por ley en 2016, mediante la cual las empresas del sector no deben depositar las contribuciones patronales mientras dure la emergencia.
Por esta situación, solo en el Alto Valle, se había acumulado un pasivo cercanos a 1.700 millones de pesos, que la AFIP quedaba en condiciones de reclamar (eventualmente hasta llegar a la ejecución de las chacras) si no se aprueba esta prórroga. Se supone que en el Senado esta ley pasará sin problema, ya que allí por ejemplo el bloque peronista mayoritario es liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto.
Pero por otro lado, en Diputados se avanzó con otro proyecto de ley que declara en situación de emergencia económica a la actividad citrícola en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy por el término de 365 días. La norma no incluye a las provincias de Salta y Tucumán, donde están establecidas las grandes empresas exportadoras de limones.
La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista de Entre Ríos Mayda Cresto y faculta al Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES. El senador del PRO por esa provincia es el ex líder agrario Alfredo De Angeli, que ya anticipó su apoyo al proyecto en la Cámara Alta.
“Siempre estamos del lado de los que trabajan y empujan el país”, indicó De Angeli tras reunirse con el presidente de la Federación del citrus de Entre Ríos (Fecier), Ariel Panozzo Galmarello, y de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Entre Ríos, Martín Rigoni.
Cabe aclarar que los dos sectores que tendrían regímenes especiales mientras dure la crisis protagonizaron esta semana un mediático “frutazo” en Plaza de Mayo, en el que regalaron 35 mil kilos de frutas como modo de exteriorizar su situación. Estas leyes eran uno de sus reclamos. Peor sus mayores demandas se concentran en el daño que están provocando las retenciones en su estructura de costos e ingresos, ya que las mismas, reestablecidas el año pasado por el Poder Ejecutivo, impactan en más del 30% del valor de la fruta. Sobre eso, en el Congreso no dijeron ni jota.
Por ahora, todo es patear deudas para adelante. En rigor, luego de los dos proyectos aprobados este jueves en Diputados casi sin debate, también el diputado por el Peronismo sanjuanino, José Luis Gioja, anunció que presentó un proyecto semejante para los pequeños y medianos productores de uva de nueve provincias.
“La situación de los pequeños y medianos productores de uva es insostenible por la pérdida de competitividad y el achicamiento de mercado interno; la situación económica actual hace que se derrumbe la venta de vino y eso produce que haya sobrestock de uva, el reflejo inmediato es la caída de su precio, lo que torna imposible mantener la actividad”, advirtió Gioja, que es vicepresidente de la Cámara Baja.
En su propuesta, el peronista pide que se declare la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social en la cadena de producción vinícola por 365 días, pero abarcando solo a productores de hasta 25 hectáreas en las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Río Negro, Chubut y Córdoba.
