Los sindicatos que defienden a los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebraron el jueves como una victoria que el Consejo Directivo de la institución, integrado por el gobierno, las universidades y las entidades del agro, haya puesto un nuevo freno al avance del ajuste sobre el organismo e incluso despedido a los cuatro delegados enviados por Juan Pazo a hacerlo. Pero saben que se trata solo de una tregua, porque la motosierra de Javier Milei luce incansable. No tardará en volver a la carga.
¿Y qué pretendía el gobierno con el INTA? Nada menos que despedir al 30% del personal ocupado actualmente y poner en venta las tierras y edificios de ese organismo que se consideren “improductivas”, entre otras cuestiones contenidas en el documento que Nicolas Bronzovich y Beatriz Pilu Giraudo, el presidente y la vice del organismo, los representantes del Ejecutivo, expusieron días atrás ante el resto de los directores de la academia y el sector productivo.
Bichos de Campo accedió a una copia de ese propuesta.
La supuesta “modernización del INTA” surgida del breve trabajo realizado por los ajustadores enviados por Juan Pazo -entre ellos Inés Liendo, una salteña que viene de despedir 900 personas del Instituto de la Agricultura Familiar-, comienza llena de buenas intenciones. Por caso, propone #”acordar estrategias” con las entidades del agro para llevar adelante la “reorganización interna” y la necesaria “revisión de programas, proyectos y actividades del INTA”, en el contexto de un modelo “basado en orden macroeconómico e inserción internacional” y con el objetivo de “recuperar competitividad, rentabilidad y valor de exportaciones”.
Luego, la propuesta entra al territorio mucho más crudo del ajuste, que comienza directamente por la Dirección Nacional (DN) del instituto. Explicamos: el INTA tiene una conducción política que es la que sesionó el jueves y donde conviven funcionarios y ruralistas. Pero a la par existe una dirección operativa, con cargos que se ocupan por concurso, y que tienen la misión de ejecutar las decisiones del CD.
Allí, de un plumazo, Liendo y sus colegas motosierreros querían reducir un 50% el número de cargos en apenas dos años. En total ahora hay 52 cargos dentro de la estructura de la Dirección Nacional y la prpopuesta del gobierno fue reducirlos a 27 cargos, es decir a cerca de la mitad. A la par, el Ejecutivo pretende crear una dirección general administrativa, para que maneje todos los ausnbtos de plata y personal. Esto es lo que ya sucede -por ejemplo- en el Senasa y la Secretaría de Agricultura, donde Pazo ya colocó a dos funcionarios fieles a él, para tener control de todos los gastos.
En este INTA que imagina el gobierno libertario, solo quedarían tres directores nacionales, de los actuales 10, que serían designados por el Ejecutivo en el primer año y “luego serían concursados”. Se sabe que esta promesa puede ser vulnerada con simples resoluciones que estirarían los mandatos de los directores designados por el Ejecutivo, como sucede en todo el resto del Estado. Si así sucediera, el gobierno de turno tomaría el control político total dentro del organismos tecnológico, donde hoy dichos cargos se ocupan por concurso de antecedentes.
En el caso de la flamante Dirección General Administrativa también se aclara que dependerá directamente del presidente Bronzovich: manejará todos los temas operativos y podrá “tendrá facultades para modificar procedimientos, normativas y estructuras”. El documento aclara que “en este rediseño de las estructuras se cerrarán áreas y su personal pasará a disponibilidad, para ser evaluada su continuidad por la #porpia) DGA”.
Allí, a nivel de la Dirección Nacional, ya habría una primera pasada de la motosierra. La estructura actual de la DN ocupa a 324 personas en la actualidad, de las cuales 61 son de planta no permanente. Además hay 64 personas contratadas por vía de las Fundación ArgenInta.
Pero lo peor está por llegar.
La aspiración del gobierno es recudir un 30% la dotación de personal actual del organismo, pasando de los 6.123 empelados en la actualidad (de los cuales 5.280 son planta permanente y 843 están en condiciones precarias de contratación) a solo 4.500 personas. En este planteo, entonces, se despedirán a 780 personas, aunque se mantendrá la dotación actual de 300 becarios. Curiosamente el gobierno plantea aumentar en el mismo lapso de 100 a 106 la cantidad de contratos ArgeInta, que suelen ser discrecionales.
“Para llegar al objetivo de 4.500 se tendrán en cuenta jubilaciones, personal pase a disponibilidad por cierre de áreas, reculaciones convenio y un nuevo plan de retiro”, promete la propuesta oficial. El año pasado el organismo puso en marcha un retiro voluntario, que apenas recogió 300 voluntades.
¿Y qué áreas cerrarán para poder deshacerse del grueso del personal? Este es uno de los puntos que más rechazo recogió de las entidades rurales, pues el plan oficial planteaba “cerrar” las 299 agencias de extensión rural que tiene el organismo, pasando 1.258 personas a disponibilidad “para ser evaluada su continuidad”. Y lo mismo sucederá con los IPAF, que son institutos específicos dedicados a transferir tecnologías para los pequeños productores.
De esta manera, de prosperar finalmente esta propuesta, el INTA abandonaría casi por completo una de sus tareas fundamentales, que es la extensión rural o el servir de polea para que las investigaciones que realizan lleguen a su supuesto beneficiario, que es el productor.
También se plantea que el recorte llegará a lso centros Regionales, donde no se permitiría que haya 3 agentes detrás de cada director.
En materia de tierras, la conducción del INTA parece haber dejado el manejo de la ofensiva para vender unas 70 mil hectáreas de campo, que este medio adelantó en exclusiva en diciembre pasado, en manos de la Agencia de Administración de Bienes del estado (AABE), que ya subastó el histórico edificio de la calle Cerviño. De ese área dependerán las definiciones.
Por lo pronto, el documento define que “se pondrán a disposición para su venta,c esión o explotación comercial tierras y edificios después de constatado que no se utilizan con fines productivos o estratégicos”. Es decir, confirma que la voluntad oficial es desprenderse de una gran cantidad de bienes inmuebles propiedad del INTA.
En el escenario imaginado por Broznovich, Giraudo y los ahora despedidos ajustadores de Juan Pazo, en este escenario imaginario el INTA podría además reformular su cartera de proyectos de investigación, ampliar su vinculación con universidades y con empresas privadas, digitalizar sus procesos y ofrecer sus tecnologías en un sistema “Bot-Agencia Virtual”, entre otras virtudes.
Por ahora, el principal escollo a estos planes es la propia comunidad del INTA que elaboró un proyecto alternativo y más moderado de ajuste. Pero también las universidades y las propias entidades agropecuarias que conforman el Consejo Directivo, que se mostraron más proclives a un ajuste mucho más moderado.
Pero nadie duda que la motosierra volverá muy pronto a la carga.
