Cambian los gobiernos. Cambian los discursos y los relatos. Pero algunas cosas no cambian nunca: el gobierno nacional se prepara para violar una vez más lo establecido por la “Ley de Bosques”.
La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.
Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2025 de la Administración Pública Nacional, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, equivale a un monto de 352.664 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones (derechos de exportación) agroindustriales deberían sumarse al menos otros 80.000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 432.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2025 asigna una partida de apenas 9.090 millones de pesos (apenas un 2,1% del monto correspondiente).
La violación de la “Ley de Bosques” está lejos de tratarse de una novedad porque desde que comenzó a regir la misma ningún gobierno integró la totalidad del Fondo de Conservación correspondiente.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.
También representa un atropello de la propiedad privada, porque, así como la norma reconoce la necesidad de compensar el lucro cesante de la tierra destinada a conservación, luego el propio Estado incumple de manera impune esa obligación.
El drama de esa circunstancia no es solamente económico y social, sino también –insólitamente– ambiental, dado que, tal como se está evidenciando en la provincia de Córdoba, el desmanejo de tierras abandonadas genera situaciones propicias para generar grandes incendios que se tornan tan incontrolables como destructivos.
Arrepentida Votamos a un nazi tarado. Dios nos ayude socorro Argentina!!!
No debemos permitir este atropello. Tenemos un pais maravilloso pero no sabemos cuidarlo.