El Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), una entidad creada en 1980 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, presentó un duro informe contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, en el que se lo señala por posibles violaciones a los derechos humanos de un campesino de esa provincia, que habría sido despojado de un campo de su propiedad.
Se trata del caso de Manuel Asencio Ardiles, un campesino al que el funcionario santiagueño denunció por usurpación de unas 23 hectáreas de campo, y al que luego mandó a desalojar junto a su familia.
El trabajo presentado por el Comité del IID recopiló todo el expediente del caso, e incluso viajó a Argentina en enero de 2023, para entrevistar al campesino y a su esposa, días antes de su fallecimiento.
Según pudieron constatar, durante el desarrollo del caso en cuestión, Alzogaray afirmó ser el titular de las tierras, basándose en una cédula real del año 1803 a favor de su familia, Por el contrario, la defensa de Ardiles presentó información sobre el traspaso de esos derechos al padre de este, otorgados judicialmente e inscriptos en el en el registro de propiedad correspondiente hace más de 50 años.
Esto fue impugnado por el funcionario, alegando que en el catastro registral no se encuentra la inscripción de esa sentencia a favor de la familia Ardiles. Posteriormente, la familia fue obligada a dejar las tierras. En ese proceso, denunciaron hostigamientos y amenazas por parte de los empleados de Alzogaray, y el accionar “brutal” de las fuerzas policiales, que no dejaron a la familia llevarse “sus pertenencias, ropa y ni siquiera las gallinas que utilizaban para subsistir”.
“Tras una amplia investigación, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina”, afirmó Armando Valladares, presidente del IID y embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante una conferencia de prensa realizada por representantes del IID días atrás, se indicó que Valladares, junto a otros miembros de ese Institutito, planean un encuentro con autoridades argentinas para entregar el informe y exigir una investigación en torno al accionar de Alzogaray, en este y en otros casos recopilados.
Sería el segundo encuentro en torno a esta temática. Previamente y durante el curso de la investigación, las autoridades de ese organismo fueron recibidas en Santiago del Estero por Carlos Silva Neder, vicegobernador de la provincia; Matilde O’ Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos; y Eduardo José Ramón Llugdar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. También fueron recibidas en Buenos Aires por Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, de la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
“Lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”, declaró Marcel Feraud, integrante del IID, en la última conferencia de prensa realizada.
En el informe, según dio cuenta Infobae, se concluye: “La sentencia judicial, confirmada en apelación y por el Superior Tribunal en Casación, operó como una revisión de una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada desde hace 45 años. Esta sentencia no solo destruye el instituto de la prescripción adquisitiva, sino que además hace responsable a Ardiles por una falta o negligencia del registro de propiedad al no inscribir correctamente su derecho adquirido.
A continuación, se añade: “El desalojo afectó también a los hijos de Ardiles y sus familias, quienes no fueron parte en el proceso judicial y fueron desalojados sin sentencia judicial que los mencionara, violando su derecho a la defensa. La Justicia se ha alejado de la búsqueda de la verdad y ha cometido una injusticia contra un ciudadano de escasa instrucción y patrimonio”.
Luego, las autoridades de la IIC recomendaron a la provincia “responder a la familia Ardiles por los errores de su catastro, la pérdida de los expedientes judiciales y, en definitiva, la conculcación del derecho a la propiedad y a la vivienda reconocidos por la Constitución local”.
