Por Nicolás Razzetti (@NicoRazzetti).-
La Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) que conduce Marcelo Rossi suspendió del Registro de Operadores de Cadena Agrolimentario (Ruca) a 130 mataderos y frigoríficos que no acreditaron la compra de los controladores fiscales de faena. Esa era la exigencia de las autoridades para seguir operando a partir del 1 de marzo, ya que con esa herramienta se pretende combatir la venta informal y la faena de hacienda con menos de 300 kilos.
Esos establecimientos representan el 29% del total de frigoríficos pero apenas el 4% de la faena. Ayer desde Agroindustria difundieron un comunicado en el que mostraron su conformidad por la cantidad de operadores que adhirieron a las nuevas exigencias y que suman el 96% de la faena vacuna del país. De eso dimos cuenta en Bichos de Campo.
Se trata de plantas ubicadas en Formosa y Chacho principalmente, aunque algunos también radican en la provincia de Buenos Aires. La suspensión regirá mientras no puedan demostrar la intención (mediante la presentación de la factura correspondiente) de adherir al nuevo sistema de control que impulsa Rossi, y que cuenta con el aval de las diferentes cámaras empresarios de la industria y de las entidades nucleadas en la Mesa de las Carnes.
En algunos casos, el argumento esgrimido para evitar la compra de lo que se llama cajas negras es el excesivo costo de los equipos. Desde la Succa aclararon que el monto ronda los 10.000 dólares y que eso incluye, en algunos casos, la instalación, y que en muchos casos fueron los mismos municipios los que implementaron sistemas de financiación para financiar la adquisición de la tecnología.
En tal sentido, destacaron que en Corrientes, la subsecretaría de Ganadería ofreció comprarlos y financiar a las empresas el pago. Eso ocurrió con 26 de los 28 establecimientos faenadores que funcionan en la provincia. A los otros 2 que no adhirieron a la propuesta, se les retiró la autorización para operar, que son aquellos a los que el Senasa no debería otorgar los Documentos de Tránsito Electrónicos (DTE) necesarios para mover hacienda. Eso es precisamente lo que reclaman desde algunos sectores industriales; que el Senasa acompañe la medida y no autorice los DTE correspondientes.
Hay algunas fuentes de información que dejan trascender que el costo de los controladores es mayor, de todos modos si su costo va desde 10.000 a 25.000 dólares (500.000 $ me hicieron saber), esto en economías regionales de pequeños a medianos faenadores es un costo muy alto y creo que se debió implementar de manera vinculante y obligada la financiación de los mismos de modo accesible y compatible con la rentabilidad y escala de las empresas. La faena clandestina seguirá en el sector. Un interrogante que me queda: de quien es el negocio de los controladores??