Mostrando cuáles son sus prioridades en materia de política agropecuaria, el gobierno nacional preparó un proyecto de ley de fomento a la agroecología, que plantea la creación de un registro de productores que practiquen ese tipo de actividad y preanuncia un sistema de identificación y etiquetado de los alimentos producidos sin agroquímicos ni transgénicos, entre otros requisitos.
La iniciativa, que ahora deberá ser discutida en el Congreso, plantea un punto de riesgo de colisión con actividades agropecuarias convencionales, que sí utilizan biotecnologías o insumos químicos, al plantear en su artículo 8° que “queda prohibido el ejercicio de actividades por parte de terceros que vulneren o restrinjan el derecho a ejercer libremente el desarrollo de la producción agroecológica”.
El proyecto de ley, que aquí reproducimos completo, tiene como objetivo general “el fomento, promoción y fortalecimiento de políticas, programas, proyectos y acciones para el desarrollo de la agroecología como sistema integral de producción, comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos, con centralidad en su carácter sustentable en lo social, económico, cultural y ambiental”, según aclara el primer artículo del texto.
“Asimismo –agrega- busca promover la integración a los planes de ordenamiento territorial, en sus diversas escalas, de acciones tendientes a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones agroecológicas”.
¿Qué se entiende por agroecología? En este punto el proyecto omite dar una definición clara y apunta a que se trata de un “paradigma que incluye elementos técnicos, ecológicos, científicos y de organización social para la producción de alimentos y otros bienes primarios o rurales desde un enfoque holístico e integral”.
La ley caracteriza a los sistemas de producción que estarán incluidos en este programa de fomento y especifica, en su artículo tercero, que no serán parte aquellos que usen “productos químicos de síntesis (plaguicidas, fertilizantes, hormonas, etc.) y organismos genéticamente modificados”.
Por el contrario, serán considerados aquellos sistemas que se caractericen por “preservar los sistemas productivos ambientalmente sustentables y energéticamente sostenibles con reducida dependencia de insumos externos, promoviendo la utilización y circulación de materiales locales”, además de aquellos que “promuevan una producción sustentable y sostenida de alimentos sanos y el acceso a los derechos de alimentación variada, sana y nutritiva”.
La autoridad de aplicación será en primera instancia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesa de la Nación y los beneficiarios serán “los productores y productoras rurales, perirubanos y urbanos que realizan sus actividades de forma individual, familiar, colectiva, comunitaria o asociativa, incluyendo trabajadores y trabajadoras rurales”. Se priorizarán además los agricultores, campesinos e indígenas y a sus organizaciones “en reconocimiento de su rol histórico en la preservación de los bienes naturales y culturales”.
Los puntos centrales del proyecto radican en la creación de un registro nacional de productores -copiando una idea semejante de la Provincia de Buenos Aires-, en el que se pondrán anotar y quedarán identificados los productores agroecológicos.
Posteriormente a ello, el Ministerio de Agricultura generará los mecanismos necesarios para la correcta identificación o etiquetado de los productos agroecológicos, que es la gran materia pendiente de este sector, que siempre ha renegado de los sistemas de certificación que tiene la agricultura orgánica, también fijados por otra ley en los años 90.
Por otro lado, se creará el Sistema Participativo de Garantía para la Producción Agroecológica (SPGPA) en el ámbito del Ministerio, para “garantizar un proceso participativo, con arraigo territorial y colectivo para el desarrollo de la normativa, la puesta en práctica y verificación de los sistemas de producción y elaboración, de manera integral y periódica de la producción agroecológica, buscando promover así la organización social de productores/as y consumidores/as y la gobernanza local”.
