En el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de tierras públicas a ciertas empresas agropecuarias, el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, acaba de solicitar el procesamiento del ex gobernador Jorge Capitanich, de su ministra de Ambiente, Marta Soneira, y de una serie de empresarios que serían de su círculo de confianza, acusados de participar de la maniobra.
Según consta en la investigación iniciada en 2024, se habrían adjudicado más de 3600 hectáreas pertenecientes al Estado del Chaco, a precios irrisorios, de entre 50 y 120 dólares por hectárea, que no alcanzaban siquiera el 3% de la valuación de mercado. Ello, en el marco de una maniobra que, se cree, favorecía únicamente a allegados del político y ex jefe de Gabinete nacional en tiempos de Cristina Kirchner.
Las acusaciones que recaen sobre uno de los máximos líderes de la provincia vinculan al marido de su ministra y a varios socios dedicados a la producción agrícola. En la causa, además, se evalúa el vínculo de estas adquisiciones con maniobras de desmonte ilegal.
Al asumir su cargo en el Instituto de Colonización, la actual presidenta Ana María Canata denunció irregularidades en los expedientes vinculados a la entrega de tierras fiscales realizados durante la gestión de su antecesora, Marta Soneira. Hasta que en 2022 se dictó la incompatibilidad, la entonces ministra de Ambiente ocupaba ambas sillas al mismo tiempo, y por eso es señalada como figura central de esta maniobra.
De acuerdo a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, que representa Amad, antes de dejar su cargo en el instituto, en 2021, Soneira había otorgado un permiso de ocupación a Leandro Bessone, socio de su esposo Mauricio Cian, en tierras que luego le fueron adjudicadas. Más tarde, ya únicamente como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, había refrendado los decretos que favorecían a otros allegados.
En el repaso que hace el sitio especializado Litigio, consta que se trató de cuatro adjudicaciones de campos en la localidad de Almirante Brown, de la que fueron beneficiarios socios de Cian en las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL y que se realizaron a precios que representaban entre el 1 y el 3% del valor de mercado.
Federico Storti y Leandro Bessoni obtuvieron cada uno 1250 hectáreas, y Nelson Pochón recibió dos lotes que suman más de 1100 hectáreas. De acuerdo a los registros del Banco Central, se sabe que Bessone pagó 50 dólares por hectárea, mientras que Pochón, alrededor de 120.
Aunque todas las entregas se llevaron a cabo cuando Soneira ya no dirigía el Instituto de Colonización (sino que quien lo hacía era Sheina Waicman) el fiscal argumenta que la ministra no podía desconocer que los beneficiarios de las maniobras eran personas de confianza de su marido. Además, al ser ella la que firmaba los actos administrativos, se la responsabiliza en última instancia.
Bajo ese mismo argumento es que Amad también solicitó el procesamiento del ex gobernador Jorge Capitanich, quien en última instancia ratificaba, mediante un decreto, lo dispuesto por su ministra de Ambiente.
La defensa del ex gobernador chaqueño argumenta que, según lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 471-P, el gobernador tiene la obligación legal de firmar decretos de adjudicación de más de 300 hectáreas de tierras. Sin embargo, el fiscal asegura que éste sabía, o bien no podía ignorar, que esas solicitudes beneficiaban directamente a los socios de Cian.
“La obligación era custodiar los bienes del Estado y no dárselos a socios del esposo de una funcionaria. Sostener que debe firmar ´sí o sí´ incluso ante irregularidades es, para la fiscalía, un absurdo lógico que no lo exime de responsabilidad pena”, expresó en su escrito.
El expediente también dedica algunos pasajes a un posible vínculo entre estas adjudicaciones con el desmonte ilegal en la provincia. Se trata de acusaciones que ya habían sido vertidas sobre ambos funcionarios por haber facilitado el avance sobre terrenos protegidos mediante el trazado de un nuevo Ordenamiento Territorial (OTBN).
En efecto, la causa vuelve a poner la lupa sobre las modificaciones introducidas durante el mandato de Capitanich, y ratificadas por la legislatura provincial en 2024. Hubo diversos señalamientos a ese OTBN por aparentes cambios en el uso del suelo que habrían beneficiado a la actividad económica de empresarios de confianza, tiñendo de color verde a terrenos propios, o bien de rojo a los ajenos, para facilitar su adquisición.
El pedido del fiscal es juzgar a Soneira y Capitanich por fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento Ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, también pide imputar por lavado y evasión al esposo de la ex ministra y a sus tres socios que fueron beneficiados con tierras fiscales.
El juez de la causa deberá analizar lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y definir si, finalmente, avanza con las imputaciones.
