A partir del 1 de enero de 2025 no podrán ingresar al territorio de la Unión Europea (UE-27) productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
Para poder cumplir con esa exigencia, Argentina desarrolló un sistema de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Si bien la plataforma Visec surgió a partir de una exigencia foránea, lo cierto es que, cuando comience a operar el año que viene, representará la primera experiencia a nivel global de soja 100% trazable realizada por un país, dado que para entonces ni Brasil ni EE.UU. –los otros dos grandes exportadores de productos del complejo sojero– no contarán con un sistema equivalente que cubra la totalidad de los embarques de poroto y harina de soja.
Para poder comprender el estado de situación de la plataforma Visec, Bichos de Campo consultó a Gustavo Idígoras, presidente de Ciara. CEC, quien fue uno de los impulsores de Visec y es la persona que más sabe en la materia.
“La plataforma Visec es el intento de respuesta que tiene las cadenas de valor de la soja y de la carne vacuna de la Argentina para cumplir con el reglamento europeo 1115/2023, que es de carácter obligatorio a partir del 1 de Enero de 2025, con lo cual todos los embarques de poroto y harina soja y carne vacuna –entre otros productos– deben cumplir con la trazabilidad plena, desde el lote de producción, con cadena custodia de las diferentes instancias hasta la exportación final”, comentó Idígoras.
“Visec está compuesto por las cuatro entidades de productores agropecuarios más las dos entidades técnicas, por los corredores de Buenos Aires y de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario, las Bolsas de Cereales de Córdoba, de Bahía Blanca, de Entre Ríos, de Chaco, de Buenos Aires y de Santa Fe, las cooperativas argentinas, ACA y AFA, además de todas las empresas exportadoras y sus puertos. Por eso es que hablamos de un enfoque cadena de valor”, añadió.
¿Existe alguna posibilidad de que la implementación de la norma europea se postergue?
El reglamento europeo no tiene fecha de prolongación: entra en vigencia el 1 de enero del 2025. Eso ha sido ratificado por la Comisión Europea (el Poder Ejecutivo de la UE-27) y por el Estado europeo en todos sus ámbitos.
¿En qué estado de avance se encuentra la plataforma Visec?
La plataforma hoy ya tiene un protocolo único y consensuado. Se han hecho más de cincuenta reuniones con integrantes de toda la cadena de valor para consensuar un protocolo, que es básicamente cómo se instrumenta el proceso de trazabilidad. El diseño del software está muy avanzado y la idea es tenerlo finalizado para aproximadamente junio o julio de este año. El tercer elemento es que a partir de abril vamos a lanzar los ‘talleres de sensibilización’ con acuerdo y en consonancia con la agenda de reuniones que ya tienen las entidades de productores. En cada reunión que nos inviten, va a haber un módulo Visec con el propósito de explicar las exigencias del reglamento europeo y el funcionamiento de la plataforma Visec. A partir del segundo semestre se vienen los talleres de capacitación, donde cada acopio en la Argentina va a tener que estar habilitado por Visec de manera online; esto lo estamos haciendo con la Federación de Acopiadores a través de la plataforma Incagro. Lo mismo se llevará a cabo con exportadores y cooperativas. Y a partir del 15 de abril próximo empieza la carga de datos de empresas agrícolas con cada uno de los Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuario) por lote de producción agrícola. Esto no representará ningún costo para los productores.
¿Pero esa tarea de carga la tienen que hacer los propios productores?
No. Esa tarea la harán las empresas exportadoras, cooperativas, acopios y corredores en la plataforma Visec, que es un sistema de gestión privado y voluntario que administra la Bolsa Comercio Rosario con todas las condiciones legales y de seguridad cibernética correspondientes. El productor lo que va a hacer es recibir una comunicación vía correo electrónico para autorizar, con firma electrónica, que la compañía tal, sea exportador, cooperativa, acopio o corredor, lo pueda dar de alta en el sistema, especificando que esos registros no van a tener un uso de características comerciales más allá de lo que él puede autorizar; sólo van a tener un uso de cumplimiento de originación en materia ambiental. En una primera tanda, se enviarán las solicitudes a 30.000 firmas agrícolas.
¿Con qué criterio se van a elegir a las empresas que comenzarán a recibir las notificaciones?
Cada empresa lo va a hacer con sus clientes. El primero en realizar la carga es el que valida a la firma agrícola, lo que implica que, si una firma vende a varias empresas –lo que es habitual–, el primero que realiza la tarea es el que valida y luego, si una empresa envía una solicitud correspondiente a una firma que ya fue cargada, el sistema emite un aviso para evitar repetir la operación; eso lo hace sin informar quién cargó previamente a la firma para preservar el secreto comercial. En caso de haber “lagunas” de datos, el sistema emite un aviso para que sean completados. Este esquema va a ir trabajando de manera tal de llegar al último trimestre del año con el registro completo de firmas agrícolas cargadas a la plataforma.
¿El productor va a recibir entonces un mensaje de algún originador o algún corredor de granos para que aporte qué datos?
El productor, a partir de estos días, ya está empezando a recibir solicitud de los requerimientos, que incluyen el número de Renspa de cada lote de producción agrícola. Es importar aclarar que solamente se pide el número correspondiente a los lotes dedicados a la actividad agrícola y no al resto de las actividades eventualmente comprendidas en un establecimiento. El conjunto de esos lotes, que representan para el sistema una unidad productiva, son los que luego el comercializador le pedirá a las empresas que brindan servicios de imágenes satelitales que hagan un análisis por campaña agrícola para verificar la condición libre o no-libre deforestación según la normativa europea. El período anual de análisis se extenderá de abril a marzo de cada año. Si el sistema detecte una condición de no-libre de deforestación, existe la posibilidad de realizar una rectificación en caso de haber, por ejemplo, equivocado el polígono informado de algún lote que no estaba dedicado a la actividad agrícola. El proceso de rectificación será de carácter digital.
¿Se van a establecer criterios diferenciales de riego por zonas de producción?
Se realizó un mapeo a nivel nacional para determinar las categorías de riesgo que tiene cada zona. En caso de estar comprendido en un área de riesgo alto o medio, la empresa agrícola va a tener que contratar a una certificadora para que verifique que efectivamente se está trabajando sobre los lotes informados y no se hizo una falsa declaración. De todas maneras, el trabajo realizado muestra que a diciembre de 2020 Argentina tenía un riesgo en una proporción del 0,05% sobre el total de la superficie dedicada a soja; en términos nominales, son aproximadamente 6500 hectáreas que están en incumplimiento de la legislación europea y 4200 hectáreas que están en incumplimiento de la legislación argentina (Ley Nº 26.331 o “Ley de Bosques”).
Es una superficie insignificante en función del área nacional de soja sembrada en la Argentina.
Así es, lo que nos lleva a la conclusión que deberíamos estar en condiciones de cumplir con la norma europea, pero para eso hay que trazar. Y ese es el concepto novedoso: la trazabilidad en la cadena comercial es un componente nuevo que tenemos que acostumbrarnos a reconocer, porque no solamente va a ser de cumplimiento para la legislación europea, sino que también será indispensable para muchísimos mercados del mundo y además para el productor, porque si hoy podemos trazar deforestación, hacia el futuro se pueden trazar muchos otros aspectos más que tengan que ver con el proceso de producción o la calidad del producto final; entonces el productor mismo podría disponer de su propia información para uso comercial.
El concepto es novedoso, pero genera “ruido” porque se instrumentó a partir de una exigencia foránea.
Sí. Esto está generando “ruido” a nivel mundial. A mí me toca participar en casi todos los eventos que hay sobre estos temas en países africanos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, y el nivel de preocupación es muy elevado. Pero hoy la Argentina está muy bien posicionada al respecto. Existe un alto reconocimiento sobre Visec por parte de la Comisión Europea.
Entonces lo que deben saber los productores es que una primera muestra de 30.000 empresas comenzará a recibir solicitudes de requerimientos de datos de lotes de producción agrícolas, sean propios o arrendados, y que, si está todo en orden, no habrá novedad posterior, mientras que si aparece alguna inconsistencia, se les pedirá una rectificación.
Sí. La solicitud básicamente es un “template” integrado por varios ítems que se completa en una planilla Excel, que fue diseñada por la Bolsa de Comercio Rosario. Luego esos registros son contrastados con información satelital y, en caso de haber una inconsistencia, se enviará una nueva comunicación para brindar la posibilidad de una rectificación que permita así dar de alta a la firma agrícola en la plataforma Visec.
¿Por qué se decidió incorporar una primera tanda de 30.000 firmas agrícolas?
Ya existe en la Argentina un antecedente relativo a la materia que es la denominada “soja EPA” por parte de EE.UU. (normativa para validar campos que no han registrado deforestación desde 2007) y la soja 2BSvs por parte de la Unión Europa. Ambos sistemas contemplan alrededor de 5,0 millones de toneladas de soja comercializadas actualmente en la Argentina. Existen corredores y originadores que ya tienen disponible esa información, que constituye el primer tramo de la carga de datos a la plataforma Visec.
Entonces, por decirlo de alguna manera, representa lo “más fácil” para cargar a la plataforma.
Lo más fácil, básicamente sí. Y lo más rápido porque ya está verificado hace más de quince años.
Un aspecto importante es que a partir del 1 de enero de 2025 absolutamente todos los contratos de compraventa de soja van a tener la condición de “apto Visec” más allá de que la soja luego se destine a cualquier otro mercado que no sea el europea. O sea esto representa un cambio estructural en la comercialización agrícola.
Sí, pero se trata de un sistema voluntario; el que quiera hacerlo, lo hace. La exportación tomó esa decisión teniendo en cuenta que la segregación física es costosa y de muy difícil implementación. Y fue un gran pedido de los acopios y las cooperativas: buscar un sistema único y uniforme, porque de lo contrario, con la segregación física, el proceso se iba a encarecer demasiado para un producto que, en definitiva, es un commodity. ¿Cuál es el gran debate que tenemos en este momento? Si tiene que haber un mercado con una prima de precios en Europa para pagar este esfuerzo. Este es el gran debate en la actualidad. La Comisión Europea dice que el costo no es tan elevado, pero reconoce que debe existir. Brasil habla de valores muy altos. Nosotros en la Argentina decimos que no estamos todavía listos para calcularlo, pero que lo haremos cuando tengamos plenamente habilitado el sistema.
En realidad, eso también lo puede determinar el mercado, porque si Brasil empieza a experimentar problemas para exportar harina de soja a la UE-27, entonces la “prima” en ese mercado probablemente aparecerá por efecto de la reducción de la oferta disponible.
Dependerá de la condición del mercado que vaya a haber. Lo que nosotros transmitimos es que esto tiene un costo adicional. Y ese costo adicional debería estar reflejado en el precio de la harina de soja destinada al mercado europeo.
Si bien el sistema de trazabilidad está siendo instrumentado por el sector privado, existe una parte de la normativa europea que depende de la presentación de documentación por parte del Estado. ¿En qué situación se encuentra esa instancia?
El reglamento europeo se divide en dos partes. La primera es la responsabilidad empresarial, que es la trazabilidad de cada lote de producción y la certificación final de cada embarque; eso es responsabilidad plena de los privados. La segunda es la categoría “riesgo país”, que depende del Estado de cada nación. En ese sentido, el gobierno anterior fue muy renuente a poder colaborar con nosotros y tuvo incluso en un momento alguna intencionalidad de generar una “tasa ambiental” para cobrar a los productores y generar un sistema estatal de verificación y trazabilidad, que fue plenamente rechazada y nos pusimos de acuerdo con el Consorcio ABC y la Sociedad Rural (SRA), entre otros actores, para firmar un acuerdo con el entonces ministro de Economía (Sergio Massa) en septiembre del año pasado con la finalidad de evitar que el Estado intervenga en cuestiones en las que no debía interferir. Pero eso llevó a que la Cancillería argentina nos diera apoyo técnico, pero no político. Este año, con el nuevo gobierno (de Javier Milei) cambió totalmente la cuestión porque la Cancillería está 100% abocada a este tema: todas las embajadas en Europa están trabajando para promocionar Visec, que es uno de los pilares estratégicos de la Cancillería. Además se constituyó un equipo de trabajo en el Poder Ejecutivo que está armando el análisis de riesgo país, que es el documento que tiene que presentarle a la Unión Europea para que luego pueda determinar el nivel de riesgo en “bajo”, “estándar” o “alto” (los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías). De todas maneras, la Comisión Europea ha planteado que no va a llegar a hacer este año la publicación del riesgo de cada país, porque no dan los tiempos para realizar esa evaluación, así que probablemente en 2025 todos los países serían categorizados en “riesgo estándar”. Es clave que la Argentina sea de “riesgo bajo” porque el “riesgo alto” implica dos problemas. Primero, un mayor control en la frontera, pero también por un impacto sobre el precio de venta ¿Por qué le voy a comprar un producto a un país que es de alto riesgo de deforestación? Esa pregunta no solamente se la van a hacer los importadores en Europa, sino también los compradores del resto del mundo y ese es el efecto global que hay que entender que va a provocar esta normativa. Una vez que Europa publique la categoría de riesgo por producto y por país, el resto de los países va a tomar nota de esa información. Por otra parte, si el mercado de harina de soja va hacia un escenario de sobreoferta a nivel mundial, buscar una diferenciación resulta vital para poder generar un mayor valor agregado, así que estamos bien encaminados.
¿Qué va a suceder con la importación de soja paraguaya, que es esencial para la industria aceitera argentina?
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) está desarrollando una plataforma similar a Visec para poder garantizar la exportación de poroto de soja. Claramente tenemos una dependencia de la soja paraguaya, sobre todo a comienzos de año, pero también por una cuestión de calidad (mayor tenor proteico). Existen diferencias naturales en materia de legislación en ambos países. En la Argentina, la carta de porte digital y el Renspa representan un gran activo para poder instrumentar un sistema de trazabilidad. En Paraguay esas herramientas no se dan y entonces hay que construirlas desde una línea de base muy distinta; ese proceso se está encaminando y el gobierno está muy proclive a avanzar en ese sentido. En estos momento se está debatiendo en Paraguay si el sistema de trazabilidad debe ser obligatorio o voluntario; lo ideal sería que, tal como sucede en la Argentina, sea voluntario de administración privada.
Volvamos a la Argentina. Se va a realizar la carga de una primera tanda de 30.000 firmas agrícolas ¿Y el resto?
Todos los productores este año van a estar incluidos en el sistema: el 100% del universo; ese es el objetivo. Se empieza a cargar una muestra inicial de 30.000 porque constituye información previa disponible. Eso no significa que el resto de los productores no vayan a ingresar, lo que implica es que hay algún faltante o carencia de registros y que en el transcurso de estos meses se irá procurando para completar. Los corredores y las cooperativas próximamente van a hacer una campaña muy fuerte en términos informativos sobre Visec. Estamos además armando kits de información para las entidades agropecuarias, con materiales visuales y videos con tutoriales, para lo cual realizamos un convenio con la Escuela de Negocios de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba).
Esta genial. Mas alla de ello cuando argentina va a pasar de ser exportadora de materias primas a productos manufacturados
Sera una exigencia foranea, con dobles intenciones, pero su lado positivo es que nos ayuda a controlar lo que no controlamos. Abria q ver desde donde arrancamos ,q pasa cuando se producen grandes superficies de forestacion, si aumenta la cupos de entrada por exportaciones y que pasa con aquellas grandes superficies forestadas y desforestadas continuamente, hay q declarar la actividad y la superficie involucrada ? Otra cosa quien va a manejar los datos
Correcto. Es una exigencia foranea que respeta a los productores europeos y les garantiza reglas claras. Ellos tienen un monton de normativas relacionadas con las buenas practicas agro/ganaderas que de no existir esta normativa los dejaria en clara desventaja frente a las importaciones. Asi funciona el mundo que funciona, pareceria que vamos para ese lado. Que asi sea.