En noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia Santa Fe resolvió rechazar un pedido de avocación presentado en el mes de junio por acreedores granarios del concurso de Vicentin SAIC y ordenó que el proceso sea continuado por el juez concursal Fabián Lorenzini.
Sin embargo, increíblemente, el expediente continúa en la Corte Suprema, es decir, todavía no fue remitido al juez del concurso, Fabián Lorenzini, para continuar con el trámite correspondiente iniciado en febrero de 2020, es decir, tres años atrás.
Por ese motivo, el representante legal de Vicentin, Maximiliano Toricelli, solicitó formalmente que “se remitan las actuaciones del expediente principal al juez natural del concurso, en forma inmediata, a fin de que continúe con la tramitación del mismo”.
“La paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores”, aseguró el representante legal en un escrito.
Toricelli recordó que antes de la suspensión del proceso concursal “existían presentaciones realizadas por el directorio de Vicentín a fin de llevar adelante actividades propias de la empresa cuya ejecución requería autorización judicial (por ejemplo, reestructuraciones de créditos tomados en cuenta en el flujo, aplicaciones de activos a cancelaciones de préstamos privilegiados, etcétera), las cuales, pese al tiempo transcurrido, continúan pendientes”.
La Unión Agrícola de Avellaneda comenzó a operar en la planta de alimentos balanceados de Vicentin
También mencionó que el 31 de diciembre 2022 vencieron los fazones de soja acordados con Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), los cuales resultan esenciales para mantener un flujo de ingresos operativos a la concursada.
“En este escenario de incertidumbre resulta muy difícil para la dirección de la compañía conseguir trabajo para las plantas más allá de negocios ‘spot’. Los tomadores de fazón requieren certidumbre para armar sus programas logísticos de aprovisionamiento, producción y venta, que esta situación de indefinición impide consolidar”, señala el escrito.
“Ello, de igual manera se da con la planta de bioetanol, en un momento en que el negocio tiene perspectivas bastante interesantes”, añade. Lo único que se pudo renovar hasta el momento para el ejercicio 2023 es un contrato de molienda de girasol en la planta de Ricardone y una planta de alimentos balanceados en Avellaneda.
El escrito además remarca que Vicentin había logrado, antes de la suspensión del proceso, las mayorías necesarias para instrumentar un acuerdo orientado a rescatar a la compañía, “por lo que esta situación y el tiempo insumido (aproximadamente nueve meses), perjudica a la totalidad de la masa de acreedores, que frente a una eventual homologación difirieron en el tiempo los recuperos aceptados”.
