Este martes quedó formalmente habilitada la posibilidad de que el juez del concurso de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, disponga la apertura del proceso de “cram down”.
En febrero pasado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado el año pasado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi y se desactivó así la homologación del concurso de acreedores de Vicentin.
La resolución de la Corte Suprema de Santa Fe ordenó remitir los autos al tribunal subrogante –la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Rafaela– “a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”. Hoy –casi tres meses después– esa instancia judicial resolvió habilitar el proceso de proceso de “cram down”.
El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– contaba con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, con la decisión de la Corte Suprema de Santa y la habilitación de la Cámara de Apelación de Rafaela, ahora es factible la apertura de un registro para la inscripción de diferentes propuestas, de manera tal que, una vez realizada la valuación de los activos comprendidos en el concurso, los acreedores puedan votar por la alternativa que consideren más viable o más acorde a sus intereses.
En el “cram down” los acreedores pueden otorgar conformidad a la propuesta de más de un interesado y rigen iguales mayorías y requisitos de forma que para el acuerdo preventivo del período de exclusividad, con la diferencia que, en lugar de una sola propuesta oficial, compiten entre sí todas las ofertas presentadas por los interesados.
En el caso de Vicentin, además de ACA, Bunge Viterra, existen al menos otros dos grupos más –conformados por acopios, empresas agroindustriales y agropecuarias– interesados en presentar propuestas de rescate de la empresa, uno de los cuales es presidido por la familia Grassi.
En caso de que ninguna de las propuestas presentadas logre la mayoría necesaria para imponerse, entonces la compañía concursada se declara finalmente en quiebra.
En diciembre pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
“CIMA ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cram down. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, señaló por entonces la empresa, que tendrá ahora un peso importante en la votación del proceso de “cram down”.
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