Los interventores de la concursada Vicentin SAIC, Guillermo Nudenberg y Andres Shocron, decidieron –a partir de las propuestas presentadas por ocho compañías–, distribuir en partes iguales el volumen de granos en función de la capacidad máxima de producción de la empresa santafesina.
Las unidades industriales de Ricardone y San Lorenzo cuentan con una capacidad total instalada de 400.000 toneladas mensuales, razón por la cual los interventores propusieron que cada interesado aporte 50.000 toneladas por mes.
Las ocho empresas en cuestión son Unión Agrícola Avellaneda –que tiene un convenio vigente para procesar girasol–, Viterra, Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, Cargill, LDC y Commodities SA (Grupo Grassi).
“Consideramos que también es necesario para el adecuado respaldo de las producciones que el almacenamiento disponible de Ricardone sea otorgado en partes proporcionales a la molienda contratada. Si existiere capacidad disponible en exceso de lo dicho, el remanente se podrá re asignar según el interés que haya”, señala el documento que los interventores presentaron al juez concursal Fabián Lorenzini.
Los interventores pospusieron que el pago por el uso de las instalaciones de ambas plantas de Vicentin sea de 20 u$s/tonelada para los dos primeros meses, de 19 u$s/tonelada para el siguiente bimestre y de 18 u$s/tonelada para el ultimo bimestre.
“Un tema a renegociar y que impacta en el costo del fazón es el pedido de cada fazonera de lecitina lo cual acarrea costos adicionales para Vicentin y consideramos que debería adicionarse 1,5 u$s/tonelada o bien un porcentaje sobre el precio de la lecitina para que Vicentin pueda afrontar esos extracostos”, señala el escrito.
“El costo de almacenamiento en Ricardone según las ofertas recibidas es de entre 4 y 5 u$s/tonelada, por lo cual consideramos que el mismo debería cerrarse en el valor de 5 u$s/tonelada, valor histórico cobrado por ese servicio en años anteriores y el flete entre Ricardone y San Lorenzo, en su caso, será afrontado por cada fazonero”, añade.
El periodo de molienda debería iniciarse el 1 de junio de 2025 y finalizar el 30 de noviembre de 2025, aunque los interventores propusieron estudiar la posibilidad de extenderlo hasta diciembre próximo –a opción de cada fazonero– con un costo para el último mes del año de 16 u$s/tonelada.
Los interventores señalaron que “al momento de la designación y toma de posesión de nuestros cargos, el panorama era de plantas paralizadas (casi todas), ausencia de recursos y contratos de fazón, caja magra y de proyección negativa, dificultades para pagar salarios con el personal en estado de reclamo (legítimo) permanente y un abultado pasivo post concursal que estaba siendo intimado en muchos casos y con cortes de servicios inminentes en muchos otros”.
La totalidad del pasivo post concursal al pasado 31 de marzo fue estimado en unos 30,5 millones de dólares, las mayor parte del cual está integrado por salarios, cargas sociales, servicios públicos e impuestos.
“A riesgo de ser reiterativos, debemos insistir una vez más en lo delicado, (cuasi terminal) de la situación de Vicentin. En el escenario de extrema fragilidad que enfrentamos, la quiebra dejó de ser una posibilidad hipotética o remota; es una amenaza cierta y palpable”, advierten los interventores.
“Debemos ser claros: los flujos que generen estos nuevos fazones permitirán afrontar compromisos hacia adelante, pero no serán suficientes para atender, inmediatamente, el pasivo post concursal”, remarcaron.
