Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura

Cuando en diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió el gobierno y desplazó al peronismo, la ingeniera agrónoma Diana Guillén debe haber pensado: “Bueno, se terminaron mis días de trabajo”. Ya tenía para entonces edad suficiente para jubilarse y alejarse de la función pública, a la que había ingresado muchísimo tiempo antes. Pero el destino, y la errática política argentina, le tenían reservado un nuevo capítulo a esta mujer de 71 años que es la que ejerce el verdadero poder en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Cuando Cambiemos llegó al poder, Guillén lucía con orgullo su mayor logro: había sido elegida como la primera presidenta mujer en la historia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), su único trabajo conocido además de la docencia universitaria. Había ingresado allí en 1992, cuando todavía existía el Iascav, que se dedicaba únicamente a cuidar la sanidad de los productos de origen vegetal. Siempre, desde entonces, fue funcionaria en ese organismo.

Su asunción, el 28 de noviembre de 2013, fue promovida por el ex ministro de Agricultura y ex presidente del INTA, Carlos Casamiquela, fallecido recientemente. Pero contó con el claro aval de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien siempre alentó el avance de las mujeres sobre la estructura del Estado y desde aquel momento le tuvo una singular simpatía. Tanta simpatía, que envió a ese acto a su nuevo delfín, el flamante ministro de Economía y luego gobernador Axel Kicillof.

Guillén, que todavía vive en la ciudad de La Plata, donde estudió agronomía y  se recibió en 1973, no tuvo un gran lucimiento en aquella gestión del Senasa, pero fue una figura clave para la sanción de la Ley 27.233, que declaró “de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales”, pero a la vez responsabiliza al sector privado (los productores y las empresas alimenticias) de lo que pueda suceder en dicha materia. Fue aquella una ley muy controvertida, pues quitó responsabilidad al Estado en muchas situaciones, haciendo copartícipe al sector privado. Se sancionó el 26 de noviembre de 2015, apenas cuatro días después de la victoria de Mauricio Macri en segunda vuelta.

Esos meses fuera del poder no deben haber sido fáciles para esta mujer, que desde el regreso del peronismo al poder, en diciembre de 2019, ocupa el estratégico cargo de Jefa de Gabinete en el Ministerio de Agricultura, donde muchos le atribuyen tener tanto o más poder que el propio ministro Luis Basterra.

El político formoseño, en rigor, se enteró que iba a ocupar esa cartera apenas tres días antes de su designación, ya que para ese puesto había sonado hasta ese momento Gabriel Delgado. Basterra es un histórico soldado del gobernador Gildo Insfrán.

Guillén, en cambio, había sido convocada por el kirchnerismo mucho tiempo antes y participó activamente del armado de una nueva estructura para Agricultura. Fue ella, por ejemplo, quien apuntaló al santacruceño Carlos Paz para ocupar la presidencia del Senasa. Y quien avaló que otra mujer llamada Susana Mirassou -como antes le habían sucedido a ella misma- se convirtiera en la primera presidenta del INTA. Eso, entre muchos funcionarios que hoy ocupan cargos en el Minagri y que tienen mucha más fidelidad con Guillen que hacia el propio ministro.

¿De dónde emana tanto poder? Como en muchos otros casos dentro del gobierno de Alberto Fernández, del vínculo directo que Diana Guillen supo construirse con el Instituto Patria, el refugio que montó Cristina para su breve exilio del poder, entre 2016 y 2019. Allí esta agrónoma nacida en 1949 se ocupó de coordinar una Comisión de Asuntos Agropecuarios, que aportó letra para la campaña electoral.

El 12 de marzo de 2018, hubo una primera reunión entre los técnicos kirchneristas que recalaron en el Instituto Patria y el bloque de diputados del Frente para la Victoria y el PJ, donde ya pisaba fuerte el disputado Leopoldo Moreau. Allí la ex presidenta del Senasa figuraba como parte de una comisión de expertos que lideraba por entonces el abogado Eduardo Barcesat.

Se trata del mismo Eduardo Barcesat que meses después fue designado como asesor jurídico del Ministerio de Agricultura, con un elevado salario y sin una función del todo clara. Fue este controvertido nombramiento otra clara definición de Guillen y no tanto del ministro.

Es muy visible para quienes transitan los pasillos del viejo edificio de Paseo Colón al 900 que es Diana Guillen quien impone muchas veces los ritmos y las decisiones que se toman allí, incluso desairando muchas veces las opiniones de un Basterra que ha podido colar muy pocos hombres propios en la estructura.

Tiene el sello de Guillen la última de las medidas y la que provocó más ruido político y tensó al máximo la relación entre el gobierno de Alberto y el agro: el cierre temporal de las exportaciones de maíz.

La explicación que brindó un funcionario que participó de esa trama fue que se decidió apretar las clavijas y apelar a un intervención directa en el mercado luego del discurso que Cristina Kirchner había dado unos pocos días antes en La Plata, en el que había pedido “alinear” precios, salarios y otrsas variables de la economía.

Mencionado en todas las crónicas sobre recambios en el Gabinete, Basterra se montó a esa medida para mostrar que estaba dispuesto a jugar fuerte porque era un soldado del kirchnerismo más duro. También en esta lógica de supervivencia se anota su estrategia de utilizar el episodio para intentar dividir a las entidades rurales de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), cosa que finalmente no logró.

El cierre de la intervención sobre el mercado de maíz finalmente fue desactivado por la intervención de dos ministros más conciliadores que mantenían negociaciones con el CAA, el de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías Kulfas. Pero tras el episodio quedó en claro que dentro del Minagri hay una facción de funcionarios que están dispuestos a jugar fuerte y buscan reeditar el conflicto eterno con la Mesa de Enlace, que arrancó en 2008 y no cesa. Guillén parece la primera interesada en hacerlo.

Un problema no menor es que estas intervenciones de la jefa de Gabinete de Agricultura chocan contra otros importantes funcionarios de peso dentro de la estructura del Minagri, comenzando por el viceministro y secretario de Agricultura, Ganadería y pesca, Julián Echazarreta.

Proveniente de la cooperativa ACA y conocedor de las lógicas del mercado de granos, dueño de un tono mucho más conciliador con los privados, este funcionario trabajó intensamente los primeros días de 2021 para buscar alternativas al cierre de las exportaciones de maíz que había promovido el ala kirchnerista. En su intimidad todos saben que nunca estuvo de acuerdo con esa medida, pero no puede decirlo en público.

Con sensaciones parecidas trabajan en los últimos meses el subsecretario de Agricultura, Delfo Buchaillot, un hombre surgido de la cantera de AGD (Aceitera General Deheza), la empresa del ex senador cordobés Roberto Urquía ; o con el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, quien apenas si fue consultado en el diseño del nuevo acuerdo de precios con un sector de la industria frigorífica.