Todos los años –durante más de dos décadas– los empresarios ganaderos argentinos, luego de comprar las vacunas contra la aftosa, se hacían el test de embarazo y les daba positivo.
Muchos no lo sabían, pero el mismo grupo económico que fabricaba las vacunas contra la aftosa –que los dejaba encinta– era el mismo que producía el Evatest.
Un solo llamado telefónico, realizado esta semana, fue suficiente para terminar con ese “derecho de pernada” que se extendió durante más de dos décadas y que permitió garantizar rentabilidades extraordinarias a Biogénesis Bagó, empresa controlada por el Grupo Insud fundado por Silvia Gold y Hugo Sigman.
Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la mayor parte de los argentinos que votó a Javier Milei lo hizo justamente para terminar con los “cotos de caza” privados creados por regulaciones estatales.
Como el Grupo Insud está integrado por un conglomerado de empresas farmacológicas, agropecuarias y culturales que suelen ser importantes anunciantes en muchos medios de comunicación, no resultaba sencillo que la “vacunación” recibida todos los años por los empresarios ganaderos fuese noticia.
Bichos de Campo es uno de los pocos medios que viene hace años informando al respecto. Pero en 2024, con el cambio de época, algo sucedió. Las noticias sobre esa situación abusiva que años atrás eran mayormente ignoradas, este año comenzaron a generar una reacción en cadena tanto en el ámbito institucional como empresario.
Y así, ¡en menos de un mes!, un artículo sobre el tema publicado el 12 de marzo por Bichos de Campo, que mostraba los resultados de un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural (SRA), derivó en un cambio regulatorio que puede llegar a generar ahorros al sector ganadero por varios millones de dólares anuales. No es poca cosa cuando los billetes escasean.
Lo que sucedió con el caso de las vacunas contra la aftosa puede ser considerado una buena señal en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones públicas. Pero también es una gran lección para los medios de comunicación que, no sólo no hicieron nada para reflejar la situación, sino que además procedieron a “embarrar la cancha” para intentar impedir –ya infructuosamente– el cambio orientado a promover la competencia en un mercado cartelizado.
El hecho de que nos encontremos en un cambio de época implica además que reclamos que antes quedaban en la nada, ahora comienzan a “prender” con ímpetu ante el hartazgo de los ciudadanos esquilmados. No es momento para bajar los brazos.
Si se pudo tan fácilmente terminar con un “coto de caza” que parecía inviolable, entonces podemos concebir la posibilidad de que se terminen todos los demás, con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego a la cabeza.
Por supuesto: habrá que seguir informando, reclamando e insistiendo. Las “rentas extraordinarias” no se acaban de manera espontánea. Pero, tal como presenciamos esta semana, tampoco son inmortales.
