El pasado jueves 22 de enero, un fuerte operativo policial se desplegó en el partido bonaerense de La Plata, sorprendiendo a pequeños quinteros de las localidades de Olmos, Echeverry y Abasto. Con más de 40 patrulleros desplegados a la vera de la ruta, las autoridades avanzaron con la fiscalización, interdicto y clausura de numerosos puestos de venta de frutas y verduras, algunos de los cuales terminaron incluso destruidos.
Aunque no es la primera vez que esto ocurre, los productores se mostraron visiblemente ofuscados con la situación. Sucede que si bien la mayoría no cuenta con habilitación para comercializar sus productos en aquellas instalaciones al margen de sus quintas, tramitarla tampoco es una opción viable.
“Yo soy productora hace 25 años, cultivo una quinta que alquilo. En la zona de Echeverry estoy hace 22 años, y en el puesto en el que trabajo estoy hace 12. Soy monotributista, estoy registrada con mis cuentas electrónicas, tengo Renspa y Renap, y año tras año los voy renovando. Pero queremos habilitar los puestos y nos dicen que no se puede porque es zona rural, cuando en verdad esto se pobló muchísimo. Rengo vecinos que hace 2 años esperan por sus papeles”, contó a Bichos de Campo una de las productoras fiscalizadas días atrás, que eligió preservar su identidad.
“Uno sabe que tiene que regularizar su situación, yo soy consciente, pero no nos dan una respuesta. Si tengo que pagar, pagaré, pero que nos avisen. No sabemos por qué arrancó esto el otro día porque nadie nos comunicó nada, a pesar de que muchos integramos cooperativas aquí en la zona”, señaló a continuación.
Recientemente, este medio publicó un relevamiento realizado por la Universidad Nacional de La Plata que arrojaba que, en los últimos 25 años, la producción bajo cubierta de hortalizas, frutas y flores se incrementó considerablemente, siendo hasta un 50% mayor a lo que arrojaron los últimos censos hortícolas y agropecuarios.
Entre las 41 especies cultivadas en el Gran La Plata, el tomate se lleva el 35% del total producido allí. Detrás queda la acelga (11%), la lechuga mantecosa (8%), el morrón (6%) y la berenjena (5%). Por año, aquella zona alcanza las 95 mil toneladas de alimentos producidas. Sin embargo, esto no fue acompañado por correctas políticas de planificación que ordenen a esa actividad.
“Yo en mi caso obtengo berenjenas, cherrys, pepinos, chauchas y rúcula. Todo lo vendo en mi verdulería, y también compro otras frutas y verduras. Ser parte de una cooperativa nos permite tener donde colocar lo que sobra para no tirarlo”, indicó la productora consultada.
Pero además de la regularización de aquellos puestos de venta, las fiscalizaciones también apuntan a las propias quintas, exigiendo en algunos casos la regularización de los invernaderos.
“Ese es otro problema que tenemos. A veces te entran a la quinta o te quitan mercadería. Pero de eso nunca se nos dijo nada, y eso que hay varias cooperativas consolidadas acá. Esta zona está poblada de invernaderos. Antes era todo campo pero ahora la mayoría trabaja así”, sostuvo la agricultora.
-¿Qué consecuencias crees que tienen este tipo de operativos? ¿Sirven a esa regularización o terminan dejando a personas sin trabajo sin resolver los problemas de fondo?- le preguntamos.
-Es dejar a gente sin trabajo, porque si ellos quieren que nos regularicemos… Insisto, si tenemos que pagar un impuesto por estar a la orilla de la ruta, lo haremos. Pero que nos digan, que nos den una respuesta porque nosotros la no saber no podemos hacer nada. Y mucha gente ya intentó y no tuvo una respuesta. Debería ser más accesible, con un lugar al que asistir. Directo nos mandan al juzgado de faltas y yo tengo solo puedo pagar la multa, no puedo resolver lo otro.
La productora concluyó: “No queremos tener problemas pero queremos que nos ayuden. En mi caso es lo único que hago, trabajo media hectárea de tierra, no tengo otra cosa. Soy una mujer con hijos, tengo una familia que sostener, y tengo que saber qué hacer de acá para adelante”.
