Son pocas horas las que faltan para que los ciudadanos argentinos acudan a cumplir con su obligación cívica y elijan al próximo presidente del país. A la confusión política y económica la lechería le agrega traspiés al gobierno que termina.
En la agenda de temas, nada parece estar por encima de la voluntad de un gremio que hace casi tres años que tiene el foco apuntando hacia los fondos públicos. ¿Con qué sentido? Supuestamente quiere armar un fideicomiso para el salvataje de la icónica SanCor.
Sobre plazos que incluso fueron extendidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para la consecución de algún tipo de financiamiento; y también a pocos días de la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de SanCor, pareciera que los relojes corren cada más rápido, el dinero estatal no aparece y definitivamente se desvanece la aventura del “salvataje” que hace dos años era blanqueada por el propio José Urtubey, acompañado por otros empresarios locales como Marcelo Figueiras, Gustavo Scaglione, Leandro Salvatierra y Jorge Estévez.
En paralelo a esa iniciativa, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) apostaba a intervenir no sólo en la toma de decisiones en SanCor, sino también en el manejo de los dineros. Por eso nunca hubo temor a la hora de blanquear los planes de intervención, de desintegración de la empresa cooperativa. Incluso los empresarios no temían comentar que de una planta de unos 1.500 empleados quedarían activos 664, según se publicara en una de las últimas notas periodísticas vinculadas con esta ofensiva.
¿Un gremio que acuerde el despido de tantos trabajadores? Es el mismo que este martes -a pocos días de las elecciones- salió a arremeter con un comunicado, donde levanta advertencias para todos. Este miércoles sus militantes ya están bloqueando a la Cooperativa.
Más allá de la láctea, el nuevamente perjudicado es el propio Massa, al que los sindicalistas habían ido hace un mes a vivar en su visita a la empresa Tremblay, a horas del anuncio de la quita del impuesto a las Ganancias, un tema que Atilra venía pidiendo desde hace exactamente seis años.
Es el segundo empujón de Atilra al candidato presidencial en cinco días y a cinco también de los comicios, luego del bloqueo de la semana pasada a la planta de Corlasa en la ciudad de Esperanza.
Un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional tiene tramos remarcables. Con fecha el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, anuncia que “las y los trabajadores de SanCor de todo el país desde este momento comienzan a desarrollar un plan de lucha”.
Y argumenta que los directivos de la Cooperativa SanCor “no cumplen desde hace años con las disposiciones legales, salariales y en lo que respecta a los aportes y contribuciones a su cargo”, sosteniendo que son dineros que se los quedan “para beneficio propio”.
“Ese dinero es utilizado por ellos para auto pagarse la materia prima que se auto entregan. Sin quitas, ni deducciones como lo hacen con las y los trabajadores”, denuncian.
Luego amenazan con escraches. Con este plan de lucha que se irá informando con el correr de las horas, avanzan diciendo que “a quienes ultrajaron a sus familias quedándose con su dinero los buscarán yendo a sus lugares de origen”. Es una intimidación que no se aleja de un mensaje violento, pero que si tiene referencia sobre las personas que tienen cese laboral, todos contaron con el acuerdo gremial para cobrar una suma fija.
En el mismo tono, tratan a los directivos de SanCor de “incapaces y necios”, mencionando que “han llevado a una situación de quebranto a la empresa”,
Sin embargo, desde principios de 2017, cuando la Cooperativa tocó su punto más bajo, sin proceso de materia prima, consiguió una reestructuración que fue cumpliendo plazos y medidas, se achicó lo suficiente como para estar actualmente industrializando unos 650 mil litros de leche, con nuevos negocios y en camino a recuperar otros.
Pero sobran las explicaciones. Atilra hace explícito el verdadero motivo de su enojo en que estos cooperativistas “obstaculizaron permanentemente la creación del fideicomiso, que era la única alternativa posible para salir adelante”, aunque la planificación de los amigos del Gobierno terminara en una descomposición de la empresa cooperativa y un corrimiento absoluto de los socios-productores.
Dicen finalmente los del Atilra en su comunicado que los directivos no cumplieron con aportes, jubilaciones, ni con dineros para la obra social, resintiendo las prestaciones.
Esta mañana las plantas de SanCor amanecieron en alerta y el Centro de Distribución sobre Panamericana ya fue bloqueado. La industria láctea en general está expectante por esta situación, porque esto bloqueos se puede volver a nacionalizar, como ya ocurrió otras veces.
Con cifras siderales el fideicomiso pretendido, con dineros del Banco Nación, que fueron denegados, pretendía 60 millones de dólares, que en ese momento eran 6.500 millones de pesos y hoy serían algo así como 60 mil millones al tipo de cambio blue. Al cambio oficial ya estarían trepando a más de 21 mil millones de pesos.
En línea con esto, para presionar, hace algunas semanas se intentó instalar una supuesta demanda por SanCor en un tribunal de Nueva York, por parte de un fondo de inversión que se fundió en 2019, por 61 millones de dólares. Sin documentación respaldatoria, sin potestad sobre la deuda, no existe una notificación sobre el reclamo que los más audaces quisieron emparejar con el caso de YPF, donde sí tiene relación el Estado.
Nada se sostenía. En el caso de ese fondo que reclamaba una deuda a la cooperativa láctea, David Hu, como ex socio director y director de inversiones de la firma de asesoría de inversiones International Investment Group (IIG) con sede en Manhattan, fue sentenciado a 12 años en prisión por su papel en un plan de más de 120 millones de dólares para defraudar a los clientes e inversores, sobre lo cual se declaró culpable en enero de 2021 y fue sentenciado el 11 de abril de 2022 por el juez de distrito Alvin K. Hellerstein.
