Las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense, que últimamente actúan en bloque para plantear la agenda regional, reaccionaron negativamente a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que habilita a la Municipalidad de Necochea a cobrar una nueva tasa a los usuarios del Puerto Quequén, lindero a Necochea y muy utilizado por los productores del sudeste bonaerense.
Esta tasa, denominada “Tasa Vial Solidaria”, o “tasa portuaria” para las operaciones del Puerto Quequén había recibido un planteo de inconstitucionalidad de parte del Centro de Acopiadores
de Necochea. Pero la Corte Suprema bonaerense dio por caído ese planteo, con lo cual se podrá volver a aplicar.
Guillermo Sánchez, presidente del Concejo Deliberante local, expresó concretamente la intención ahora de avanzar en la implementación de la tasa, ya que la resolución judicial no solo avala su aplicación sino que también permite actualizar los montos para su cobro, los cuales “serán destinados al mantenimiento portuario”, prometió.
El presidente del Concejo Deliberante de Necochea instó a los legisladores a trabajar en la implementación del proyecto, destacando que la base legal ya está establecida por la decisión avalada por la Suprema Corte. En realidad, la impugnación de los Acopiadores locales fue desestimada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que falló a favor del Municipio de Necochea basándose en una resolución previa de la Suprema Corte de la Provincia que respaldó la aplicación de esta tasa durante los años 2015 a 2017.
Con la noticia, las sociedades rurales de toda la región pusieron el grito en el cielo. “De acuerdo con el fallo del tribunal supremo, los usuarios de operaciones del puerto afectados en el pago de la tasa deberían abonar el retroactivo y costas generadas desde la cautelar emitida hasta que hubiera resolución, pero además habilitaría la continuidad de la liquidación del tributo”, advirtieron las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano.
.En su escrito, estas organizaciones agrupadas en Carbap justificaron su rechazo argumentando que “si bien se dice que la tasa es para la mejora y mantenimiento de calles y accesos a Quequén, formalmente no existe la afectación de los recursos que genera y va a la caja general del municipio”.
También cuestionaron que no es cierto que no sean los productores los afectados por esta nueva imposición. “Vale remarcar que si bien la tasa portuaria sería pagada por los operadores que exportan vía este puerto, inmediatamente ese gasto le es liquidado o descontado al productor: es decir, es otro impuesto que se suma a la muy pesada carga que afecta al sector, y que no redunda en servicio alguno”.
“En momentos en que debieran racionalizarse los gastos y hacer eficientes las gestiones municipales, provinciales y nacionales para que redunde en más producción y, en este caso, lograr un puerto que pueda incrementar sus movimientos desde cada vez más lejos, se pretende ahogar con más cargos a quienes desde 250 o 300 kilómetros podrían exportar sus granos y generar riqueza por sí misma en la terminal”, indicó el comunicado.
A nivel nacional, la Federación de Acopiadores ha lanzado una cruzada contra este tipo de tasas, que en realidad constituyen un impuesto encubierto. La entidad ya había denunciado a varios municipios de la provincia de Santa Fe que rodean la ciudad de Rosario, donde se embarca el grueso de la producción agrícola, por la aplicación de estas tasas logísticas.
