Hace unas semanas la Federación de Acopiadores intimó a los municipios de Santa Fe cercanos a Rosario para que eliminen los peajes o tasas que gravan la circulación de los camiones hacia los puertos del río Paraná. Ahora esa entidad sumó a su reclamo a las entidades de la Mesa de Enlace y en conjunto el sector reclamó al gobernador Maximiliano Pullaro que se involucre en el asunto.
“Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle respetuosamente su urgente intervención ante los abusivos peajes disfrazados de ‘tasas viales’ que cobran diversos municipios de la jurisdicción provincial, para permitir el acceso a los puertos situados sobre el Río Paraná”, solicitaron los agropecuarios en una carta dirigida al mandatario santafesino.
Según esta posición, la existencia de esos peajes en los municipios portuarios produce “una altísima recaudación que, según publicaciones conocidas por todos, superarían los 25.000 millones de pesos, sin correspondiente contraprestación municipal y sin realización de obras adecuadas o incluso, el frenado de otras imprescindibles”. Por eso le piden a Pullaro que “ante la gravedad del problema, ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública”.
Hasta diciembre del año pasado, el valor de la tasa rondaba los 4500 a 5200 pesos. Sin embargo, en los municipios de Timbúes, San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear, General Lagos y Arroyo Seco, esa tasa pasó desde el 1 de enero a un nivel ubicado entre 9000 pesos (camión convencional) y 11.000 pesos (camión escalable).
A pesar de las quejas de la comunidad agropecuaria -a la que los compradores le descuentan todo este tipo de costos- ante esta importante suba, la situación por ahora no se ha modificado.
“Debe impedir posibles vulneraciones a la Carta Orgánica de Municipalidades 2756 y modificatorias, ante la exposición que gran parte de lo recibido por esas ‘tasas’ están dirigidas a ‘rentas generales’, mediante probables ‘vías de hecho administrativas’ de las intendencias, impidiendo -de no obrarse el tributo- toda descarga de cereales en las distintas terminales portuarias. Nuestra solicitud, por lo tanto, excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de ‘conveniencia comercial’, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango”, sostuvieron los acopiadores.
“Debe resolverse esta cuestión que atenta contra el comercio agroindustrial en su conjunto, y marca un vallado insuperable a la operatividad de las cláusulas constitucionales que nos rigen, ya que lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente “barrera aduanera interna” que no puede ser convalidada por el Señor Gobernador”, finalizaron las entidades.
Esta es la carta dirigida a Pullaro:
