El debate por la identificación electrónica obligatoria del ganado sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado Pablo Juliano presentó un proyecto de ley que apunta a excluir a los productores de cría vacuna del Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales, el SNIEA, cuya implementación quedó fijada por las resoluciones 530 y 841 de 2025 del Senasa.
La iniciativa se apoya en la idea central de que la cría es el eslabón que menos provecho obtiene de la trazabilidad individual y, al mismo tiempo, el que más carga económica y operativa soporta con la medida.
El texto legislativo sostiene que la obligatoriedad del sistema “implica costos adicionales, dificultades operativas y tecnológicas que pueden resultar desproporcionados para establecimientos de cría sin salida comercial directa inmediata de sus animales”.
El planteo no desconoce los objetivos sanitarios del organismo, pero insiste en que la tecnología no impacta en los índices productivos ni en el precio de venta del ternero y que, por lo tanto, no genera un retorno que justifique la inversión.
El diputado radical, en su proyecto, remarca que la cría vacuna trabaja con márgenes ajustados, ciclos largos y una exposición permanente al riesgo climático y sanitario, por lo que la incorporación forzada de un insumo adicional termina erosionando la rentabilidad básica de la actividad.
El proyecto también pone el foco en el costo unitario de los dispositivos electrónicos. Cita información donde se estima que cada caravana con chip RFID se ubica entre 1,50 y 1,70 dólares por animal. En un país que identifica entre 14 y 15 millones de terneros por año, la cuenta supera los 25 millones de dólares anuales solo en insumos.
El texto advierte que esta transferencia se realiza “desde los productores hacia un grupo reducido de proveedores”, sin subsidios ni mecanismos de compensación. En uno de los pasajes se afirma que la obligatoriedad “crea un mercado cautivo, sostenido exclusivamente por una norma administrativa, en beneficio de un número reducido de empresas proveedoras de dispositivos electrónicos”.
El legislador señala que la identificación electrónica no surge de una demanda del productor ni responde a una necesidad comprobada en la etapa de cría. Recuerda que la actividad se caracteriza por la baja movilidad de los animales, la permanencia prolongada en el establecimiento y la comercialización diferida, factores que reducen la utilidad de un sistema pensado para operaciones con movimientos frecuentes o para cadenas con mayor vinculación a mercados internacionales. En ese sentido, el proyecto afirma que los objetivos sanitarios básicos ya se cumplen mediante las caravanas visuales y los registros oficiales vigentes, sin necesidad de imponer una tecnología más costosa.
El texto también recoge el clima de malestar que se viene expresando en distintas regiones ganaderas. En los fundamentos se menciona que productores, técnicos y entidades del sector manifestaron públicamente su rechazo a la obligatoriedad. El proyecto interpreta que no se trata de una resistencia al avance tecnológico, sino de una reacción frente a una carga económica que no fue discutida con el sector y que no contempla la diversidad de escalas y modelos productivos.
Juliano plantea que, al haber sido establecida por resoluciones administrativas, la obligatoriedad requiere una revisión legislativa que restablezca criterios de equidad y razonabilidad. La iniciativa propone que los criadores puedan seguir utilizando las caravanas visuales y los registros tradicionales, siempre bajo supervisión sanitaria del Senasa, y que quienes opten por la exención se inscriban en un registro específico. También prevé que la norma sea revisada a los dos años de su entrada en vigencia para evaluar su impacto en la sanidad y en el comercio.
El proyecto concluye que la adopción de la identificación electrónica debe ser voluntaria y progresiva, y que solo debería imponerse cuando exista un beneficio productivo o comercial concreto para quien la paga. La discusión ahora quedará en manos del Congreso, en un contexto donde la cadena ganadera sigue dividida entre quienes ven en la trazabilidad electrónica una herramienta estratégica y quienes consideran que, al menos en la cría, la medida llega en un momento inoportuno y con un costo difícil de absorber.
